Guatemala: Desalojos a campesinos indígenas ya dejan un muerto

De acuerdo a Amnistía Internacional, fuerzas de seguridad del país centroamericano han desalojado a 2.500 personas afectadas por una orden judicial producto de una demanda interpuesta por una empresa local. El actuar de la policía ya dejó un muerto.

Según los informes, las fuerzas de seguridad emplearon gases lacrimógenos durante los desalojos de 12 comunidades campesinas q’eqchi de las tierras en disputa del valle del Polochic, al noreste del país, efectuados entre los días 15 y el 18 de marzo.

Antonio Beb Ac, trabajador agrícola, murió durante los desalojos y dos personas padecieron complicaciones de salud provocadas por los gases lacrimógenos. Otras dos comunidades, compuestas por unas 300 personas, corren peligro de sufrir desalojos forzosos en los próximos días.

«Hasta el momento, los desalojos en el valle del Polochic se han llevado a cabo sin la consulta, el aviso ni el ofrecimiento de alojamiento alternativo adecuados y se les debe poner fin de inmediato», ha declarado Sebastián Elgueta, investigador sobre Guatemala de Amnistía Internacional.

El 7 de febrero pasado, un juez dictó la orden de desalojo de 14 comunidades a raíz de un conflicto por la propiedad de las tierras entre una empresa local que reivindica que son suyas y la población q’eqchi, que afirma que han vivido en estas tierras y las han cultivado durante 30 años; un conflicto que atraviesa a muchas comunidades ancestrales de América.

El 14 de marzo, miembros de las comunidades indígenas se reunieron con las autoridades para tratar de resolver el conflicto. Al día siguiente la policía y el ejército comenzaron los desalojos forzosos, según los informes, sin aviso ni advertencia previa, en las fincas de Miralvalle y Agua Caliente.

El 16 de marzo, la finca Quinich quedó arrasada. Los días 17 y 18 de marzo, se desalojaron nueve comunidades más, entre las cuales había dos que, según los informes, fueron desalojadas por error.

En las comunidades de San Miguelito y Campanas, 60 familias (unas 300 personas) siguen corriendo peligro de ser desalojadas a la fuerza.

El 17 de marzo, la Oficina de la Presidencia emitió un comunicado en el que declaraba que todas las órdenes de desalojo se ejecutarían con efecto inmediato, pero no precisó si se haría de conformidad con el derecho internacional.

Por Cristóbal Cornejo

El Ciudadano