Una mayor coordinación de los recursos fiscales y el impulso decidido de una agenda legislativa que haga frente a la violencia de género solicitaron diversos senadoras y senadores en el marco de la treintena de casos de violentas agresiones que han terminado en femicidio, en lo que va corrido del año.
Junto con solicitar al Ejecutivo que otorgue urgencia a una batería de proyectos que apuntan a hacer más efectivas las medidas de protección sobre las mujeres, endurecer las sanciones contra los agresores y el cumplimiento efectivo de las penas, los legisladores instaron al gobierno a disponer los recursos necesarios para implementar las mejoras tecnológicas que permitan perseguir efectivamente los objetivos propuestos.
Uno de estos proyectos es el iniciado en moción de las senadoras Isabel Allende, Carolina Goic, Adriana Muñoz y Lily Pérez San Martín, que modifica la ley N° 20.066 sobre violencia intrafamiliar (Boletín 10705-07), en lo relativo a las medidas de protección a las víctimas y al cumplimiento efectivo de las penas. La iniciativa se encuentra cumpliendo su primer trámite, en la Comisión especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes.
Este proyecto se suma a otra moción impulsada por la senadora Adriana Muñoz (Boletín 9715-07), que se encuentra en primer trámite en la Comisión de Constitución, y que permite incorporar el monitoreo telemático como medida cautelar en favor de las víctimas de violencia intrafamiliar.
También se encuentra pronto a ser analizado en Sala el proyecto que modifica el Código Penal y el decreto ley N° 645, sobre el Registro General de Condenas, y la ley N° 20.066, que establece la Ley de Violencia Intrafamiliar.
Urgente llamado
Al respecto, la senadora Isabel Allende hizo un llamado al Ejecutivo para que otorgue urgencia a por “lo menos tres mociones que hemos presentado un grupo de parlamentarias y parlamentarios también y que tienen que ver con la violencia de género, como la que busca mejores maneras de prevenir o morigerar este tipo de delitos o bien, tener una justicia verdadera”.
Asimismo, recalcó que “hemos tenido que lamentar el femicidio número treinta en Quillota y ya está bueno. Nosotros hemos hecho mociones concretas, muy importantes, que tienen que ver con los pisos y los techos de las sanciones para que pueda haber, a lo menos, un piso para que sean más efectivas las medidas cautelares, que tienen que ver con que cumplan un año efectivo de prisión aquellos que son reincidentes”.
Por su parte, la senadora Lily Pérez, coautora de proyectos para mejorar la legislación vigente en materia de femicidios y de agravantes, coincidió en que junto con poner urgencia a los diversos proyectos también se requieren los recursos necesarios. “No puede ser que cada vez que haya una crisis, un problema, un crimen, se ponga de relevancia una vez más en la agenda pública esto que es algo permanente. Esto nos preocupa a la sociedad, este es un problema del país, donde vemos con lamentación que cada cierto tiempo tenemos en la agenda pública nuevos crímenes contra mujeres o contra niños o abusos o contra adultos mayores”, señaló.
Por su parte, el senador Pedro Araya acogió el llamado de sus colegas y señaló que la Comisión de Constitución está haciendo un esfuerzo por revisar distintos proyectos de ley, pero las urgencias dependen del Ejecutivo, más aún cuando involucran recursos públicos.
En tanto, el senador Felipe Harboe recordó que se ha estado analizando el proyecto que establece el uso del brazalete electrónico como medida cautelar, para efectos de evitar la agresión de mujeres durante el desarrollo de algún tipo de investigación. Coincidió con su par el senador Alberto Espina, quien explicó que “las medidas cautelares que se pueden decretar dicen relación con los brazaletes y nosotros le hemos pedido al Gobierno que otorgue los recursos para que puedan contarse con los brazaletes».
La senadora Adriana Muñoz, también coautora de diversas mociones, agregó que «habría que hacer un llamado al Gobierno porque en el Presupuesto del 2016 hay 35 mil millones de pesos destinados a la compra de brazaletes para los imputados y que están en libertad condicional, y que tienen la posibilidad de salir de la cárcel”. Sin embargo, detalló, “de esos 35 mil millones se han ejecutado el 10 por ciento. O sea, hay plata en la Ley de Presupuestos, incluso el 2016, para comprar brazaletes. Entonces, podríamos establecer en la Ley de Presupuestos 2017 de la Partida de Justicia que estos recursos se destinaran no solamente para los reos de sede penal que cumplen parte de la condena en libertad, sino que también se destinaran a estos usos para las medidas cautelares en sede familia”.
Finalmente, el senador Alejandro Navarro, en su calidad de presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, precisó que esta instancia está en condiciones, si la Comisión de Constitución no tiene el espacio y tiempo, para ver y revisar y así poder apresurar el trámite de esos proyectos de ley relacionados con el combate al femicidio.
Fuente: senado.cl