A las 18 horas comenzará la marcha de la comunidad universitaria de la ARCIS, desde la sede de calle Libertad. Los motivos de la movilización se relacionan con los cuestionamientos a la gestión del administrador provisional, Patricio Velasco, y a la exigencia por una modificación a la ley 20.800, que crea las administraciones provisional y de cierre para instituciones de educación superior.
Sandra Beltrami, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad ARCIS (FEUARCIS), expresa que la mala evaluación de la administración provisional se explica por tres motivos: su gestión se parecería más a una administración de cierre, problemas académicos y falta de transparencia.
Según relata la dirigenta, el administrador provisional está realizando gestiones que lo asemejan en su actuar a un síndico de quiebras. «En el fondo está intentando liquidar los bienes de la universidad, sin asegurar un patrimonio en el futuro, y como es el caso de la sede Libertad, que en principio se vendería a $8 mil millones y después, con la misma inmobiliaria, se firmó un promesa de compraventa el mes pasado por $5.600 millones, por lo tanto, esa cantidad de dinero es fundamental para la continuidad del proyecto académico de la ARCIS», afirmó.
Respecto de los problemas de carácter académico, “de exclusiva responsabilidad de la administración provisional», según indica Beltrami, éstos se deben a la pérdida de becas y complicaciones con los exámenes de grado en las sedes de Concepción y Santiago. La presidenta de FEUARCIS comenta que algunos lograron solución, pero con la intervención del Ministerio de Educación (Mineduc) y no “a través del conducto regular».
Ante la falta de transparencia, la comunidad solicitó la constitución de una mesa de diálogo, «para tener una mínima información sobre las decisiones que se están tomando. Durante el tiempo con administración provisional, nos hemos enterado de las decisiones que se van tomando con los hechos consumados, y siempre se actúa con intransigencia», de acuerdo a los expresado por la representante estudiantil.
NO MÁS ASPIRINAS: MODIFICACIONES A LA LEY 20.800
A fines de septiembre, la FEUARCIS, junto a representantes de la CONFECH y los diputad@s Camila Vallejo, Giorgio Jackson y Gabriel Boric, entregaron en La Moneda un proyecto para modificar la normativa. Uno de los puntos contenidos en esa iniciativa se relaciona con la inclusión de recursos públicos para la administración provisional.
«Consideramos que la administración provisional no tiene razón de ser si actúa como síndico de quiebras, como está sucediendo ahora. En el fondo, se convierte en una larga agonía hasta el cierre y los más perjudicados son los estudiantes», sostuvo Sandra Beltrami.
Además, el proyecto contempla la estatización cuando una universidad cumpla un rol público. Según explica Beltrami, la indicación busca «que el Estado se haga cargo no solo de sus estudiantes, sino que también de esa casa de estudios por el rol público que ha cumplido. En el caso de ARCIS, consideramos que cumple un rol público emblemático, por el papel que desempeñó en la dictadura, que fue prácticamente la única universidad que pudo efectuar realmente la defensa de quienes eran los perseguidos políticos. También, en los años 90, por su defensa de los derechos humanos».
Respecto a la administración de cierre, el proyecto propone que los estudiantes sean reubicados en universidades estatales y que, por lo tanto, reciban el título de dicha casa de estudios. “Si pensamos que cualquier universidad que se cierre, como ocurrió con la Universidad del Mar, en el fondo significa tener un título desvalorizado. Entonces, el Estado debe cautelar no solo por el derecho a la educación, sino que también el derecho al trabajo», explicó la dirigenta estudiantil.
A partir de esta iniciativa, los estudiantes solicitaron ante la División de Educación Superior del Mineduc el pasado 11 de noviembre la constitución de otra mesa de diálogo, pero esta sería una instancia para discutir las modificaciones a la ley 20.800 y pretenden que sea la ministra Delpiano una de sus integrantes. Hasta el momento no han tenido respuesta. «De una u otra manera, le hicimos la pega, porque el gobierno sabía que esta ley venía mal de sus inicios y que necesitaría modificaciones», expuso Sandra Beltrami.
En la misma línea, la dirigenta acusa falta de voluntad política del gobierno para dar una solución efectiva a los estudiantes de la ARCIS. «Por eso decimos que no nos den más aspirinas, porque ya se dilató mucho la situación y llegó la hora de que el gobierno tome determinaciones, ya que la educación es un derecho social».