La Asociación de Exonerados Políticos Públicos en el gobierno de Piñera anunció que evaluará acciones ante organismos internacionales, como la OIT y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego de casi siete años de haberse iniciado los despidos en la administración pública, con motivo de la llegada del empresario a la Presidencia. «Todos nosotros podemos acreditar con documentación, que éramos los técnicos de excelencia de la administración pública», expresó la presidenta de la Asociación, Adriana Burgos.
En conferencia de prensa, la agrupación que reúne a 63 exfuncionarios, exigieron una reunión con la Presidenta Bachelet. Esto en razón de un compromiso que habría suscrito la mandataria el 14 de diciembre del año pasado, cuando les dijo que podrían conversar si ingresaban una petición formal. Ese tramite se efectuó dos días después en la oficina de partes de La Moneda, pero siguen sin una respuesta.
En este sentido, Adriana Burgos, señaló que “es terrible escuchar cuando la Presidenta dice en la ONU que nadie en el país queda fuera del progreso. ¿Y nosotros qué somos? Cometimos el error de ayudarla a salir Presidenta«.
LEYES EN LA MIRA
En junio de 2014 se presentó el preproyecto 93 en la Cámara de Diputados, que hablaba sobre la reparación para los exonerados políticos del gobierno de Sebastián Piñera. En la iniciativa se establecía la reincoporación a su fuente de trabajo, el llenado de la laguna previsional, un crédito blando para enfrentar las deudas contraídas antes de su despido y disculpas públicas, «porque el señor Piñera no solo mintió una vez más, al decir que no íbamos a ser tocados los que éramos buenos funcionarios, sino que además nos desprestigiaron», acusó Adriana Burgos.
Por otro lado, los exonerados solicitan ser incluidos en el “Bono de Incentivo al Retiro”, del cual quedaron excluidos por tres motivos. Las vacantes que se produzcan por el retiro de funcionarios, serán llenadas por los trabajadores a honorarios de la administración pública y no por los exonerados de Piñera.
Además, la ley establece que podrán tener derecho al bono los exfuncionarios que hayan renunciado voluntariamente a sus trabajos, por lo tanto, se ignora a los que sufrieron el término de sus contratos.
En cuanto a los plazos estipulados en la normativa, tienen el derecho aquellos que a contar del de julio de 2014 dejaron de ser funcionarios, sin embargo, los exonerados lo hicieron entre del 11 de marzo de 2010 y el 10 de marzo del 2014.
Consultada sobre si cree que podría repetirse una situación de esta naturaleza si Piñera resulta electo nuevamente, Adriana Burgos cree que “sin lugar a dudas, porque el personaje es un mitómano”.
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