Las dudas que deja Dominga: el proyecto minero que promete recursos económicos a la comunidad

El mega proyecto minero-portuario Dominga se encuentra en su última fase de tramitación ambiental. La iniciativa, que se instalará en la comuna de La Higuera, al norte de la Región de Coquimbo, contempla una inversión de US$2.500 millones para extraer hierro y cobre, en un plazo de 22 años.

El proyecto liderado por Andes Iron aún no obtiene la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que le permitirá operar, pero ya celebra un inédito y llamativo acuerdo donde reconocerán «parte» de los derechos de las comunidades locales a obtener los recursos derivados de la explotación. Para ello, se estableció un monto anual límite de $2.600 millones para cuando comience la producción del yacimiento, que espera extraer doce millones de toneladas de hierro al año.

«Dominga reconoce que todos los habitantes de La Higuera tienen derecho a recibir parte de los beneficios de la explotación del mineral. Para promover el desarrollo integral de la comuna de La Higuera, Dominga y la comunidad acordaron crear una entidad conjunta que gestionará la creación de valor compartido», señala un comunicado de Andes Iron.

Proyectos de educación, capacitación y empleo, entre otras promesas, amparan el acuerdo logrado entre la empresa e integrantes de la mesa de La Higuera. Un hecho que fue anunciado con bombos y platillos por medios como El Mercurio, donde se destaca un nuevo modelo de entendimiento entre inversores y las y los vecinos. Un escenario que despierta dudas entre los opositores a la naturaleza extractiva de dichos megaproyectos y las verdaderas intenciones detrás de la llamada Responsabilidad Social Empresarial, y que vuelve a dejar en evidencia el ambiguo rol del Estado en estos temas.

El mapa muestra por sí solo el peligro de Dominga sobre sectores de alto valor ecológico, como Punta de Choros.

ACUERDO NO ES REPRESENTATIVO DE LA COMUNIDAD

Los medios tradicionales no son los únicos que han celebrado la firma del Acuerdo Marco entre representantes de la comunidad y Andes Iron. De hecho, la Municipalidad de La Higuera publicó una nota acerca de la iniciativa, titulada «el auspicioso proyecto minero Dominga«, donde sólo se describen los beneficios que el proyecto tendría para la comunidad local.

En las publicaciones es citado el nombre de Armando Siña, vicepresidente de las Comunidades de Dominga, una organización que en los hechos no existe ni pudo ser contactada por este medio.

“Con la firma del acuerdo marco estamos innovando en la manera en que un proyecto de la gran minería se relaciona con las comunidades vecinas, promoviendo el diálogo para trabajar juntos en beneficio de la comuna. Recogiendo las distintas sensibilidades y opiniones de los vecinos”, recalcó Siña en notas de prensa.

Sin embargo, desde la propia comunidad surgen voces disidentes que cuestionan la naturaleza del acuerdo alcanzado y su representatividad a nivel local, en una comuna cercana a los 4 mil habitantes.

Así lo expone Andrés Álvarez, vocero del Movimiento en Defensa del Medioambiente (Modema) de la Higuera: «Primero, se mercantilizan los derechos sociales de las personas. Y eso desde nuestra perspectiva, no puede ser. Además, vemos la ausencia del Estado que permite este tipo de acuerdos entre una empresa que todavía no está instalada y las comunidades, donde se daña el tejido social y se vulneran los derechos. El Estado le traspasa su responsabilidad a una empresa«.

Para el vocero de Modema, el acuerdo busca limpiar la imagen de la empresa, ya que la creación del propio proyecto y de Andes Iron ha sido muy engorrosa. Sin embargo, apunta, el Estado no ha hecho su trabajo y nada garantiza que este acuerdo esté identificando las demandas y el sentir de toda la comuna.

«Aquí somos 4 mil habitantes y de esos, el 20% de la gente es pescador artesanal, que no está considerado en este acuerdo. Son cerca de 480 pescadores en la comuna y si sumamos tres integrantes por familia, estamos hablando de que casi la mitad de la población de la comuna vive de la pesca artesanal y no está siendo representada en esto», argumenta.

A juicio del activista y vecino de La Higuera, si el proyecto Dominga en cuestión es «de verdad bueno e innovador y extraordinario en tecnología, como ellos dicen, no tienen por qué hacer este trabajo sucio. Habla mal de ellos».

UNA FÓRMULA PELIGROSA

Para algunos, este tipo de acuerdos marca un camino en torno a los nuevas estrategias de la Responsabilidad Social Empresarial para el desarrollo de grandes proyectos extractivos. «Hoy incorporan nuevas dimensiones», asevera Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA).

«Y dentro de eso aparece esta fórmula que me parece que es extremedamente peligrosa, porque en el fondo es un trato directo entre la comunidad y la empresa sin que exista una entidad que esté resguardando los derechos humanos y viendo si se respetan los derechos ambientales y de salud de la población», argumenta.

En algunas comunidades rurales, la gente tiene numerosas necesidades y de alguna forma, la empresa está utilizándolas en función de la ganancia de un proyecto determinado. «Se hace sobre la base de repartir ganancias de un bien o recurso que es de todos los chilenos y chilenas, porque lo que se está haciendo en el fondo es una especie de pago de royalty a la comunidad y eso no puede quedar en manos del arbitrio de una empresa».

El director de OLCA explica que, si una comunidad accede a convivir con un proyecto de alto impacto, debe contar con toda la información necesaria para decidirlo, siendo advertidos de las consecuencias que puede traer en el tiempo. Una decisión libre e informada que no estaría del todo garantizada en este caso.

De cara a este modelo, señala Cuenca, se valida el intercambio de derechos a salud y medioambiente por compensaciones económicas. Eso da cuenta del abandono del Estado a dichas comunidades y pone en duda la consistencia de la regulación ambiental

«Se está atentando contra la libertad de la gente de decidir y ejercer sus derechos. Es una situación alarmante que se esté presentando como un modelo a seguir para que otras empresas resuelvan sus problemas de convivencia con las comunidades», advierte Lucio Cuenca.

OPOSITORES AL PROYECTO DECIDIDOS A JUDICIALIZAR

Para quienes rechazan la instalación del proyecto minero-portuario, las personas que llegaron a un acuerdo con Iron Andes no deben ser más de diez. Para ellos, que se han movilizado desde hace años en rechazo a la iniciativa, no hay nada que conversar ni negociar con los representantes de la empresa.

«Nosotros tenemos una propuesta distinta de desarrollo para la comuna. El gobierno y el Estado tienen que entender que el desarrollo no es sinónimo de destrucción, sino ver cómo potenciar un lugar único en el norte», argumenta el vocero de Modema.

Para los vecinos que se oponen a Dominga, el camino hacia un desarrollo sustentable es primordial y no pasa por industrializar la comuna, sino por fomentar la pesca artesanal, el desarrollo del turismo y la pequeña agricultura familiar campesina. En La Higuera, un cuantioso patrimonio medioambiental, con flora y fauna nativa, podría ser amenazado.

«Creemos que en enero van a votar este proyecto. El gobierno regional se va a inclinar por aprobarlo y la única herramienta que nos queda como comunidades es judicializar el proyecto. Este gobierno va a pasar a la historia y va a cargar con la mochila de haber aprobado proyectos industriales en una zona súper particular y sensible y que esos dos proyectos van a terminar judicializados», advierte Álvarez.