¿Isapres y prestadores en las mismas manos? Las dudas sobre las millonarias utilidades del sistema

La Superintendencia de Salud dio a conocer las utilidades obtenidas por las Isapres durante el período comprendido entre enero y septiembre de este año. Después de impuestos, anotaron $28.872 millones, que representan un alza de 42,5% en relación al mismo período de 2015.

Por otro lado, la ganancia propia del giro recuperó las cifras azules, porque de la pérdida operacional de $8.106 millones entre enero y septiembre del año pasado, pasó a una ganancia de $2.912 millones durante el mismo período de 2016.

En cuanto al resultado por Isapre, las tres que obtuvieron más utilidades en lo que va del año fueron Vida Tres ($6.585 millones), Banmédica ($6.223 millones) y Colmena ($4.993 millones).

A su vez, las que registraron una mayor variación positiva fueron Cruz Blanca (373,8%), Banmédica (134,3%) y Másvida (87,7%); justo las tres aseguradoras que motivaron una denuncia ante la Superintendencia de Salud a inicios de noviembre de 2015 por sospecha de integración vertical.

ISAPRES Y PRESTADORES: ¿CUERDAS SEPARADAS?

El 6 de noviembre del año pasado, los abogados Cristóbal Osorio, Gerardo Ramírez y Daniel Contreras solicitaron a la Superintendencia que investigue una eventual infracción al artículo 173 del Decreto con Fuerza de Ley nº 1 del Ministerio de Salud, por parte de las tres Isapres a las que se encuentran afiliados cada uno de los profesionales.

La denuncia se fundamentó en que los directores de los holdings dueños de las Isapres ejercían similares cargos en ellas o en los prestadores de salud pertenecientes a los respectivos grupos empresariales y en el ofrecimiento a los usuarios, por parte de aquellas instituciones, de planes de salud con opciones de atención preferente o exclusiva con prestadores de la misma sociedad controladora.

En junio de este año, la entidad fiscalizadora desestimó la supuesta infracción, ya que “de los cuadros y datos explicativos acompañados, no se colige que exista, en la actualidad, para ninguna de las tres Isapres denunciadas, dualidad de funciones para los señalados cargos, tanto en Isapres como en prestadores de salud, que es lo prescrito por la ley y la circular”.

El informe de la Superintendencia sostiene que “el hecho de que una Isapre comparta directores, gerentes o ejecutivos clave con el holding o Grupo Empresarial dueño de la institución –figura no prohibida por la ley o por la circular– no es condición suficiente para establecer, de manera enfática y concluyente, que tenga participación o injerencia directa en la administración de un determinado prestador de salud perteneciente al mismo holding o grupo empresarial”.

A juicio de la entidad , son necesarios “mayores antecedentes y pruebas para concluir que efectivamente existe, en la práctica, una injerencia directa de la Isapre en la administración de los prestadores, en que los directores, gerentes y ejecutivos clave de la Isapre aparezcan sin lugar a dudas participando de forma activa en la administración de los prestadores de salud, situación que, por cierto, sería constitutiva de una infracción a la ley y a la circular”.

Ante la respuesta de la Superintendencia, los abogados acudieron a la Contraloría General de la República, junto al senador Alejandro Guillier, solicitando un pronunciamiento acerca de las irregularidades en las que habría incurrido la Superintendencia de Salud al rechazar la denuncia, porque no habría ejercido debidamente sus atribuciones fiscalizadoras.

Mediante un oficio del 7 de noviembre de este año, la Contraloría determinó que la Superintendencia investigue la existencia de integración vertical en el sector. El documento señala que “en mérito de lo expuesto, es posible advertir que la investigación de que se trata no se encuentra suficientemente afinada, por lo que corresponde que la Superintendencia de Salud, en el ejercicio de sus atribuciones legales, realice aquellas diligencias que estime necesarias para constatar si las ISAPRES denunciadas tienen injerencia en la administración de determinados prestadores de salud”.

El plazo establecido para informar a la Unidad de Seguimiento de la División de Auditoría Administrativa de la Contraloría es de 30 días hábiles.

“HAY LIMITACIONES LEGALES QUE OBVIAMENTE VAMOS A DISCUTIR”

En la presentación de los resultados de las Isapres, el superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, comentó que se encuentran recopilando información relacionada con el caso y reconoció que, a partir del oficio de Contraloría, se dieron cuenta de “que lo que se había hecho hasta ahora no era suficiente».

En la misma línea explicó que la ley impide que los ejecutivos de una Isapre sean, al mismo tiempo, representantes del prestador, pero como forman parte del mismo grupo controlador, «hay limitaciones legales que obviamente nosotros vamos a discutir».

Además, detalló que asistirán a una audiencia con el contralor, Jorge Bermúdez, para definir el alcance de nuestras facultades y, a partir de eso, ver cómo el sistema o el marco normativo se puede ver modificado, ya sea por actividad administrativa de la Superintendencia de Salud o, eventualmente, por un proyecto de ley que defina adecuadamente cuáles son los grados de transparencia, qué relaciones pueden existir a nivel de holding o directamente la prohibición estricta de integración vertical».

La idea sobre una normativa orientada a esclarecer el tema fue motivo de la reunión que sostuvieron parlamentarios con Pavlovic, durante esta jornada. Cristina Girardi (PPD) señaló que buscan que el superintendente respalde el proyecto que impediría que los dueños de las Isapres, sin importar su participación, puedan formar parte de una institución prestadora. También se contemplan sanciones, que van desde una multa, hasta la inhabilidad perpetua de participar en cualquier institución relacionada con la salud.

Para la parlamentaria, “la Superintendencia no está fiscalizando”, porque a su juicio, «todo el sistema está organizado para que las Isapres obtengan utilidades cuantiosas y parte de esas utilidades se obtiene por esta integración vertical, que no se impide, y además por lo que tiene que ver con el sistema de libre elección».

En la misma línea, el diputado Alberto Robles (PRSD), sostuvo que, en su mayoría, los dineros para salud se van para el sector privado. Según explicó, posterior a la cita con Pavlovic, “las Isapres lo que deben hacer es financiar, pero cuando tienen a su vez clínicas y actividades de los prestadores, lo que hacen es privilegiar a sus propias entidades, con el objeto de disminuir los costos y, por cierto, tener ingresos».