Código de Aguas: Diputados aprueban reforma a bastión del neoliberalismo chileno pero con letra chica

Tras cinco años de discusión esta tarde los diputados aprobaron poner fin a las concesiones a perpetuidad del agua a las empresas, limitándolo a 30 años.  La letra chica es que esto sólo podrá regir para el 10% de los derechos, pues el otro 90% ya fue entregado a los privados de manera gratuita y perpetua.

Con 63 votos a favor este martes fue votada en la Sala de la Cámara de Diputados la reforma al Código de Aguas, con la presencia del ministro de Agricultura, Carlos Furche. La propuesta legal tiene como objetivos reforzar el carácter de bien nacional de uso público, reconocer las diversas funciones que ésta puede cumplir, generar seguridad en el acceso al agua permitiendo al Estado resguardar que en todas las fuentes natural exista caudal suficiente, limitar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento y establecer un nuevo tipo de permiso para el uso de agua denominado concesión, intransferible e intransmisible.

Desde el año 2011 la reforma al Código de Aguas se encontraba en discusión en la Cámara de Diputados (Boletín 7453-12). El año 2014 el gobierno envió una indicación sustitutiva al Parlamento que buscaba reorientar la discusión. A la fecha la discusión pasó por la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, la Comisión de Agricultura y también por Hacienda.

Edmundo Pérez-Yoma (DC) ha sido acusado de robo de agua

Un debate que a pesar de las urgencias y de la profundidad que tiene en términos sociales, políticos y económicos, con zonas del país afectadas hace años por sequías, y el robo de aguas por parte del empresariado, es muy incipiente, con varias falencias y letra chica. En el Congreso hoy no se discute el carácter mercantil que tiene el agua en Chile, prevaleciendo el derecho a propiedad de las aguas en los discursos de la mayoría de los parlamentarios. Así se evidencia por ejemplo en las palabras de la diputada DC, Yasna Provoste que se refiere “a los privilegios que podrían existir ahora para comunidades indígenas y comités de agua potable rural”, señalando que quedarían exentos del cobro de patentes, más no la necesidad de lo público en el uso de las aguas.

Otro aspecto importante es lo de la perpetuidad, pues las leyes, al no ser retroactivas, comenzará a regir sólo para el 10% de aguas disponibles, pues el otro 90 ya está entregado a perpetuidad.   Por 35 años el Estado de Chile ha permitido  la sobreexplotación de las aguas a través del otorgamiento de derechos gratuitos y perpetuos a empresarios y políticos, algunos de los cuales pertenecen a los partidos del oficialismo, como el democratacristiano Edmundo Pérez Yoma, ministro de defensa de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y del Interior en el primer gobierno de Michelle Bachelet, el cual fue señalado hoy en el debate por el diputado Gabriel Boric y denunciado por organizaciones sociales como MODATIMA en la provincia de Petorca.

EL DISCURSO DE LA EXPROPIACIÓN 

El Código de Aguas de 1981 ha representado por años una de las bases del modelo pinochetista. El acceso, la gestión y distribución del agua en el país están regidos por este código que ha favorecido el bolsillo de las minorías poderosas, y que hoy, a través de la UDI mostraron su rechazo a cualquier modificación bajo el argumento de que se está alentando la expropiación.

Los diputados de la UDI han señalado que esta es una reforma ideológica que busca expropiar los derechos de agua de los regantes, quienes además apoyaron las protestas de los agricultores en diferentes ciudades del país.

En el mismo sentido, Fernando Peralta, de la Confederación de Canalistas de Chile, quien también asistió al debate en la Cámara de Diputados señaló que “ser dueño del agua es algo muy antiguo en Chile, anterior a 1981, viene desde el siglo XIX, y la primera ley que fue explícita en esto fue la de 1908, por lo tanto pensar el derecho de aprovechamiento es algo nuevo, creado en la segunda mitad del siglo XX es un error porque esto está arraigado en nuestra tradición, y hasta el momento no produce ni ha producido problemas “.

Los mismos argumentos esgrimen desde la Sociedad Nacional de Agricultura, quienes a través de una declaración señalaron, “Manifestamos nuestra profunda decepción frente a la aprobación de una iniciativa inconstitucional, que atenta flagrantemente en contra de nuestros legítimos derechos adquiridos, los que sabremos hacer respetar en las instancias institucionales debidas. Con este proyecto se busca que todos los derechos de agua sean una concesión administrativa temporal, contraviniendo la especial protección que le otorga nuestra Constitución al derecho de propiedad. Es lamentable que no se hayan atendido las advertencias sobre la inconstitucionalidad de esta iniciativa por parte de prestigiosos abogados expertos en el tema”.

UN PROYECTO DEFICIENTE QUE DEBE AVANZAR

Rodrigo Mundaca, secretario general de MODATIMA señala que el proyecto que reforma el Código de Aguas es imperfecto porque sigue salvaguardando la propiedad privada de las aguas, al igual que el diputado comunista, Lautaro Carmona quien indicó que “este es un proyecto que está vinculado sólo a una regulación que ante eventos fuertes en contextos de crisis hídrica se regula, no a todo evento. No modifica tanto, pero lo consideramos un avance. El tema de fondo es quién debiese administrar el recurso y la propiedad del agua, y creemos que es el Estado de Chile, que esté sobre los privados, y así poder asignar agua para la agricultura, la industria de la construcción, del cobre, y garantizar el agua para los seres vivos”.

Y en relación a la postura de la derecha, señaló que “la gente se evidencia sola en lo que es, la UDI es el Partido de los grandes agricultores, es el partido de Pinochet, el partido al que le regalaron derechos de agua, y en consecuencia está defendiendo eso que recibieron de regalo, a pesar de ser usurero. Están manifestando sus intereses de clase, tanto de los agricultores como de los grandes empresarios”.

En entrevista con El Ciudadano, Rodrigo Mundaca se refirió a lo que viene en términos legislativos, indicando que “cuando el Senado lo discuta y lo tenga que votar, ¿qué porcentaje de agua va a faltar por entregar? Lo más probable es que haya sido entregada completamente y no tenga valor jurídico esta iniciativa”.

Por Silvia Gutiérrez González