Por 3 votos a favor, 16 en contra y 2 abstenciones el Senado rechazó la noche de este jueves el programa que regula los recursos para la gratuidad en la educación superior, por lo que finalmente deberán ser zanjados en una Comisión Mixta de senadores y diputados.
El debate de la partida del Ministerio de Educación de la Ley de Presupuestos para el 2017 se extendió por más de tres horas y estuvo centrado principalmente en el tema de gratuidad, que nuevamente sería llevada ante el Tribunal Constitucional por la oposición, como lo anunció la senadora Ena Von Baer.
Pero ese no será el único tema que quedaría en manos de la Comisión Mixta, tras el tercer trámite en la Cámara de Diputados, pues luego de producirse un triple empate se rechazó el programa de fortalecimiento de educación superior el que, según algunos senadores, genera una discriminación en contra de las universidades tradicionales privadas de regiones.
«Discriminación enojosa»
En este punto, los senadores Ena Von Baer, Francisco Chahuán y Juan Antonio Coloma señalaron que este programa hace «una discriminación enojosa entre universidades estatales y las universidades privadas tradicionales como la Austral, la de Concepción y la Federico Santa María, pues no le entrega recursos como sí lo hace con las otras casas de estudios a través del Aporte Fiscal Indirecto».
El senador Carlos Montes manifestó que con este programa se precisa una línea de desarrollo de las universidades públicas estatales, mientras que el senador Alfonso De Urresti señaló que no ha habido claridad ni ha existido la voluntad de las autoridades de ver una solución a este tema.
Montes agregó que “es lamentable porque aquí el programa 29 lo único que hace es ordenar los recursos estatales, no hay nuevos recursos hasta ahora, van a venir como parte de una instancia mixta pero hay parlamentarios de derecha que piensan que no deben tener recursos distintos”.
Por su parte, el senador Andrés Allamand indicó que “lo que hemos hecho es defender lo que consideramos un trato igualitario. Hay ayudas estudiantiles que discriminan entre estudiantes de universidades estatales y no estatales lo que no tiene justificación”.
Los recursos destinados
Según explicó la Ministra de Educación, Adriana Delpiano, se espera resolver estos temas pendientes el lunes, mientras que el titular de Hacienda, Rodrigo Valdés, manifestó que “lo más importante son programas que tienen que ver con educación superior, parte de esos rechazos son por los primeros acuerdos que estamos tratando de construir para ampliar la gratuidad y que además sean robustos”.
Poder cumplir con la promesa de avanzar en la gratuidad en Educación Superior es uno de los puntos más esperados por el Ejecutivo. Para ello se propone un aumento para el 2017 del 55, 2% de los recursos en relación al 2016. Otro punto importante es el financiamiento a las universidades estatales, donde se contempla aumentar en $11.287 millones los recursos para estas instituciones vía convenio marco. Dentro de los recursos del Estado para la Educación Superior se contempla también abrir dos de los quince CFT comprometidos por el gobierno de Michelle Bachelet, lo que implica destinar a este ítem $10.405 millones.
Adriana Delpiano, ministra de Educación
Esperan a su vez que los CFT e Institutos Profesionales se sumen a la gratuitad. El Ejecutivo plantea que podrán acceder a ella los que tengan al menos cuatro años de acreditación y que estén constituidas como personas jurídicas sin fines de lucro. Además de los puntos anteriores se ha incluido para la educación superior los requisitos académicos.
Oposición de la derecha
Ante la posibilidad concreta de que la glosa de gratuidad de la Ley de Presupuesto sea nuevamente enviada al Tribunal Constitucional (TC) por la derecha, la diputada Camila Vallejo llamó al gobierno a defender el fortalecimiento de las universidades estatales.
La parlamentaria comunista que forma parte de la Comisión de Educación se mostró contraria también a la posibilidad de que se entreguen becas a estudiantes de instituciones que no cumplan requisitos elementales como el no lucro efectivo, dado que el fin de esa práctica e incluso su penalización son elementos principales de una verdadera reforma a la educación superior.
La diputada Vallejo indicó que “creo que es importante que se resguarde en primer lugar el fortalecimiento a las instituciones del Estado y su ampliación de matrículas para aquellos sectores vulnerables y eso tiene que estar asociado a recursos». Además, agregó que «lo segundo es que si se van a ampliar los beneficios estudiantiles, las becas a más instituciones, sea resguardando criterios básicos como lo es la calidad y el no lucro de estas instituciones para que no se vulnere un principio fundamental del programa de gobierno que es no hacer negocio con recursos públicos”.
En el mismo sentido, el senador por La Araucanía y vicepresidente del Senado, Jaime Quintana, hizo un llamado a la derecha, señalando que “yo llamaría a la derecha a no seguir usando a los estudiantes vulnerables para finalmente terminar beneficiando a las universidades que lucran». Y agregó: «Ese es el jueguito que hizo el año pasado y les salió gratis, no les trajo ningún costo, pero no así a los 42 mil estudiantes que perdieron su beneficio durante el año pasado por haber llevado la glosa al Tribunal Constitucional”.
“Esperamos que la derecha no venga con la misma amenaza del año pasado, donde le pide al gobierno financiar a distintas universidades o de lo contrario me voy al TC. Esa amenaza de usar permanentemente al TC no le hace bien a nadie. Desde luego pierden los estudiantes, pero también pierde credibilidad el TC que fue bastante cuestionado el año pasado”, agregó el legislador.
Conycit y CAE
Otros puntos del debate fueron la aprobación del aumento de recursos para Conyicit incrementados en 2.300 millones, además de una serie de indicaciones que reponían recursos en programas como el de educación bilingüe, educación de adultos y reinserción.
Además, se rechaza una indicación que rebajaba el monto de los recursos destinados al CAE, mientras que se aprueba una que faculta a la Contraloría para fiscalizar los recursos públicos que se entregan a privados vía becas.
El proyecto volverá a la Cámara de Diputados, la que sesionará de manera extraordinaria este lunes, donde se votarán también las glosas repuestas por el Senado, como fueron Agricultura, Contraloría y Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt). En caso que vuelvan a ser rechazadas, también pasarán a Comisión Mixta.
Por Silvia Gutiérrez González
Hazte socio 👍
Con tu donación aportas a la sostenibilidad económica y existencia de este medio.
Elige cómo quieres aportar a la existencia y financiamiento colectivo de este medio!
Reveniu 
Relacionados
El caso de la USS y la necesidad de un nuevo ciclo de reformas a la educación superior en Chile
Hace 1 mes
