Día Mundial del Agua en Chile: Sólo hay retrocesos en la materia

El acceso al agua potable y los sistemas de saneamiento fue convenido como derecho humano por la ONU en julio del 2010. Como era de esperarse, nuestros representantes firmaron el acuerdo para no ser menos, sin embargo no han mostrado ninguna señal de preocupación real respecto al tema, como ya pareciera ser rutina en estos acuerdos internacionales. Durante el año 2010 Bachelet propuso reformar la Constitución chilena para sostener el carácter del agua en tanto bien nacional de uso público. Siendo este bien escaso, se planteó su disponibilidad como materia de seguridad nacional. Pese a estas buenas intenciones -que duraron sólo hasta el cambio de gobierno-, en la práctica nada se ha resuelto.

Según las Naciones Unidas, hay 1.100 millones de personas en el mundo sin acceso al agua potable y 2.600 millones carece de infraestructura sanitaria básica. Al año, en el mundo mueren 1,5 millones de niños menores de cinco años por enfermedades relacionadas a la falta de abastecimiento o contaminación del agua.

Si bien podríamos decir que en Chile no tenemos de qué preocuparnos, pues la cobertura de agua potable y saneamiento es bastante altas para las mediciones disponibles del 2002 (99,8% en agua potable; 95,3% en alcantarillado y 82,6% en tratamiento de aguas servidas), es un secreto a voces que la concentración de la propiedad de los derechos de agua está en un 83% de las veces en manos de privados, y la propiedad de las sanitarias es casi por entera privada, procedente de capitales extranjeros.

¿Cómo logramos esto? Transformando el agua en una mercancía. Esto, a través de una potente desregulación estatal en la materia, que se basa en el “amarre” logrado por el ya petrificado Código de Aguas de 1981.

Que esta mercancía por definición sea enajenable, transable y acumulable implica, al menos, tres consecuencias: (1) la expropiación del derecho de los chilenos de utilizar el agua que siempre ha estado en ese territorio, lo cual implica que no pueden mantener el riego de sus predios ni consumir agua limpia, (2) un creciente conflicto entre comunidades y estrategias de desarrollo productivo, y (3) una patente crisis de gobernabilidad del Estado chileno al no contar con herramientas que le permitan controlar la situación de abastecimiento del agua que no son propietarios.

A esto se le suman los nuevos acuerdos del gobierno actual para privatizar, por un lado las sanitarias restantes y, por otro, contravenir los decretos promulgados para la conservación de 11 cauces ecológicos al sur de La Serena, los cuales son estratégicos para el desarrollo turístico en Chile como eje nacional de desarrollo económico.

El gobierno de Chile desde ya 30 años se ha esmerado en rentabilizar el recurso hídrico para la consolidación de inversiones extranjeras. ¿Qué pasa mientras? Según un catastro coordinado por la ONG Chile Sustentable, al 2010 hay 33 conflictos por el agua en el territorio chileno, los cuales pueden clasificarse en tres tipos según la fuente del conflicto: uno de tipo minero, que seca las napas de agua subterránea en el Norte; otro agroindustrial, que contamina con residuos líquidos las aguas del Centro; y por último, los hidroeléctricos, que finiquitan los servicios ambientales de los ríos en el Sur.

Es por esto que la ciudadanía se ha comenzado a organizar, pues frente a una institucionalidad que no garantiza el acceso al agua potable y es subsidiaria de las empresas privadas no hay más alternativas que enfrentarse directamente al actor que está ejecutando las obras. Así, se comprende el conflicto por los glaciares en el valle del Huasco dado el proyecto Pascua Lama, la organización frente a Hidroaysén en la XI Región y la oposición que todos los canalistas del Maipo hacen al proyecto Alto Maipo (a desarrollarse este año en San José de Maipo).

Posiblemente, sea este último conflicto el cual pueda llamar más la atención de un santiaguino común. Podríamos decir que es una lástima que pequeñas comunidades del Norte no tengan un suministro de agua potable constante, o que es una pérdida brutal de patrimonio paisajístico el inundar un amplio sector de la Patagonia chilena, pero, ¿qué pasaría si en los titulares de la prensa en dos días más se dijera Santiago se ha quedado sin agua potable?

En Santiago estamos prontos a vivir una catástrofe, pero esto se oculta por el poder y la influencia de algunas trasnacionales. AES Gener tiene el potencial de dejar sin una gota de agua los predios agrícolas de la región y desabastecer las fuentes de agua potable para Santiago. Estas últimas las suministra Aguas Andinas desde el embalse El Yeso ubicado en la comuna de San José de Maipo, o popularmente “El Cajón del Maipo”.

Instalar hidroeléctricas de pasada “con trasvasije de cuencas” en la zona alta del Maipo implica no solamente destruir el patrimonio natural de la comuna al desertificar el suelo, disminuir el nivel del lecho del río y destruir consecuentemente la flora y fauna de un territorio (la cuenca alta del Maipo, entre otras normativas, es considerada como una de las zonas para la protección de la biodiversidad en Chile). También este nuevo proyecto de generación eléctrica afecta irreversiblemente el régimen hídrico de la zona, destruyendo los servicios ambientales que nos entrega el movimiento del río y toda fuente estable de empleo en la zona. ¿Son estos, nuevamente, los costos del desarrollo?

Muchas veces afectar a unos pocos se justifica en pos del desarrollo económico en Chile, pues a estas minorías se les puede compensar con otros bienes (¡como si el medio ambiente y tu entorno de vida fueran valorables monetariamente para todas las personas!). Como decía Nesko Kuzmicic en Previsiones Nucleares, “¿no son todos ellos también nuestros compatriotas?”

Si “Agua es Vida”, pareciera que poseer derechos de agua es disponer de la vida de otros. Por lo tanto, la resolución de estos conflictos de interés se transforma en un juego de poder, en donde gana quien hace más lobby en la comunidad y en las instituciones que aprueban los permisos, o quien posee más recursos para desarrollar una comunicación estratégica y persuadir monetariamente a los residentes para que dejen sus tierras -muchas ancestrales-, y en definitiva olviden sus costumbres y su pasado.

El argumento sobre el beneficio de las grandes mayorías ya no me resulta convincente, menos cuando en realidad lo que se está jugando es el derecho a la vida.

Quisiera terminar la columna con alguna propuesta concreta, como muchas veces es la tónica en VerDeseo, pero esta vez no puedo. Tenemos un Código de Aguas que nos amarra, instituciones de protección ambiental llenas de vicios y una estrategia de gobierno que prefiere oro sacado por extranjeros en vez de agua. ¿Qué se puede hacer al respecto? Podríamos soñar con implementar una democracia participativa que catalice los cambios necesarios, pero pareciera que esto es mucho pedir en Chile.

Marzo 28, 2011

Por María Ignacia Arteaga

Estudiante de Sociología UC

Verdeseo

Referencias:

Chile Sustentable (2010) Conflictos por el Agua en Chile: Entre los Derechos Humanos y las Reglas del Mercado.