Desesperación existe entre los vecinos de Santa Olga, localidad rodeada por bosques de la empresa Celco, ubicada en la Región del Maule a 15 kilómetros de Constitución. El asentamiento formado hace varios años por trabajadores forestales ha debido enfrentar una sequía sin precedentes.
«Estamos trabajando para mantener a cerca de 6 mil habitantes», comenta Juana Chávez, presidenta de la Cooperativa de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad maulina, donde se registra una disminución del recurso hídrico cercana al 60%, según estimaciones de la comunidad.
La situación es peor que en años anteriores. La llave solía perder potencia en febrero o marzo, pero nunca antes del verano. Para llenar las copas con agua, la directiva ha debido administrar el suministro por horarios. Los cortes dificultan la operatividad de una posta, un jardín infantil y el Liceo Enrique McIver, cuya matrícula bordea los 600 estudiantes.
En conversaciones con el municipio han buscado alternativas para mejorar la distribución del consumo; por ejemplo, enviando a los alumnos a casa, antes de completar su jornada. «Nosotros hemos ido a la Dirección de Obras Hidráulicas de la Región del Maule y ahí estamos haciendo bastantes trámites, incluso el miércoles tenemos reunión con ellos», cuenta Chávez.
Por un costado se acerca Óscar Valdenegro, también de la cooperativa. “En unos años más no vamos a tener agua acá. Esto ya con el tiempo se nos va a terminar», señala.
El dirigente apunta a un diagnóstico que comparten las juntas vecinales, integradas por familias que habitan casas de material ligero, sin cortafuegos ni grifos al alcance para combatir incendios en época estival. El intercambio se da en la Plaza de Santa Olga, donde el sol quema las mejillas y el aserrín tapona levemente las narices, con muchos afectados dispuestos a contar su historia a El Ciudadano.
«Esto tiene que hacerse público de forma masiva, a nivel nacional, para que las autoridades tomen en cuenta cuál es la situación que acá tenemos. Lo que nos hace falta es una asesoría técnica. Yo hago un llamado a las autoridades para que nos tiendan una mano. Dicen que Obras Hidráulicas está haciendo oídos sordos a esto, me extraña», indica el presidente de la Junta de Vecinos de Los Aromos, Miguel Millanguir.
Millanguir llama a los parlamentarios de la región, con la misma dureza, a no olvidar el sector. Según comentan algunos con atrevimiento, los vecinos son visitados «solamente en época electoral».
Hace algunos días se envió a la casilla de correo electrónico del senador Juan Antonio Coloma (UDI) una carta abierta, redactada por el ingeniero forestal Carlos Reyes, que denuncia la emergencia de una crisis sanitaria en Santa Olga y su eventual conexión con «la actividad pinera-maderera desarrollada por Arauco S.A.»
Según el profesional, la situación podría explicarse porque «las plantaciones (de pinos de la forestal) son de rápido crecimiento y requieren, necesariamente, mucha agua… para crecer rápido, toman toda el agua disponible del suelo, casualmente el agua que también nosotros necesitamos para vivir y nos abastecemos a través de la cooperativa de agua potable».
En la misiva, Reyes admite que la empresa da trabajo a muchos en el sector, pero subraya que ésta debe hacerse «cargo de sus efectos adversos, mitigarlos y recompensar por los daños que conllevan sus actividades», las que al mismo tiempo debieran ser fiscalizadas y «evaluadas ambientalmente» por las autoridades.
Las palabras de Mónica Sepúlveda, presidenta de la junta vecinal de Santa Olga, condensan toda esa impotencia: «Aquí las forestales son más importantes a veces que las mismas personas. Se debe priorizar primero la vida».
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