Esta semana Chile será sede y presidirá la 15ª Asamblea de la Convención del Tratado de Ottawa donde se reunirán las 163 naciones comprometidas con la eliminación total de las minas antipersonales. En ese contexto, el senador Baldo Prokurica, presidente de la Comisión de Defensa, advirtió que “como país arriesgamos un bochorno», debido a que «el proyecto que busca reparar a los afectados -algo más de 150 personas- por estos artefactos no incluye una reparación permanente, y hoy se encuentra pendiente en su tramitación en el Congreso, por la negativa del gobierno a entregar los recursos para incorporar este beneficio”.
Se estima que al encuentro internacional llegarán al país más 500 representantes de los estados y de organizaciones civiles del Tratado de Ottawa.
“Paradójicamente -según información proporcionada por la Cancillería-, el énfasis de Chile durante la presidencia de la cumbre será ‘la asistencia a las víctimas de minas y la cooperación internacional’, y, por otro lado, el propio gobierno no cumplirá con tener aprobado el proyecto de reparación a las víctimas, que incluya la entrega de una pensión permanente para este reducido número de personas”, añadió Prokurica.
El senador hizo hincapié en que las 157 personas que han sufrido los efectos de las minas antipersonales «no tienen -en el actual proyecto del gobierno-, la compensación que se necesita de acuerdo al Tratado de Ottawa, del cual nuestro país es signatario”.
En ese sentido, junto a sus pares Alejandro Guillier y Carlos Bianchi, en representación de la unanimidad de los integrantes de la Comisión de Defensa del Senado, le manifestaron estos cuestionamientos a Bachelet en una carta entregada en La Moneda.
En ella se solicitó, además, a la Presidenta poder rectificar a la brevedad esta situación, ya que frente a la actual restricción de recursos -argumento del Ejecutivo para no acceder a la solicitud de los parlamentarios-, “existen otros recursos que el Estado de Chile sigue gastando, como es el pago -mensual- a más de tres mil falsos exonerados que así determinó la Contraloría General de la República», señaló Prokurica.
Fuente: www.senado.cl