Cerca de la 1 de la madrugada, se materializó el acuerdo entre gobierno y oposición respecto de la glosa de gratuidad en educación superior. En comisión mixta, se acordó la homologación del acceso a becas para estudiantes de universidades estatales y privadas, una muestra de cómo la Nueva Mayoría cedió frente al chantaje de ChileVamos, de llevar la gratuidad y el sistema de becas al Tribunal Constitucional.
«En vez trabajar con los actores sociales, el gobierno tomó el mismo camino que siguió en el reajuste del sector público, que es llegar a acuerdo con la derecha. Esto deja en claro que no hay voluntad política de garantizar la educación como un derecho», señaló Patricio Medina, presidente de la FEUSACH y vocero CONFECH, en conversación con El Ciudadano.
DESMENUZANDO EL ACUERDO
En la comisión mixta se estableció igualar la distribución de beneficios entre las instituciones de Consejo de Rectores (Cruch) y las privadas, a través de la homologación del acceso a becas para todas las instituciones. Con esto, las instituciones privadas recibirán un aumento de las becas en 3.500 cupos en 2017 y 2018. Para 2019 se prevé que todas las instituciones podrán acceder a los mismos beneficios.
Según recogió La Tercera, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi sostuvo respecto de esta iniciativa que “hay algo disfrazado. Aquí no se trata de un problema económico, sino de cómo se enredan las cosas, de tal manera de que no podamos plantear lo que nos convoca, y es que existan universidades estatales”.
Para Patricio Medina, la homologación «es justamente lo que la derecha busca, un financiamiento a la demanda. Entonces, va en contra de lo que se ha estado planteando, porque aumenta el mercado en la educación. Vamos a tener universidades que van a recibir fondos públicos, incluso estando investigadas por lucro».
El dirigente estudiantil manifestó que una medida de esta naturaleza no tiene sentido si no hay sanción penal al lucro en instituciones privadas. A su juicio, «si no se sanciona el lucro como un delito, seguirá operando la lógica de disminuir costos y, obviamente, subir los aranceles de las carreras. Si bien el lucro está prohibido, sabemos que no se respeta. Muchas universidades lucran a través de inmobiliarias y empresas fantasma».
Respecto de las universidades estatales, el acuerdo estipula un aumento de recursos, un plan de fortalecimiento de la calidad docente y ampliación de matrícula. El vocero CONFECH valora las iniciativas tendientes a fortalecer las instituciones del Estados, pero las considera insuficientes. Por ejemplo, en materia de disposición de recursos el dirigente expresó que esperan “que los aportes basales de libre disposición sean realmente así y no sean concursables, como sucede actualmente».
Según lo emanado desde la comisión mixta, los centros de formación técnica (CFT) e institutos profesionales (IP) con cuatro o más años de acreditación, que no persiga el lucro o que decidan transformarse en una corporación sin fines de lucro, podrán acceder a la gratuidad.
El dirigente Patricio Medina considera que la medida puede ser positiva, pero acusa falta de capacidad fiscalizadora de parte del Ministerio de Educación. «No sabemos si pueden vulnerar la ley. Hay muchos CFT e IP que están asociados a universidades que están siendo investigadas por lucro», explica.
Por otro lado, puso el acento en regular requisitos para la creación de CFT e IP. Según indica Medina, «actualmente, cualquiera puede poner un CFT o un IP como un negocio, sin requisito previo, es como poner una empresa, pero la educación no es un negocio».