La aprobación de la glosa de gratuidad en educación superior para el Presupuesto de 2017 ratificó que el gobierno busca consensos con la derecha representada en el Parlamento, aun cuando sectores de la misma coalición oficialista manifestaron su rechazo al acuerdo alcanzado con ChileVamos.
En esta línea, el senador Jaime Quintana (PPD) señaló en radio Cooperativa que la aprobación de la glosa constituye “un sucedáneo de la gratuidad, una fórmula donde no va haber ningún incentivo para las universidades privadas que lucran”. Además, calificó el trámite legislativo como “un error político de proporciones de este gobierno”.
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Desde el Consejo de Rectores (Cruch) se pronunció Aldo Valle, rector de la Universidad de Valparaíso. A su juicio, “el proyecto que se aprobó es un espacio a la expansión de la oferta privada”, diagnóstico compartido por la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC), Sofía Barahona. En su opinión, el proyecto “beneficia específicamente a las instituciones privadas».
La dirigenta manifestó además que «hay una falta de la palabra que ha tenido la ministra Delpiano, que se había comprometido a avanzar en gratuidad, sin embargo, se mantiene la lógica de las becas y créditos. Eso es sumamente lamentable, porque significa que las veces que ellos han manifestado su intención de dialogar con los distintos actores, hacen oídos sordos a las mismas promesas que se habían hecho».
¿BECAS PARA TODOS CON IGUAL FISCALIZACIÓN?
Otra de las observaciones del rector Valle se relaciona con las distintas obligaciones que tendrían los planteles privados versus los públicos, al momento de recibir fondos estatales. Para la autoridad universitaria, “hay aquí una discriminación porque se entrega recursos públicos a instituciones que los pueden administrar, pero sometidas a todo tipo de fiscalizaciones a reglas de transparencia activa y pasiva. Mientras que, por el contrario, las otras (privadas) que reciben más recursos púbicos no están sometidas a reglas de transparencia, ni pasiva, ni activa y que están lejos de la mano de la Controlaría General de la República”, según consignó Diario UChile.
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Sobre esta materia, Sofía Barahona piensa que el Estado debería aumentar la fiscalización a los planteles privados, «porque tiene que asegurar que no juegue con los sueños de los estudiantes y sus familias que acceden al sistema de educación superior. Me parece negativo que se pongan resquicios para las universidades estatales, no así con aquellas que son privadas y que muchas veces incorporan a la mayor cantidad de estudiantes vulnerables«.
EL DESTINO DE LA REFORMA
El diputado Giorgio Jackson (RD) puso a disposición un documento en línea, que recogerá indicaciones al Proyecto de Reforma a la Educación Superior, de parte todas las personas que quieran acceder a la plataforma. Según indica dicho documento, la iniciativa se genera “con el fin de acordar en conjunto las modificaciones que garanticen un sistema de educación superior que entienda su acceso como un derecho social”.
A partir del levantamiento de este diálogo virtual, Jackson pretende que el gobierno introduzca una indicación sustitutiva que facilite la tramitación del texto en el Congreso. Para eso, el documento estará abierto hasta que comience la discusión de la reforma en particular.
Uno de los ejes sobre los cuales se articuló la propuesta del parlamentario se relaciona con el financiamiento del sistema. Al respecto, el documento plantea el rechazo a los vouchers y el endeudamiento estudiantil.
Para Sofía Barahona, “la reforma no se está haciendo cargo de este sistema, al mantener la mercantilización de la educación y también porque supedita la gratuidad a condiciones que difícilmente se van a alcanzar. Esta es una señal de que el gobierno nuevamente no se está haciendo cargo de las demandas de estudiantes, rectores y trabajadores de la educación”.
Sin embargo, el tenor de la negociación entre el gobierno y ChileVamos no brinda las mejores perspectivas de cara a la discusión que se avecina sobre la reforma a la educación superior. La dirigenta sostuvo que el acuerdo del duopolio «genera un precedente sumamente negativo, porque no está basado en una discusión democrática y en un debate de ideas, sino que en una amenaza, que no es la primera vez que la hace la derecha».
La presidenta de la FEUC adelantó que se están reuniendo con distintos actores, como rectores, académicos y trabajadores de la educación, “buscando puntos de acuerdo para generar propuesta alternativa a la del gobierno”.