EE.UU.: Impunidad a la carta

La absolución que le dio el sistema de justicia de Estados Unidos a Luis Posada Carriles, cierra el círculo de hasta dónde es capaz de llegar Washington para proteger a sus terroristas.

Esa noticia aunque previsible, indigna y mucho. ¿Qué más podía esperarse de la administración estadounidense -sea republicana o demócrata-, si jamás hicieron algo serio por sentar en el banquillo como acusado al autor de tantos crímenes?

Lo del viernes 8 de abril fue el final de una farsa, que comenzó desde mayo del 2005 cuando Posada Carriles entró de manera ilegal a territorio estadounidense a bordo de la embarcación Santrina.

Ahora, en el tribunal de El Paso, Texas, se consumó a pie juntillas el guión preestablecido. Un jurado compuesto por siete mujeres y cinco hombres, emitió un veredicto inapelable en tres horas de deliberaciones.

Las 13 semanas de juicio quedaban resumidas en el mismo momento que la jueza Kathleen Cardone recibió la notificación del jurado, anunciándole que habían llegado a una conclusión unánime: la exoneración de los 11 cargos que le impusieron como mentiroso a Posada.

«Not guilty» (no culpable) se escuchó en la sala del tribunal y aquello debió sonar como una afrenta a los valores de justicia que se precia en defender la potencia norteña.

Las dilaciones y maniobras de esta parodia judicial solo sirvieron para desviar la atención y ganar tiempo, pues quedó al descubierto que desde un principio a Luis Posada Carrilles se le trató de allanar el camino hacia la impunidad.

Con una administración republicana fue indultado Orlando Bosch, coautor junto a Posada del atentado a un avión civil cubano que cobró la vida de 73 personas en las costas de Barbados, en 1976.

Actualmente Bosch reside en Miami, gracias a ese perdón presidencial concedido el 20 de julio de 1990 por el mandatario George Bush, quien le proporcionó además, un permiso para ejercer su profesión de médico pediatra.

Hoy una administración demócrata, la de Barack Obama, permite que un individuo calificado como altamente peligroso, al que se le prohíbe viajar en vuelos comerciales de Estados Unidos, buscado por Interpol y prófugo de una cárcel venezolana desde 1985…, vaya a casa y siga «durmiendo como un bebé», como él mismo ha repetido.

Todavía a Posada, quien afirmó que la CIA «nos enseñó de todo», desde cometer asesinatos hasta preparar explosivos y bombas, le quedan pendientes los 73 cargos de homicidio calificado en Caracas por la voladura del avión de Cubana, hecho del que se cumplirán tres décadas y media en el venidero octubre.

Pero ¿será Washington capaz de entablar a partir de este minuto un nuevo proceso contra Posada Carriles por terrorismo? ¿Accederá al pedido de extradición de Venezuela, como reza en sus continuas solicitudes desde hace más de un lustro? Jurídicamente la Casa Blanca está obligada a hacerlo.

Ello se sustenta en los convenios internacionales de los que Estados Unidos es parte y por la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, que el propio gobierno estadounidense promovió.

Sin embargo, ante lo que acaba de ocurrir, con un tribunal que desoyó los múltiples argumentos presentados acerca del currículo terrorista de Posada Carriles y que solo se limitó a dirimir en cuanto a cuestiones menores de fraude migratorio.

Ante las pruebas aportadas por su participación, entre otros, en la cadena de atentados perpetrados en 1997 en La Habana para afectar la industria del turismo nacional, que terminaron con la muerte de un joven italiano, es muy difícil pensar que Estados Unidos levante un dedo contra Posada Carriles.

Coincidentemente, el 12 de abril de 1997 -este martes se cumplen 14 años-, detonó el primer artefacto explosivo en el Hotel Melía Cohíba de la capital, con el que dio inicio la serie de sucesos, ejecutados por mercenarios centroamericanos bajo las órdenes de ese asesino internacional.

Eso sí, su absolución constituye la más escandalosa evidencia del doble rasero que practica la Casa Blanca en su autoproclamada lucha antiterrorista.

Vale recordar que en junio de 1998 expertos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) viajaron a La Habana, donde recibieron -como expresión del espíritu de intercambio y cooperación de las autoridades antillanas en este campo- un amplio expediente sobre las acciones de la red terrorista dirigida por Posada Carriles en Centroamérica.

Los documentos incluyeron 64 folios que contienen 31 acciones y planes criminales cometidos contra la nación caribeña entre 1990 y 1998, y 51 carpetas con reportes sobre la financiación de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) para ejecutarlos.

También se entregaron grabaciones de 14 conversaciones telefónicas de Posada Carriles que revelaban detalles respeto a posibles ataques en la Isla. Además, los datos de su ubicación referidos a direcciones de residencias y lugares que frecuentaba en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana.

La documentación recogía igualmente, 40 fichas de cubanos emigrados residentes en el sur de Florida con presuntos vínculos a actividades violentas.

Washington no solo desconoció tantas pruebas, sino que meses después, en septiembre de 1998, arrestó a Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González por alertar sobre los complots y atentados que con total libertinaje se urdían en Miami.

Es insultante cómo los cinco cumplen una condena colectiva de 99 años más dos cadenas perpetuas, y han recibido en casi 13 años de encierro todo tipo de trato inhumano y degradante, desde el confinamiento solitario hasta la limitación de las visitas familiares, mientras Posada acaba de ser exonerado de culpas.

El reclamo de libertad a favor de los Cinco, como los identifican internacionalmente, proviene de cientos de naciones del mundo, de parlamentos enteros y 11 Premios Nobel, el más reciente del ex presidente estadounidense James Carter.

Carter, Premio Nobel de la Paz 2002, afirmó durante su visita a La Habana a finales de marzo que el arresto de los cinco cubanos no tiene sentido y que es hora ya de que puedan regresar a sus casas.

Hace poco Posada Carriles apareció ante las cámaras de la TV miamense con pose arrogante al expresar que en su «lucha» contra Cuba «ya ganamos, no hemos cobrado todavía».

Ese mismo Posada se abrazaba el viernes a sus tres abogados, que estallaron en júbilo en la sala del tribunal, y dijo estar «sumamente agradecido con los Estados Unidos de Norteamérica, con la atención, con la justicia que me ha juzgado, con el jurado que encontró la absolución».

Tales palabras, lejos de ser un elogio deben resultar ofensivas hacia un sistema de justicia que deja, una vez más, mucho de qué hablar.

Es la consumación del doble discurso de Washington, que osa también condenar a otros al emitir cada año espurias listas sobre supuestas naciones patrocinadoras del terrorismo.

De forma paradójica, Cuba está en semejante relación cuando ha sido blanco de sabotajes financiados y preparados en territorio del vecino país por más de cinco décadas.

No obstante, los hijos sin padre, las viudas, las madres que lloran debido a la estela de muerte dejada por El Bambi, el comisario Basilio de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) de Venezuela, tienen la certeza de que la verdadera justicia está por venir y continuarán, sin descanso, reclamándola.

11 de abril de 2011

Por Deisy Francis Mexidor

Tomado de www.prensa-latina.cu