Colusión de los pañales genera cuestionamientos al ministro de Economía y a la FNE

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En octubre de 2015, se destapó la colusión en el mercado del papel tissue, entre CMPC («La Papelera») y SCA, empresas que acordaron precios por más de una década. A raíz del caso, La Papelera se sometió al proceso de delación compensada ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE), poniendo a disposición del órgano antecedentes sobre las operaciones a través de las cuales se manipulaba el precio del «papel confort», pero además confesó la participación en una nueva colusión de precios, esta vez en el mercado de los pañales para bebé, junto a la multinacional Kimberly Clark.

Según la información levantada por La Tercera, el documento ingresado por el fiscal de la CMPC , Rafael Cox, ante la FNE, señala que con Kimberly Clark habrían elaborado «acuerdos de alzas de precios, intercambios de información de alzas de precios, coordinación en la participación en actividades promocionales y acuerdos de posicionamientos relativos de precios que habrían afectado al negocio tissue y que se habrían alcanzado en relación con acuerdos que afectaron al negocio sanitario».

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El documento agrega que esos acuerdos «se habrían alcanzado principalmente en relación a pañales de bebé, pero habrían involucrado también a otros productos del negocio sanitario». Según la confesión de CMPC, estas operaciones tuvieron lugar entre 2002 y 2009, aspecto clave considerando que el delito de colusión prescribe al cabo de cinco años.

«Lo que ha sucedido nos tiene bastante preocupados, porque hay omisiones por parte de la FNE, que aparentemente no realizó las investigaciones que correspondían para poder determinar si en ese mercado estaba ocurriendo lo mismo que sucedía en Colombia», afirma Hernán calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), en relación a la sanción que la Superintendencia de Industria y Comercio de ese país aplicó contra Kimberly Clark y otras empresas por conductas anticompetitivas en el mercado de papel tissue.

Por otro lado, el caso involucra a las dos firmas con mayor participación en el mercado de los pañales. De acuerdo a la consultora Euromonitor, a 2015 la participación de Kimberly Clark fue de 36,6%, seguida de empresas CMPC con un 36,2%. Mas atrás se ubicaron Procter & Gamble (22,4%) y otras empresas (4,7%). En total, la industria movió alrededor de US$ 245 millones.

MINISTRO Y FISCAL EN LA MIRA

«Si habían antecedentes que demostraban que no solo había una actividad colusiva respecto del papel tissue, sino que también respecto de otro producto, como son los pañales, sin duda ahí la responsabilidad de haber investigado, denunciado y buscado sanción para esos hechos, corresponde a los órganos que tenían esa competencia, que son la FNE y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC)» afirmó el fiscal metropolitano sur, Raúl Guzmán, en conversación con CNN Chile.

Las declaraciones del persecutor que estuvo a cargo del caso de colusión del papel tissue, responden a informaciones recientes entregada por La Papelera. Desde la empresa  indicaron que desde 2015 la FNE estaba en conocimiento de la colusión con Kimberly-Clark en el mercado de los pañales. Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, señaló que su entidad no tenía antecedentes sobre la materia, a pesar de que el Decreto Ley 211 establece que la FNE se relaciona con el gobierno a través de la cartera que encabeza el cuestionado ministro de la muñeca inflable.

Luis Felipe Céspedes, ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

Para pesar de Céspedes, la CMPC emitió un comunicado señalando que “En marzo de 2015, el directorio de CMPC, tan pronto tomó conocimiento de actos ejecutados en Chile contrarios a la normativa de libre competencia, instruyó a la administración a informar inmediatamente a las autoridades competentes, entregándoles la totalidad de la información recabada por la empresa, y prestar a dichas autoridades la máxima colaboración”.

En agosto de este año se promulgó la ley 20.945, que perfecciona el sistema de defensa de la libre competencia. En el texto legal se establece que las investigaciones por el delito de colusión «sólo serán iniciadas por querella formulada por la Fiscalía Nacional Económica, sin que sea aplicable, para estos efectos, lo dispuesto en el artículo 166 del Código Procesal Penal».

Esto quiere decir que las investigaciones penales por colusión solo pueden iniciarse en virtud de una querella presentada por el Fiscal Nacional Económico (Felipe Irarrázabal), luego de concluido  el proceso ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) y se ha dictado sentencia  para la actividad colusiva desde el punto de vista económico.

Al respecto, el fiscal metropolitano sur, Raúl Guzmán, explicó que con la ley 20.945 «se le entregan una serie de herramientas investigativas [a la FNE], sin embargo, los antecedentes o los resultados de esa investigación no son conocidos por todos los actores de la sociedad. La FNE tiene la posibilidad de poner la reserva de ciertas partes o piezas, que permitan resguardar la identidad de quienes han proporcionado antecedentes durante la investigación o bien que permitan resguardar formulas de estrategias comerciales, cuya divulgación pueda afectar significativamente el desenvolvimiento competitivo de algunas empresas».

Felipe Irarrázabal, fiscal nacional económico.

Sin embargo, el fiscal Guzmán considera que el carácter de reserva «se ha entendido mal». Según afirmó, «la experiencia que tuvimos con la investigación por la colusión del papel tissue, nos demostró que este secreto se extiende a todos los antecedentes de la investigación y los antecedentes que se entregaron al Ministerio Público en su oportunidad, venían en su gran parte tarjados, lo que no permitía extraer ningún tipo de información para iniciar diligencias investigativas».

Incluso desde el oficialismo han criticado al ministro de Economía. El diputado DC Fuad Chahin criticó a Céspedes por la ley 20.945. «Que el ministro de Economía dé una explicación al país, porque en el proyecto de ley que modifica el Decreto Ley 211, lo que hizo fue que en el futuro se bloquea completamente la investigación del Ministerio Público de los delitos de colusión y quien va a tener el monopolio es el Fiscal Nacional Económico, además, después de que existan sentencias ejecutoriadas en materia propiamente de libre competencia o administrativa», dijo.

En esta línea, el diputado Marcelo Chávez (DC) relató que “cuando se discutió la ley en el Congreso, fue el mismo Ministro de Economía el que defendió que la acción persecutora quedara en manos de la Fiscalía Nacional Económica, apelando a su alto grado de especialización en la materia; pues bien, en el primer caso que vemos después de la promulgación de la ley, la Fiscalía tiene un pésimo debut. No investiga y desecha antecedentes claves”.

Desde el mundo social, Hernán Calderón, presidente de Conadecus, sostiene que «aquí se debe investigar si el Fiscal Nacional Económico cometió algunas negligencias y si las ha cometido, se le debe solicitar la renuncia».

CUESTIONAMIENTOS A LA LEY Y EL MERCADO

Raúl Guzmán piensa que la normativa ha significado un avance en materia de libre competencia, «pero a la luz de estos últimos hechos (colusión de farmacias, pollos, confort, pañales) dan cuenta de que es necesario abordarlo desde otra perspectiva», comentó

¿Modificar la ley? El persecutor respondió a CNN Chile que «a la luz de estos antecedentes, esa es una discusión que hay que dar». A juicio de Guzmán, el Ministerio Público debe contar con las herramientas necesarias para realizar este tipo de investigaciones. «Sin duda, con la modificación de la ley 20.945, lejos de lo que se hizo de poder posibilitar una investigación penal seria, efectiva y oportuna, se restringió esta posibilidad», manifestó.

Por su parte, Hernán Calderón, indicó que desde Conadecus ya están trabajando para cuantificar el daño al mercado y analizar el escenario judicial, con miras a la presentación de una demanda colectiva. «A pesar de que se habla de prescripciones, nosotros no vamos a dejar de hacer las acciones que correspondan para poder buscar la compensación a los consumidores», comenta. 

Hernán Calderón, presidente Conadecus.

Para el dirigente, los casos de colusión están generando un cuestionamiento al modelo económico. «Yo creo que el mercado está bastante cuestionado y, principalmente, a causa de quienes alabaron el modelo, porque son ellos los que están derrumbando el modelo de economía de mercado. Con sus transgresiones, malas prácticas y abusos están haciendo que los ciudadanos ya no creamos en este modelo económico», señala.

Calderón critica además el funcionamiento del mercado nacional, porque a su juicio «funciona en base a oligopolios, donde los grandes empresarios tienen el control del mercado, pero además de la política, con el financiamiento que ha sido nefasto para poder legislar».

Respecto de la colusión, el presidente de Conadecus afirma que se trata de «una practica generalizada entre los grandes empresarios hacer estos acuerdos, porque consideraban que no había ningún ilícito en esto. Estas son practicas antiguas, que siempre consideraron que no eran ilícitas y las practicaban en forma natural».