La petición de perdón de diez condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura es el último paso de una articulada estrategia para consagrar la impunidad. Liderados por Raúl Iturriaga Neumann, ex subdirector de la DINA, este fin de semana convocaron a dos curas y a la prensa para mostrarse como ancianos arrepentidos que ya han cumplido parte de su condena. El mismo Iturriaga debe cumplir condena hasta 2037, luego que la Corte Suprema revocara recientemente el beneficio de libertad condicional.
Entre los otros firmantes figura Manuel Carevic Cubillos, segundo hombre de la sangrienta Brigada Purén, encargada de la represión contra el Partido Socialista. Se hizo fama de cruel torturador en los interrogatorios, estando comprobada su participación en las sesiones de tortura a la ex agente Luz Arce y en la desaparición del conscripto de la FACH Rodolfo González Pérez. En la década de los ’80 continuó sus ‘labores’ en la CNI. También figura Basclay Zapata, quien desde 1974 se desempeñó en la Agrupación Halcón I de la DINA, dedicada a la represión del MIR, bajo las órdenes de Miguel Krassnoff y la compañía de Osvaldo Romo. Torturador agresivo y brutal, se le recuerda como el Troglo por su costumbre de violar a las detenidas. Zapata participó en la captura de Diana Arón Svigilisky, a quien embarazada disparó por la espalda, y comparte con Romo la responsabilidad en la desaparición de Alfonso Chanfreau Oyarce. En su prontuario figuran más de seis secuestros y varios procesos pendientes.
A grandes rasgos así es el prontuario de los presos de Punta Peuco, la mayoría de los cuales evadieron por décadas a la justicia, no han prestado colaboración alguna para determinar qué pasó con las 3.186 personas desaparecidas y ejecutadas durante la dictadura de Pinochet. Otros 33 mil chilenos fueron torturados y encarcelados.
Un cálculo de El Desconcierto da cuenta que de los 1.193 casos de personas detenidas desaparecidas, sólo han sido encontradas e identificadas 148. es decir, menos de un diez por ciento. A la par, el mismo medio da cuenta que de los 1.373 ex agentes el régimen, apenas 126 están cumpliendo condena de presidio efectivo. De los 116 que están en Punta Peuco, apenas dos tienen problemas cognitivos y no es pública la información sobre cuántos tienen enfermedades terminales.
LA ESTRATEGIA DE PINOCHET
Una imagen pendiente en la memoria de los chilenos es cuando Augusto Pinochet tras descender del avión que lo trajo desde Londres, cercado por la justicia internacional, se paró de la silla de ruedas, levantó el bastón sonriente y se puso a caminar. Todo el mundo asistió atónito aquella vez para ver como uno de los dictadores más sangrientos de América Latina se burlaba de los derechos humanos.
Pese a que la justicia inglesa había dado el vamos a su extradición para ser juzgado por Baltazar Garzón, exámenes médicos acusando demencia senil y otras complicaciones junto a la presión de los gobiernos chilenos de la postdictadura (Eduardo Frei y Ricardo Lagos que hicieron llegar documentos médicos falsos acusando un delicado estado de salud del ex dictador), provocaron que Jack Straw pasara por sobre la justicia y liberase a Pinochet por razones humanitarias.
Era marzo de 2000 y el hecho abriría en Chile la posibilidad de juzgar a Pinochet. Lo cierto es que el anciano dictador aprovechó al máximo laudos médicos para acusar demencia senil y así terminó muriendo lejos del brazo de la justicia.
La reciente ‘celebración ecuménica’ realizada en la cárcel de Punta Peuco apunta a la misma estrategia de Pinochet para escapar de Londres para consagrar la impunidad. Tras décadas de evadir la justicia por el asesinato de sus compatriotas, jerarcas y militares que integraron la policía secreta de la dictadura hoy se exhiben como ancianos profundamente arrepentidos.
Por décadas dichos agentes se protegieron en las instituciones armadas y en pactos de silencio que aún operan. Cuando en 1998 la justicia chilena se abrió a perseguir los culpables de las violaciones a los derechos humanos en dictadura, la respuesta de quienes hoy piden perdón fue la de negar todo, echar la culpa a agentes muertos o dar información falsa. Apenas a partir de 2002 que los tribunales chilenos dejaron de aplicar la Ley de Amnistía de la dictadura y se produjeron las primeras condenas.
Uno de los jueces que investigó muchos de estos casos, entrevistado por Ciper Chile, cuenta que era común que “los militares acusados llegaban a tribunales altaneros porque no creían que iban a ser juzgados”.
Erika Hennings, directora del sitio de memoria Londres 38, ex prisionera política y esposa de Alfonso Chanfreau (DD), contó a El Desconcierto, que “en juicios he estado frente a Miguel Krassnoff, Gerardo Godoy, agentes de grupos operativos de la DINA, directivos y de lo más bajo. Ninguno de ellos reconoce nada, excepto haber sido analistas, a lo más haber ido hasta la puerta de Londres 38 a dejar algo. No sólo eso: hablan con mucha soberbia y con mucha rabia de estar enfrentando la justicia. En los careos me tratan de ‘esta mujer’. Soy una convencida de la vigencia del pacto de silencio y de que, ideológicamente, siguen creyendo que lo que hicieron está bien”
LA ESTRATEGIA DE LA IMPUNIDAD
La operación por la impunidad ha implicado el concurso de varios actores. Las mismas Fuerzas Armadas, la Iglesia católica, el diario El Mercurio y hasta sectores del gobierno de Bachelet operan orquestadamente para instalar la imagen de pobres ancianos que ya cumplieron parte de su pena y merecen irse a morir a sus casas tranquilos.
la revista francesa Charlie Hebdo satirizando el retorno de Pinochet
El lobby fue iniciado por la Multigremial de las Fuerzas Armadas, integrada por viudos del ex dictador y familiares de exmilitares torturadores y asesinos. Dicho grupo ha buscado apoyo en sectores de la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas y miembros de la Comisión de Defensa del Senado para conseguir la liberación de sus camaradas condenados.
El escenario que han pintado es que se trata de ancianos que ya pagaron algo de sus culpas, perseguidos más por odio y deseos de venganza de personas que no quieren perdonar. ‘Dejen de reclamar y olvídense’ es la recomendación. Un discurso que no es nuevo. Desde fines de la década de los setenta, cuando los familiares se encadenaban ante los tribunales de justicia por exigir saber sobre sus muertos, que el discurso del poder (Ejecutivo dictatorial y judicial cómplice en aquella época) era que no había pasado nada, que había que olvidar. Hace pocos días el senador Juan Antonio Coloma (UDI), dijo que “hay organizaciones sociales que están buscando más venganza que justicia”.
Un punto en la avanzada de esta estrategia fue la entrevista al ministro de Justicia Jaime Campos, publicada por El Mercurio, en la cual se declara a favor de otorgar libertad a condenados de Punta Peuco enfermos. A la ofensiva se sumó el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, entrevistado por La Tercera, quien se mostró a favor de otorgar el beneficio de la libertad condicional a violadores de los derechos humanos. “Yo creo que (los condenados por DD.HH.) tienen derecho a la libertad, pero esa es una opinión personal”- sostuvo.
Un actor clave, protagonista de la liturgia en Punta Peuco, es el exrector de la Universidad Alberto Hurtado, el sacerdote jesuita Fernando Montes, quien desde meses viene abogando por liberar a los violadores de derechos humanos, quienes al estar condenados ya pagaron su culpa con la sociedad. Al llamado se ha sumado el columnista de El Mercurio, el rector de la UDP, Carlos Peña.
Nicolás Pavez, abogado de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, entrevistado por El Desconcierto, sostiene que el debate retomado por el ministro Campos es falaz: “Es bien distinto que me digas que quieres darle beneficio de cumplimiento alternativo de pena a alguien que lleva 30 años en la cárcel y está a punto de morir, a un violador de derechos humanos que ha vivido en la impunidad toda su vida, que se jubiló con pensión de las Fuerzas Armadas, que nunca entregó información sobre lo que pasó con las víctimas y que producto de ese pacto de silencio entró a la cárcel a una edad avanzada. Esto no es venganza, es justicia y es políticamente incorrecto decirlo, pero si está llegando ahora, cuando están viejos, es porque ellos la han demorado”.
Recientemente el diputado Hugo Gutiérrez denunció que Ángel Campos Quiroga, hermano del ministro Campos, participó del asesinato de 3 militantes del Partido Comunista y uno del MIR; además de que más de 30 víctimas de tortura en la ciudad de Temuco identificaron al hermano del titular de Justicia como su torturador. The Clinic reveló que el cura Fernando Montes declaró el 28 de octubre de 2015 como testigo a favor de Luis Joaquín Ramírez Pineda, excomandante del Regimiento Tacna durante el golpe de Estado y condenado por ordenar el fusilamiento de dos escoltas de Salvador Allende.
¿HABRÁ JUSTICIA?
El jueves un grupo de familiares de detenidos desaparecidos se encadenaron a las bancas que se encuentran al interior de la Catedral Metropolitana de Santiago para manifestar su rechazo a la ceremonia ecuménica que se realizaría en Punta Peuco. En horas previas la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, manifestó su desazón por el evento, recordando que los militares condenados todavía mantienen los pactos de silencio y que no han colaborado con la verdad y la labor de la justicia. Lira acusa que esto “ha mantenido la incertidumbre en cientos de casos de detenidos desaparecidos y prolongado los procesos judiciales hasta hacer perder el sentido de oportunidad que debiese tener la aplicación de justicia”.
A mediados de diciembre más de 30 agrupaciones, sitios de memoria y de sobrevivientes a la tortura con motivo del día internacional de los derechos humanos señalaron que ven con preocupación “que el Estado y el actual Gobierno no muestren una real voluntad para avanzar en sus compromisos por la verdad, la justicia, la reparación de las víctimas y la no reiteración de estos hechos criminales”, añadiendo que “una democracia que se funda en la injusticia y la impunidad es frágil y débil”.
Estos últimos días la iglesia ha echado un pie atrás en su ofensiva a favor de la impunidad. El Arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, dijo para navidad que los reos de Punta Peuco “tienen la obligación moral de entregar información respecto al paradero de los detenidos desaparecidos”. Por su parte, uno de los asistentes al encuentro ecuménico, el sacerdote Maniano Puga, sentenció que “no puede haber perdón, si no hay reparación, aporte a la justicia y aporte de la información que ellos manejan y no han planteado a los Tribunales”.
En horas de este domingo, el subsecretario de Justicia, Nicolás Mena, anunció que el gobierno no accederá a la petición de indulto presidencial para los reos acusados de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Pinochet. “Ni el Ministerio de Justicia ni el Gobierno están ni por indulto ni por impunidad respecto a personas que están cumpliendo condenas”- sostuvo.
Pese a dichas declaraciones hay incerteza respecto de si el gobierno mantendrá su compromiso con los derechos humanos y la sanción a los responsables. Bachelet juega al doble filo de su militancia socialista (y su propio pasado) y la lealtad que siempre ha tenido con las instituciones armadas. Con ella, nada se sabe. Al mismo tiempo, el esfuerzo de El Mercurio por instalar el tema da pistas sobre su objetivo político final: conseguir la impunidad de los militares que levantaron las armas contra su pueblo para retornar el control del país a sus patrones. Es asegurar a futuro el rol de capataz de las fuerzas armadas chilenas en el disciplinamiento de las multitudes. Nuevamente el fantasma del dictador Pinochet y su socarrona sonrisa tras levantarse de la silla de ruedas está penando en Chile.
Mauricio Becerra R.
@kalidoscop
El Ciudadano
Manuel Contreras y el modelo económico chileno: ¿Un personaje siniestro o un militar eficiente?
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