La fusión de las compañías de pesca de arrastre continúa. Las seis empresas que últimamente se han fusionado son dueñas de un 60% de las cuotas de captura de jurel a lo largo de las costas de Chile. A la par los recursos marinos, como el jurel, muestran serias mermas en su reproducción.
Hace días se anunció la fusión de otras dos empresas pesqueras. Es el caso de Itata y El Golfo, que siguen el camino ya recorrido por Camanchaca y Pesquera Bío-Bío; San José y SouthPacificKorp.
En tanto, la Fiscalía Nacional Económica ha iniciado una investigación a esta operación, en tanto representa una considerable concentración en la pesca de jurel, sardina, anchoveta y merluza común. Sin embargo, esta “concentración”, que alarma a este organismo público, sólo importa en el ámbito empresarial. Nunca ha habido un pronunciamiento sobre el que estas pesqueras concentren el 95% de la pesca del jurel y el restante 5% quede para el sector artesanal, que además debe venderle su pesca a los precios que imponen.
Los motivos de la fusión, según han dicho sus propios directivos, son los de enfrentar la baja en las cuotas de captura del jurel, que este año disminuyó a 315 mil toneladas de las 1.300.000 toneladas que el Estado otorgó para el pasado 2010. Efectivamente, la baja de las cuotas de captura fue abrupta y quizás insuficiente, si se considera que el 2010 no se alcanzó a pescar 500 mil toneladas, porque sencillamente no había jurel en el mar.
Las fusiones empresariales, donde participan grupos económicos como Angellini tras SouthPacificKorp, o los Lecaros Menéndez tras San José, se han realizado en menos de un año y su unión es una nueva muestra del monopolio que tienen de la pesca.
POSIBLE VENTA DE CUOTAS DE CAPTURA
El periódico electrónico de Concepción, Resumen, conversó con el presidente del Sindicato de Capitanes de Pesca, Luís Reyes, quien plateó que esta fusión no sólo está gatillada por la baja de la cuota de captura, sino que también por el posible escenario futuro, donde las cuotas de captura se liciten, es decir, el Estado las venda.
Para Reyes las medidas que la Subsecretaría de Pesca ha tomado no significan ninguna mejora en la conservación de los recursos marinos y en consecuencia, tampoco representan buenas expectativas para los trabajadores de la pesca, pues la industria pesquera sigue concentrando casi toda la pesca, pero también las funciones que hay en el rubro pesquero; pescan, procesan el producto y lo comercializan; Camanchaca y San José son ejemplos de ello.
Lo que proponen -dice Reyes- es la separación de estas funciones y que los que pesquen y puedan vender su pesca sean los propios pescadores, con naves de bajo tonelaje y sin el uso de técnicas de pesca nefastas para el ecosistema marino, como el arrastre o el cerco, que se siguen usando. De igual forma se declara partidario de que exista una política de conservación de los recursos marinos.
Este planteamiento lo refuerza Juan Carlos González, secretario sindical, quien plantea que son los habitantes de una comunidad costera quienes tienen el derecho a pescar, dentro de los marcos de sustentabilidad de los recursos y no quienes tengan la plata para hacer negocio con algo que es de todos.
CONCENTRACIÓN EN LAS CUOTAS DE PESCA
La concentración que representan las seis empresas que últimamente se han fusionado es el 60% de las cuotas de captura de jurel a nivel nacional. Sólo para el caso de Itata y El Golfo, se estima que harán ventas por 400 millones de dólares.
Sin embargo, Luis Reyes aclara que la concentración económica también existe en el mundo de la pesca artesanal, pues cuando se estableció las 5 millas, desde la playa hasta mar adentro, como zona exclusiva para pescadores artesanales, las propias empresas de pesca industrial adquirieron embarcaciones y las inscribieron en el Registro Pesquero Artesanal, con lo que ingresaron a este sector.
Es así como las embarcaciones de la costa de la Región del Bio Bio aumentaron de 150 a 500, al amparo de la Subsecretaría de Pesca, durante los gobiernos de Frei y Bachelet. Según cuenta Luis, «fueron puras movidas y cuestiones truculentas», porque los permisos para la pesca artesanal estaban cerrados.
Por esto es que hay pescadores artesanales, dueños de su embarcación, que casi no tienen acceso a la pesca -explica-, pero hay otros «que aparecieron de la nada y que tienen a su nombre 5 ó 6 embarcaciones», al servicio de la pesca industrial. Ellos le venden la pesca a la industria y así es como ésta controla el precio, lo que siempre deja inconforme a los artesanales.
Mientras sucede este abuso de parte del poder económico, no se ha declarado al jurel y otras especies, en estado de recuperación, lo que implica una moratoria de su explotación por al menos 3 años, es decir, que su explotación se detenga. Al contrario, el jurel sigue considerándose como un recurso en «plena explotación», lo cual es una aberración si se considera que en los años ’94 y ’95 se llegó a pescar 4,4 millones de toneladas de jurel y este 2010 no pudieron pescar ni siquiera 500 mil toneladas, es decir, un 11% de lo que se procesó en los «años de gloria» de la pesca y la harina.
La irracionalidad de los empresarios pesqueros es aberrante. Reyes califica su actuar como un robo. Incluso, no tiene correspondencia ni con una lógica mercantil, de preservar la materia prima para que continúe el negocio.
Para este año, la Subsecretaría de Pesca ha aprobado 315 mil toneladas de jurel para capturar, pero este año no alcanzó ni siquiera a 500 mil toneladas, habiendo permiso para capturar 1,3 millones de toneladas. ¿Cuál será la cantidad de jurel que dejarán con este “raspado de olla”?
EL ‘DESCARTE’
- La pesca artesanal al ser selectiva no agota los recursos marinos
Después de la aprobación de la Ley de los Límites Máximos de Captura por Armador, en el 2001, el 70% de la flota pesquera con mayor capacidad de captura, quedó trabajando, lo que implicó una cesantía del 30% de quienes laboraban en el rubro pesquero.
Desde ahí en adelante, el aumento de la capacidad de las naves fue constante, quedando una porción creciente de trabajadores sin empleo y este volviéndose cada vez más precario. Juan Carlos explica que “la industria redujo la flota pesquera de 160 a 50 barcos, generando la exoneración de un poco más de 1.800 trabajadores del personal embarcado, tripulantes, motoristas, pilotos y capitanes, sin considerar a quienes prestaban servicios a la industria, desde el exterior. Junto con esto, a las tripulaciones que quedan laborando se les bajan sus remuneraciones y se obliga a ‘descartar’ en zona de pesca.
‘Descartar’ significa el trabajo de selección de la pesca y botar al mar la que no cumple los estándares exigidos por la industria. De esta forma, se llega a puerto con 1.400.000 toneladas, pero en zona de pesca se mataron y se botaron más de 3.000.000 de toneladas.
Es decir, la medida de bajar la cuota de pesca no cumplió su objetivo de hacer más sustentable los recursos pesqueros. Hoy, a más de 9 años de aplicación de esta ley, se han extinguido los recursos y los despidos van sobre los 3.000; nos atrevemos a decir que junto con el jurel nuestra profesión también se va a acabar”, afirma.
Con una política que impida el uso de naves con artes de pesca como arrastre y cerco, que exterminan la biomasa pesquera y con una distribución equitativa y racional de cuotas de pesca, podrían volver a la mar una gran cantidad de trabajadores que quedaron desempleados a causa de este proceso y dejar reproducirse nuevamente al jurel y las otras especies.
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