Castigo a la colusión: Puente Alto decide expropiar terreno de CMPC y empresariado comienza a gimotear

De espaldas se fue el gran empresariado del país con la determinación del concejo municipal de Puente Alto de expropiar un terreno que CMPC posee en la comuna desde la década de 1920. Los motivos que sustentan la decisión se vinculan a la construcción de una avenida para favorecer la conectividad del sector y, al mismo tiempo, compensar a la comunidad local por la participación de la Papelera en la colusión en el mercado del papel higiénico y los pañales.

En la sesión del pasado 29 de diciembre, el concejo municipal de la comuna sur oriente facultó al alcalde Germán Codina (RN) para que «inicie ante los organismos pertinentes el proceso de expropiación de los terrenos de propiedad de la empresa Compañía de Papeles y Cartones (CMPC) en compensación a la comunidad local por los perjuicios por esta sufridos por os hechos de colusión en que ella se ha visto involucrada, para que este entregue en dominio los terrenos necesarios para concretar, conforme al Plan Regular Comunal la conectividad de calle Nonato Coo entre las avenidas Eyzarguirre y José Luis Coo», según informó El Mercurio.

Quien justificó la determinación fue el propio edil, perteneciente a uno de los partidos más conservadores y ligados al poder económico del sistema político chileno, Renovación Nacional. A través de un comunicado, señaló que «existe la necesidad imperiosa de dar conectividad al centro de la comuna, lo que sumado a los abusos de la CMPC, y ante la escandalosa impunidad de los casos de colusión del papel higiénico y pañales, nos lleva a requerir a la empresa su arrepentimiento y compensación a la comunidad de Puente Alto, que tanto apoyo ha dado a la histórica Papelera».

Germán Codina.

Heredero político del senador Manuel José Ossandón (ex alcalde de Puente Alto), Codina obtuvo en las pasadas elecciones municipales de octubre un 81,36% de respaldo en las votaciones. En 2012, cuando se postuló por primera vez respaldado por el actual precandidato presidencial, capturó el 54,48% de los votos.

HISTERIA DE LA CPC

La propia CMPC salió al paso de la medida, señalando que «rechaza las expresiones y amenazas que pretendan imponer visiones u objetivos por la vía de debilitar los legítimos derechos de las empresas que operan en la comuna».

La Papelera recibió el apoyo además de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), entidad que agrupa a las cúpulas de seis ramas del sector productivo nacional. De acuerdo a El Mercurio, la organización presidida por Alberto Salas manifestó su condena a «la decisión del concejo municipal de Puente Alto. Es una acción que no corresponde, en cuanto los terrenos son de legítima propiedad de la empresa. Los hechos de colusión han sido autodenunciados por la empresa, no tienen relación con esos terrenos y eso está siendo investigado por los organismos pertinentes. En Chile existe una institucionalidad y un Estado de Derecho que hay que respetar».

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Si bien la CPC acusó puntualmente al concejo municipal de la comuna sur oriente, no fue tan enfática para aporrear a la Papelera luego de conocerse su participación en casos de colusión. Alberto Salas dijo que «en su momento condenamos la colusión y volvimos a hacerlo».

En sus declaraciones, aprovechó de criticar las filtraciones desde la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que daban cuenta de la confesión, por parte de CMPC, de la colusión en el mercado de los pañales con la internacional Kimberly Clark. No fue solo sinceridad de la Papelera, sino que sus declaraciones se enmarcaban en el mecanismo de delación compensada al que se acogió, luego de conocerse su participación en la colusión del papel higiénico junto a SCA.

Al respecto, Salas sostuvo que «este es el mismo hecho, estaba autodenunciado en la misma oportunidad y en paralelo en el mismo documento. Por lo tanto no hay una acción distinta con respecto a este caso (…) desconozco todos los antecedentes que puede tener la Fiscalía, pero lo que es grave es la filtración. La filtración afecta a un sistema de libre competencia que es la autodenuncia. Afecta y eso puede complicar hechos futuros».

LOS PAPELES MANCHADOS DE CMPC

El pasado 20 de diciembre, el diputado Gabriel Boric escribió en su cuenta de Twitter: «La papelera (CMPC) nos está dando buenos motivos para volver a pensar en posibilidad d expropiación. Se podrá tner debate serio al respecto?» La idea levantada por el parlamentario por Magallanes trajo al recuerdo el rol opositor que la empresa de la familia Matte jugó frente a los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende.

Los Matte tenían miedo a la estatización de sus empresas y terminaron perdieron el control del Banco Sudamericano. Por lo mismo, levantaron una campaña para evitar la expropiación de otra de sus compañías emblemáticas. «La Papelera No», rezaba el eslogan con el que buscaron concitar el apoyo contra las medida del gobierno de la Unidad Popular.

En dictadura, CMPC se vio favorecida con la promulgación del Decreto Ley 701 (1974), que abre la puerta al subsidio a la actividad privada por el concepto de «reforestación». Según apuntó el doctor en Ética y Democracia por la Universidad de Valencia, Álvaro Ramis, «desde que se dictó este Decreto Ley se han entregado más de 870 millones de dólares por esta vía, focalizándose estos dineros, en más de un 70%, en grandes empresas forestales de entre las cuales la mayor es la CMPC de los Matte».

Además de beneficiarse económicamente del gobierno ilegítimo, CMPC lo ayudó a exterminar a 19 trabajadores de la Papelera y Ferrocarriles en Laja, durante septiembre de 1973, días después del Golpe de Estado que terminó con el gobierno de la Unidad Popular. El secreto sobre este caso permaneció oculto por 38 años.

El 14 de junio de 2011, el cabo 1º (r) Samuel Vidal Riquelme quebró el pacto de silencio sobre el destino de los hombres fusilados la madrugada del 18 de septiembre de 1973. A través de su declaración, se supo que CMPC había elaborado una lista negra con los nombres de sus propios trabajadores e incluso facilitó un bus para trasladar a los detenidos. En ese momento, el conglomerado era presidido por el ex Presidente Jorge Alessandri y tenía como principal accionista al empresario Eliodoro Matte Ossa.