El Banco de Brasil, el mayor banco público de Brasil y el número uno en activos de toda la banca brasileña, tendrá que responder junto con el Banco de Amazonia a un proceso promovido por el Ministerio Público Federal, acusados de haber financiado con dinero público a empresas con irregularidades ambientales y laborales, conocidas por sus acciones de destrucción de la selva amazónica y hasta de practicar trabajo esclavo.
El Ministerio Público, en una acción rara en este país en la lucha contra la corrupción, ha decidido procesar a una institución nacional del prestigio del Banco de Brasil, junto con el Banco de la Amazonia tras haber detectado concesiones de préstamos a empresas que vulneran la Constitución, las leyes ambientales, los reglamentos del Banco Central y del Consejo Monetario Nacional (CMN), además de varios acuerdos internacionales de los que Brasil es asignatario en materia de defensa y protección del medio ambiente.
El CNM determina que los bancos públicos y privados sólo pueden financiar a empresas que trabajan en actividades agropecuarias en el bioma de la Amazonia bajo presentación de licencia ambiental y de ausencia de embargos por desforestación de la selva amazónica.
Según el Ministerio Público, dineros públicos de varios Fondos Constitucionales están siendo usados para financiar actividades claramente destinadas a destruir la selva amazónica.
Según datos públicos del Banco Central, obtenidos por el Ministerio Público, revelan que instituciones financieras prestaron más de 90.000 millones de reales para actividades rurales en la Amazonia Legal entre 1995 y 2009. De ese total, el 92% provienen de bancos públicos, como el Banco de Brasil que liberó 52% de créditos, lo equivalente a 47.000 millones de reales. En segundo lugar aparece el Banco de Amazonia con 13.000 millones. Juntos responden por el 67% de los préstamos rurales en la región amazónica.
La investigación del Ministerio Público ha revelado que por lo menos 55 préstamos fueron concedidos a otras tantas empresas, consideradas campeonas de destrucción de la selva en los dos últimos años, algunas de ellas acusadas incluso de practicar trabajo esclavo por un total de ocho millones de reales. El Banco de Amazonia liberó 37 préstamos de un total de 18 millones de reales a dichas empresas ilegales.
El proceso al Banco de Brasil y al Banco de Amazonia, firmado por nueve procuradores de la República, acogidos por la justicia, podrán dar lugar a cuantiosas indemnizaciones a la colectividad.
El Ministerio Público pide que los bancos sean obligados a realizar auditorías internas para que se pueda conocer la dimensión de la destrucción de la Amazonia llevada a cabo a través de las financiaciones ofrecidas a actividades irregulares, tras haber desobedecido sistemáticamente a normas establecidas por el Consejo Monetario Nacional.
El Ciudadano
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