Lapidario es el informe que emitió hoy la Contraloría General de la República tras realizar un examen de cuentas a gastos efectuados por Gendarmería de Chile, detectando pagos sin justificar, eternas licencias médicas, demora en tramitación de sumarios, abultamiento adicional de pensiones, entre otras irregularidades.
El documento reveló que 372 funcionarios de las plantas de profesionales, directivos, administrativos, técnicos y auxiliares se encuentran adscritos a la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca), sin cumplir con el requisito de ejercer funciones en unidades penales.
Lo mismo ocurre con 90 personas a contrata que, al no ser de planta, debieran estar imponiendo en AFP, 63 de las cuales trabajan en recintos distintos a los exigidos por ley para unirse a Dipreca.
El ente fiscalizador revisó las renumeraciones de ocho ex funcionarios que se acogieron a retiro en 2015 y recibieron pensiones abultadas a través de estipendios que inflaron el cálculo del beneficio. Éstos son: Pedro Pablo Hernández Pérez, Ricardo Huerta Gutiérrez, Juan Alberto Mena Espinoza, Carlos René Muñoz Saavedra, Federico Alejandro Muñoz Zúñiga, Patricio Olivares Araya, Richard Oyarzún González y Ricardo Quintana Montoya.
Los retiros fueron abultados indebidamente con el pago de un bono por «funciones críticas» a través de resoluciones que, a excepción del caso del militante DC y ex dirigente gremial de la Anfup, Pedro Hernández, «no describían las labores calificadas como críticas, advirtiéndose que éstas solamente indicaban el cargo en el que se desempeñaban los servidores».
En otras palabras, la institución no acreditó que dicho personal realizara funciones «relevantes o estratégicas» para su gestión, «por la responsabilidad que implica su desempeño y por la incidencia en los productos o servicios que éstos deben proporcionar», como exige la norma, motivo por el cual Contraloría dispuso iniciar un sumario administrativo para indagar las responsabilidades administrativas involucradas en el hecho.
Justamente, en relación a sumarios tramitados por el servicio penitenciario, el informe advirtió la existencia de 3.376 procedimientos disciplinarios que se encuentran pendientes, «muchos de los cuales exceden los plazos de sustanciación». La fiscalización apunta a que «si bien la demora en la instrucción de un proceso disciplinario no constituye un vicio que afecte su validez… ello no obsta a que la superioridad del servicio pondere perseguir la responsabilidad administrativa de quién o quiénes originaron tal dilación».
Esto va en la línea de lo expresado por el ex director de Gendarmería, coronel Tulio Arce, en una entrevista que concedió en exclusiva a El Ciudadano antes de dejar el cargo. Allí manifestó que estaba dispuesto a sancionar a los fiscales a cargo de sumarios sin afinar, cosa que a la fecha no habría ocurrido.
Contestando a la revisión de sus procedimientos, la institución manifestó que a contar de julio de 2016 inició un proceso de control de los expedientes abiertos, lo cual generó «una serie de medidas correctivas» que en un plazo de seis meses logró disminuir la cantidad de sumarios pendientes en un 21,4% – 860 menos que hace cinco meses.
Las conclusiones también representan un duro golpe para la administración de la jefa de la Unidad de Auditoría Interna, Gemma Paillao, quien fuera «blindada» por el nuevo director, Jaime Rojas Flores, ante solicitudes de información por Ley de Transparencia que El Ciudadano realizó en 2016 para conocer las sanciones e investigaciones internas que la involucran, al igual que el cuestionado concurso que la nombró para el cargo, frente a la denuncia presentada por un psicólogo por supuesta falsificación de documentos.
La Contraloría revisó los libros de la unidad de Paillao y advirtió que «los porcentajes de asignación otorgados (a algunos funcionarios), no correspondían a la localidad en la que se cumplían las funciones, además de diferencias entre la información entregada en el sistema y las liquidaciones de sueldo del personal, y pagos de bonificación de zona extrema a funcionarios que se desempeñan en localidades que no tienen derecho a ella».
Además, se descubrieron «errores de cálculo del monto a pagar por dicha asignación«; en el pago de viáticos, con resoluciones emitidas con posterioridad a la fecha de inicio de los cometidos, y «errores en el cálculo de los montos a recuperar por concepto de subsidios por incapacidad laboral».
En cuanto a licencias médicas entregadas en exceso, se advirtió que 656 funcionarios las presentaron «por períodos superiores a 180 días, llegando algunos casos hasta los 1.139 días, durante el período comprendido entre los meses de julio de 2014 a octubre de 2016» – información que ya era conocida, y respecto de la cual Gendarmería tomó la decisión de desvincular a 140 funcionarios.
Otro punto se vincula con la «distribución desigual de la dotación de gendarmes a nivel nacional, advirtiéndose, además una mayor cantidad de funcionarios en la región del país en donde se percibe los beneficios de zona y zona extrema (como la Región de Aysén), situación que se aparta de los principios de eficiencia y eficacia» de la Administración del Estado, planteó el ente contralor.
En otras palabras, se concluyó que hay más funcionarios en regiones donde se paga más, y menos funcionarios en aquellas donde se paga menos. Respondiendo a lo anterior, la institución dijo estar trabajando en un documento para definir con mayor exactitud su política de traslados.
Finalmente, la Contraloría aludió a la situación de nueve funcionarios que entre 2015 y 2016 fueron autorizados para realizar actividades de docencia dentro de su jornada normal de trabajo y no compensaron las horas que usaron en ello.
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