Electores castigan la antipolítica: 46% no fue a votar en las municipales por casos de corrupción

Desde el comienzo del sufragio voluntario, la participación en las elecciones ha decaído paulatinamente. Si en las elecciones municipales de 2012, los primeros comicios bajo esta modalidad, alcanzó el 43,2%, en la jornada electoral de octubre de 2016 apenas votó un 33,4% del padrón. ¿Cuáles fueron las causas de este débil registro? Según una encuesta de Espacio Público e Ipsos, un 46% de las personas optó por no ir a votar debido a los casos de corrupción conocidos en los últimos años.

La segunda preferencia de los encuestados aduce a un desinterés por la política (19%), dejando más atrás a los cambios del local de votación por un error del Servel (11%), la falta de información sobre los candidatos (6%) y la calidad de estos últimos (6%).

El sondeo también consultó a los encuestados acerca de las medidas que podrían promover una mayor participación. En este ámbito, un 86% manifestó estar de acuerdo con que el día de las elecciones haya transporte público gratuito y un 88% afirmó que los candidatos deban indicar en  la propaganda electoral a qué partido pertenecen.

Chao a las gigantografías

Además de la participación, el estudio buscaba evaluar qué piensa la ciudadanía de las nuevas reglas de campañas que entraron en vigencia en la elección municipal de octubre, enmarcadas en la agenda de probidad y transparencia impulsada por el gobierno, luego de recibir los resultados del Consejo Asesor Presidencial Contra Conflictos de Interés, Tráfico de Influencias y Corrupción.

De acuerdo a los resultados de la encuesta, los efectos de la nueva normativa fueron percibidos por la población, puesto que un 80,5% identificó las limitaciones de propaganda y carteles, incluyendo los distintos formatos de publicidad en la calle. Además, un 82% está de acuerdo con la eliminación de las gigantografías y palomas y con la restricción al tamaño máximo y lugar de carteles.

Sin embargo, un 45% afirmó que en las pasadas elecciones municipales hubo menos información sobre los candidatos a alcalde, en comparación con los comicios de 2012. Un 36% consideró que hubo la misma información y un 14% estimó que existió más información.

De todas formas, solo un 38% se informó sobre las propuestas o trayectoria de los candidatos. De este porcentaje, la mayor parte lo hizo a través de internet, puesto que un 50,3% declaró haberse informado a través de sitios web y portales de noticias, pero además, un 24,9% declaró haber realizado el ejercicio por medio de las redes sociales.

La tercera fuente de información correspondió a los folletos de los candidatos (19,9%), dejando en un cuarto lugar a la televisión (17,4%). Los diarios y periódicos de papel obtuvieron el 10,4% de las menciones.

Según explicó Eduardo Engel, presidente de Espacio Público, «la ciudadanía no quiere volver a campañas carísimas, donde se tapiza las ciudades con rayados de murallas y gigantografías y donde quien tiene más financiamiento tiene una ventaja enorme sobre los demás candidatos. Lo que sí quiere es más información sobre los partidos a que pertenecen los candidatos y sobre sus propuestas programáticas. Es mucho lo que se puede hacer en esta materia, como instaurar una franja radial gratuita, realizar debates y que el Servel cree una plataforma informativa que contenga de manera sencilla y atractiva datos sobre quiénes son los candidatos, y su programa propuesto».

Agenda Probidad y Transparencia registra 61% de avance

En mayo de de 2015, la Presidenta Bachelet presentó la Agenda de Probidad y Transparencia, cuya materialización depende de 16 proyectos de ley, además de una serie de medidas administrativas.

Hasta el momento, se han aprobado 8 nuevas leyes: Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia, Autonomía Constitucional del Servel, Nueva Ley de Partidos políticos, Sanción de Pérdida del cargo, Educación Cívica Obligatoria, Probidad en la función pública, Nuevas Competencias para el fortalecimiento de los municipios y Fortalecimiento de la Alta Dirección Pública.

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La primera se relaciona estrechamente con los datos obtenidos a través de la encuesta. De acuerdo a la ley 20.900, promulgada en abril de 2016, las empresas no pueden aportar dinero a las campañas, porque solo lo tiene permitido las personas naturales. Además, ya no existen los aportes reservados y los recursos aportados a las campañas pueden ser conocidos por toda la ciudadanía. El Estado también figura en la normativa, a través de la cobertura de una parte de los  gastos electorales.

La ley dispone que, en materia de propaganda, no se pueden instalar carteles, afiches o palomas en cualquier parte, porque el Servel es el organismo encargado de habilitar las zonas destinadas para dichos fines. Las gigantografías también quedaron prohibidas, así como la propaganda en buses, paraderos o postes del alumbrado público.

De acuerdo a un estudio del Observatorio Anticorrupción publicado a principios de año, el avance total de las recomendaciones emanadas del Consejo Asesor Presidencial Contra Conflictos de Interés, Tráfico de Influencias y Corrupción alcanza un 61%.

El área que registra un mayor avance es el Financiamiento de la política para fortalecer la democracia (83%). Al interior de esta sección, las medidas relacionadas con la democracia interna y el financiamiento de los partidos políticas muestra un 91% de avance, la regulación de las campañas electorales un 79% y la fiscalización de la política y su financiamiento un 77%.

En contraste, la Prevención de la corrupción anota un 45% de avance, a pesar de que las reformas al sistema de Alta Dirección Pública alcanzan un 84% de progreso. Sin embargo, la creación de un servicio de evaluación de las políticas públicas se encuentra sin tranco alguno.

Otras secciones medidas por el Observatorio Anticorrupción fueron: Regulación de conflictos de interés (63%), Confianza en los mercados (61%) e Integridad, ética y derechos ciudadanos (47%).

Actualmente, se encuentran en trámite ocho proyectos de ley: creación del cargo de Fiscal Especial de Alta Complejidad en el Ministerio Público; creación de a Dirección General de Concesiones de Obras Públicas; la tipificación del delito de corrupción entre particulares y la modificación de las disposiciones del Código Penal relativas a delitos funcionarios; el Proyecto de Reforma Constitucional para limitar la reelección de las autoridades; nuevas exigencias de transparencia y reforzamiento de responsabilidades de los agentes de los mercados, transparencia del mercado del suelo e incrementos de valor por ampliaciones del límite urbano; el proyecto que previene y sanciona los conflictos de intereses, y modifica normas sobre inhabilidades e incompatibilidades en el ejercicio de la función pública; y la creación de la Comisión de Valores y Seguros.