Egipto: Organismo de derechos humanos exige investigar crímenes de las fuerzas de seguridad

Los miembros de las fuerzas de seguridad que durante décadas han reprimido violentamente a los egipcios deben responder de sus actos, ha dicho hoy Amnistía Internacional con motivo de la publicación de un informe en el que condena el uso de los poderes del estado de excepción bajo el gobierno del ex presidente Hosni Mubarak.

En el informe, titulado Time for Justice: Egypt’s Corrosive System of Detention, la organización pide que se abra de inmediato una investigación independiente sobre los abusos contra los derechos humanos perpetrados por el Departamento de Investigaciones de la Seguridad del Estado (SSI).

«Bajo la excusa del estado de excepción, se permitió durante años que las fuerzas de la seguridad del Estado del presidente Mubarak perpetraran graves violaciones sin temor al escrutinio ni al castigo”, señala el informe.

Amnistía Internacional (AI) ha afirmado que está dispuesta a poner su archivo de informes de derechos humanos a disposición de las autoridades egipcias para ayudar a la investigación.

APARATO DE TERROR

El 15 de marzo, tras protestas masivas, el Ministerio del Interior anunció que se había suprimido el SSI y que en su lugar se crearía un nuevo órgano de seguridad del Estado, pero no se han dado detalles si se investigará la actuación de sus ex agentes y si se ha puesto en funcionamiento algún sistema de investigación de antecedentes para su integración en las fuerzas policiales.

En las últimas semanas, AI ha documentado el uso constante de la tortura, la detención arbitraria, los juicios de civiles en tribunales militares y la represión de la libertad de expresión por las autoridades.

Después de que el Ejército dispersara violentamente a los manifestantes de la plaza de Tahrir el 9 de marzo, las manifestantes han declarado que fueron golpeados y se les aplicaron descargas eléctricas. Mujeres han afirmado que fueron sometidas a registros corporales sin ropa, las obligaron a someterse a “pruebas de virginidad” y las amenazaron con acusarlas de ejercer la prostitución.

“Aunque los uniformes hayan cambiado, hemos visto que los cuadros de abusos continúan siendo los mismos. Es fundamental que se rindan cuentas de los crímenes cometidos en el pasado para que quede bien claro que ya no se tolerarán más violaciones”, ha dicho AI.

Los agentes del SSI utilizaban la detención administrativa para recluir a personas que se mostraban críticas con las autoridades egipcias, activistas de derechos humanos y presuntos delincuentes durante todo el tiempo que deseaban, sin intención de que fueran procesados en un juicio penal.

Las autoridades no han dado a conocer nunca cuántas personas había en régimen de detención administrativa. Las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos calcularon que en los últimos años del régimen de Mubarak el número ascendía a entre 6.000 y 10.000.

Mohamed Abu Essaoud Ismail, de 52 años, fue una de las muchas personas que permaneció detenida hasta 20 años.

Fue arrestado en 1991 por presunta pertenencia al Grupo Islámico (Gamaa al-Islamiya), una organización islamista armada. Su familia no supo nada de él hasta 1998.

No quedó en libertad hasta febrero de este año, tras la caída del presidente Mubarak. Había sido torturado y se le había negado la atención médica adecuada por problemas de salud que padecía desde hacía largo tiempo.

En mayo de 2010, las autoridades egipcias dijeron que la detención administrativa sólo se utilizaría para evitar delitos de terrorismo o relacionados con las drogas y limitaron en consecuencia la aplicación de la  Ley del Estado de Excepción. De hecho, han utilizado continuamente los poderes que esta ley les confería para reprimir la libertad de expresión y de reunión y la oposición política pacífica.

Tras la caída del presidente Mubarak, el nuevo ministro del Interior anunció el 12 de marzo de 2011 que desde comienzos de febrero habían sido puestos en libertad 1.659 personas que estaban bajo detención administrativa, pero se desconoce cuántas permanecen en esta situación.

El Ciudadano