Diputados solicitan a Contraloría pronunciamiento por cálculo de mortalidad que bajó las pensiones en 2%

El 20 de noviembre de 2015 las superintendencias de Pensiones (SP) y de Valores y Seguros (SVS) informaron que, a contar del 1 de julio del año siguiente, entrarían en vigencia las nuevas tablas de mortalidad, con las cuales se calculan las pensiones de los afiliados al sistema de capitalización individual, así como las reservas técnicas de las compañías de seguros de vida y del aporte adicional del seguro de invalidez y sobrevivencia.

Este procedimiento entregó como proyección una disminución cercana al 2% de los pensiones de aquellas personas que decidan jubilar desde el 1 de julio de 2016. Para las mujeres afiliadas al sistema de pensiones, se calculó que vivirán en promedio hasta los 90,31 años, esto es 1 año y 2 meses más respecto de las tablas anteriores. La mayor expectativa de vida implica un descenso promedio de 2,2% en las pensiones por retiro programado, puesto que el ahorro provisional debe cubrir la mayor longevidad a través de una mayor cantidad de pagos mensuales.

En el caso de los hombres que tienen 65 años (edad legal de jubilación), la estimación sobre su expectativa de vida alcanzó un promedio de 85,24 años, esto es 7 meses más respecto de las tablas precedentes. A partir de este recálculo, las pensiones para este segmento de la población bajarán en promedio 2,1%.

Una caída en las pensiones no pasa inadvertida en estos días, considerando el debate previsional que explotó en 2016, a raíz de las multitudinarias marchas convocadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores No+AFP. En este sentido, desde el Parlamento también reaccionaron a las resoluciones de ambas superintendencias.

Durante esta jornada, la bancada de diputados de la Democracia Cristiana (DC) presentó un requerimiento ante la Contraloría General de la República para que se pronuncie «respecto de la legalidad de las tablas de mortalidad», según apuntó el diputado Fuad Chahín, uno de los parlamentarios que acudió a la presentación del oficio, en compañía de Ricardo Rincón.

«Nosotros creemos que, al aumentar de manera artificial las expectativas de vida y bajar las pensiones de los chilenos, sobre todo aquellos que se han pensionado a partir de julio de 2016, es un error y una injusticia enorme y, por lo tanto, creemos que es fundamental que esas tablas de mortalidad puedan corregirse y declararse ilegales», manifestó Chahín.

En tanto, Rincón señaló que julio impugnaron la resolución de las superintendencias, pero no han tenido respuesta. Además, cuestionó el actuar de los organismos. «La SP y la SVS están autorizadas y mandatadas por ley a evaluar las expectativas de vida, (pero) la ley no le impone por marco normativo una obligación de calcular tablas de mortalidad y expectativas de vida. No existe tal imposición, menos para períodos de tiempo predeterminados, en este caso seis años, lo que anticipa que en seis años más vamos a tener una nueva expectativa de vida», afirmó.

Esto porque la actualización de las tablas de mortalidad se realiza periódicamente, a fin de ajustar las proyecciones de expectativas de vida de las personas, sobre la base de la experiencia más reciente de sobreviva de la población de pensionados.

A su vez, las tablas de mortalidad elaboradas por la SP y la SVS solo aplican a la población afiliada al sistema de pensiones de capitalización individual y no afectan a las pensiones ya entregadas, sino que solo a las de las personas que decidieron pensionarse a partir del 1 de julio de 2016.

Posibles modificaciones

De acuerdo a una publicación del Diario Financiero, representantes de la Nueva Mayoría y de ChileVamos habrían acordado una serie de puntos para incorporar a una eventual reforma provisional, que el Ejecutivo enviaría durante el segundo semestre. Uno de los puntos adelantados sería establecer una tabla única de mortalidad o «subsidiar la tabla de las mujeres», que luego del cambio situó la expectativa de vida femenina sobre los 90 años. 

Por otro lado, luego de la presentación del requerimiento ante la Contraloría, el diputado Fuad Chahín también se refirió a una posible modificación de la materia, que permita financiar una «cuarta edad».

En este sentido, el parlamentario propuso que el aporte vía capitalización individual se destine a una cuenta de ahorro que financie la vida del pensionado/a hasta los 80 u 85 años, «y que con posterioridad, esto se financia con un seguro de ‘cuarta edad’ o ‘seguro de longevidad’, justamente para poder evitar esta situación tan injusta, porque las personas que fallecen antes, que tienen retiros programados, dejan una tremenda herencia de sus fondos de pensiones, pero durante su vejez tuvieron que recibir pensiones miserables».