Esta mañana, la abogada querellante en el caso Fipes, Marisa Navarrete, se refirió a la decisión de la Corte de Apelaciones de Coyhaique de otorgar el sobreseimiento que al senador DC Patricio Walker, investigado por gestionar aportes de empresas pesqueras al diputado Iván Fuentes, entonces dirigente de la pesca artesanal.
Navarrete aclaró que el financiamiento de una campaña no constituye un delito, sino que «lo que es delito es que una persona, un funcionario público, pida un beneficio económico para sí o para terceros, con infracciones a los deberes de su cargo».
Además, criticó la decisión de la Corte de Apelaciones porque a su juicio se basó en una investigación «preliminar». «Me parece que la Corte de Apelaciones de Coyhaique se ha extralimitado en sus atribuciones, toda vez que si bien el sobreseimiento definitivo puede solicitarse por la defensa en cualquier momento, el sobreseimiento definitivo se tiene que decretar cuando hay una investigación que está completa o en otro caso, por ejemplo, cuando no es necesario investigar nada, porque de los meros hechos se constata una prescripción», señaló en conversación con radio Sonar.
Otra de las observaciones planteadas por la abogada apunta a las dificultades que tendría para el caso si se conocen nuevos antecedentes que inculpen a Walker. Según explicó, «cuando se trata de los mismos hechos que fueron objeto de sobreseimiento y aparezcan nuevos antecedentes, la responsabilidad penal ya se extinguió, porque se ha decretado el sobreseimiento definitivo de la causa y eso es inamovible».
Navarrete adelantó además que interpondrán un recurso de queja ante el tribunal, «porque existe una abundante jurisprudencia de la excelentísima Corte Suprema que, en casos similares, ha optado por rechazar sobreseimientos definitivos».