El nuevo trabajo del ex fiscal Peña

Suspicacias genera el nuevo trabajo de quien fuera el fiscal más implacable de Santiago. Acostumbrado a perseguir bandas de narcos, ahora Alejandro Peña se hará cargo de monitorear los conflictos sociales para el gobierno de Sebastián Piñera, trabajo que para muchos comenzó cuando aún era fiscal e investigaba el Caso Bombas y el incendio de la cárcel de San Miguel.

Hace exactamente una semana, una fría mañana de lunes, por una puerta lateral del palacio de Gobierno entró a paso rápido y sigiloso un personaje menudo, sin mayor aspavientos y esquivando a la prensa que bosteza en la puerta de La Moneda esperando alguna autoridad. Era el primer día de trabajo de quien fuera el fiscal más implacable de Santiago, cuyo afán persecutor rayaba con la obsesión y que  logró condenar a una banda de narcos sin jamás hallarles droga en su poder y que ha mantenido durante meses preso a un grupo de jóvenes a los que acusa de poner bombas en Santiago con pruebas como tener un documental o un libro.

Nadie vio al ex fiscal Alejandro Peña esa mañana, sólo hasta pasado el medio día cuando apareció junto al subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla. Un apretón de manos ante las cámaras, una palmada en la espalda y la obligada sonrisa ante los flashes fue la presentación del flamante jefe de  la División de Estudios de dicha repartición.

El minúsculo personaje sólo se limitó a pedir la colaboración política para “entregar a Chile un país más seguro”, desestimó las críticas respecto a su nombramiento y dijo que  “hay que mirar hacia el futuro, el subsecretario ha dejado todo definido y la transparencia no es tema”.

Días antes, luego de que el 6 de abril Peña renunciara a su cargo como fiscal jefe de la Zona Metropolitana Sur, aparecía en la portada de El Mercurio junto al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter en una imagen similar a las de la serie Los Soprano.

Es la imagen del fin de la primera saga de una historia marcada por conflictos de interés de un funcionario que siendo fiscal del Ministerio Público desarrolla una carrera para ganarse un puesto en el Ejecutivo.

LA CARRERA DEL ZAR ANTI DROGAS

La experiencia de Peña parte siendo abogado de la Corporación Promoción y Derechos del Pueblo (Codepu), cuando la institución defendía a presos políticos que habían luchado en contra de la dictadura. Pero lo que lo catapultó a la fama fueron sus ocho años ocupando la jefatura de la Fiscalía Metropolitana Sur cuando la Reforma Procesal Penal recién se estrenaba.

En dicho cargo cobró fama con la desarticulación de bandas de narcotraficantes de la zona, como ‘Los Cara de Jarro’ y ‘Los Cara de Pelota’, a quienes logró condenar pese a que jamás les halló drogas en su poder, por los delitos de tráfico de estupefacientes, lavado de activos, asociación ilícita y porte ilegal de armas de fuego.

Peña además logró desbaratar otras peligrosas bandas de narcos que operaban en el sector sur como Los Phillips y Los Guarenes. Su capacidad investigativa y celo a la hora de buscar fórmulas para condenar a los imputados le valió que lo denominaran como el zar antidrogas.

Claro que Peña no sólo se ha ganado la mala leche de bandas de narcos. Semanas antes de postular al cargo de Fiscal Nacional se destapó una denuncia de su esposa por violencia intrafamiliar, la que finalmente fue archivada.

Tampoco cayó bien entre los funcionarios judiciales, quienes lo acusaron de prácticas antisindicales, por lo que fue sancionado a nivel administrativo y perdió su bono por desempeño personal. Otro impasse tuvo con la fiscal Ana Quintana, quien lo denunció por un supuesto maltrato, causa del que Peña fue sobreseído luego de una investigación del Ministerio Público.

LA OBSESIÓN DE HINZPETER POR EL CASO BOMBAS

Peña asumió la investigación del Caso Bombas el 14 de junio del 2010, luego de que la máxima autoridad del Ministerio Público, Sabas Chahuán, lo designara a cargo de la investigación llevada hasta esa fecha por el fiscal Xavier Armendáriz.

La nominación de Peña fue por presión del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, quien acusaba la lentitud en la entrega de resultados. Peña, ni corto ni perezoso, se abocó a la investigación y en dos meses mandó a apresar a 15 jóvenes de tendencias anarquistas, inculpándolos del estallido de más de cien bombas en la capital desde diciembre del 2006.

También en la oportunidad Peña quedó a cargo de la investigación en contra del ciudadano paquistaní Mohamed Saif Ur Rehmam, quien fue detenido en la embajada de Estados Unidos y se le acusó de llevar trazas de tetril, componente del TNT.

Si bien el nombramiento fue en junio, trascendió que los contactos entre Hinzpeter y Peña se remontaban a marzo del 2010, ocasión en que el ministro ya sondeaba al fiscal para irse a trabajar a la Subsecretaría del Interior, según declaró el propio Peña.

Si en el caso del paquistaní, Peña se apresuró a cerrar la investigación al no haber pruebas concretas, en el Caso Bombas imputó a los jóvenes, cita en el proceso a casi 800 testigos y la solicitud de condenas alcanzan 211 años en total. Incluso llegó a pedir cadena perpetua en contra de los supuestos líderes de dicha organización.

En la acusación a los imputados, Peña los acusó de formar una asociación  terrorista y da pruebas como un póster de Axel Rose encontrado en el domicilio de uno de los imputados, la copia del libro El Arte de la Guerra de Sun Tzu o una copia del documental La Batalla de Chile.

El Ministerio del Interior, parte querellante en dicho proceso, quedó satisfecho con la labor de Peña.

A juicio de Mauricio Daza, abogado de uno de los imputados por este caso, el ex fiscal “es una persona centrada en la publicidad más que en su labor”. A juicio del jurista  extraña que Peña asumiera un cargo de confianza en el Ministerio del Interior, en circunstancias de que como es de naturaleza técnica, debiera haberse dirimido por concurso público, como todos los cargos de alta dirección pública. “Fue una jugada comunicacional hacia la sociedad entera –advierte Daza–; es un mensaje que se quiere dar respecto del manejo de la seguridad ciudadana”.

Peña también hizo bien la pega en la investigación por el incendio de la cárcel de San Miguel, donde murieron 83 personas, inculpándose del hecho a los gendarmes a cargo de su custodia y se adelanta una investigación en contra del ex director de Gendarmería del gobierno de Michelle Bachelet, Luis Masferrer. “Al echarle la culpa a cuatro gendarmes borras la responsabilidad política del Ministerio de Justicia y el de Hacienda” – reflexiona Daza.

MONITOREAR CONFLICTOS SOCIALES

Cuando trascendió que la división a cargo de Peña en Interior se dedicará a monitorear los conflictos sociales, no faltaron los cuestionamientos a que un ministerio encargado de la seguridad ciudadana se aboque a pesquisar sobre las organizaciones sociales. Claro que esta preocupación no es una invención de los actuales inquilinos de La Moneda.

Cuando Felipe Harboe era subsecretario del Interior, la conflictividad social era monitoreada a través de la División de Gobierno Interior. En la oficina de Harboe se podían hallar carpetas rotuladas con los nombres de Allegados de Peñalolén, Mapuches, Anarquistas y grupos neonazis.

El problema ahora es que quien estará a cargo de esto tiene experiencia en la desarticulación de bandas criminales más que en el trato con demandas de organizaciones políticas o sociales. El mismo Harboe señaló que Peña «tiene experiencia en persecución penal, no sé si en conflictos sociales».

Claro que con el allanamiento de casas okupas y la criminalización de jóvenes anarquistas, Peña ya tiene algo de camino recorrido.

Fuentes de La Moneda incluso sostienen off the record que Peña fue elegido por su fama y como será el rostro del Gobierno a la hora de reprimir los movimientos sociales,  Hinzpeter no se desgastaría y puede seguir tranquilo con sus ambiciones para suceder a Piñera.

Los objetivos del departamento de Peña se abocarán a la “elaboración y desarrollo de estrategias orientadas a la mantención del orden público» – según se desprende de un comunicado.

El año pasado ya se concentraron en identificar fechas emblemáticas cuando diversos grupos sociales salen a protestar, como el 29 de marzo (Día del Joven Combatiente); 11 de septiembre y el 1 de mayo. Para ello se implementó la realización de “controles policiales preventivos en los sectores en donde generalmente se concentraban los desmanes».

Para este año la subsecretaría trabaja en levantar información que les permita adelantarse a conflictos sociales, huelgas, problemas ambientales y otros eventos a lo largo del territorio. Entre las misiones de la División de Estudios está el recomendar la autorización de marchas y manifestaciones públicas que sean solicitadas a la autoridad.

Esta división fue creada por una ley que integra bajo el alero de la Subsecretaría del Interior, las anteriores subsecretarías de Carabineros e Investigaciones. La División de Estudio se subdivide así en departamentos de Orden Público, a cargo de Sylvia Delgado; Crimen Organizado, dirigido por  Marko Magdic y  Proyectos, mandatado por Felipe Baeza.

Una primera tarea del segundo departamento es la intervención en La Legua emergencia. Incluso el Gobierno planea integrar más fiscales al Ministerio del Interior como el fiscal de Puente Alto, Pablo Sabaj; Andrés Montes, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte; y de Héctor Barrios, de la Unidad Antinarcóticos de la Fiscalía Centro-Sur, según informó La Tercera.

PESCANDO INFORMANTES

Las tácticas investigativas de Peña, en su paso por el Ministerio Público, han sido cuestionadas. Recientemente Juan Sebastián Linares Ulloa, quien fuera militante del Mapu Lautaro y preso político, acusó que efectivos de la PDI le ofrecieron dinero para  que fuese informante para inculpar a los jóvenes acusados por el Caso Bombas.

Si bien Peña ya no está a cargo de las pesquisas, para los diputados Sergio Aguiló y Hugo Gutiérrez son evidentes los hilos del ex fiscal en este procedimiento, que habría ocurrido el lunes 18 de abril cuando los detectives llegaron hasta su casa y lo trasladaron al cuartel de la Brigada de Robos Occidente (Biro), por una orden de aprehensión pendiente en su contra por el delito de robo con violencia, que data de 1998. Una vez allí, Linares acusa que no fue interrogado por ese hecho, sino por el caso bombas y se le ofreció trabajo como informante.

“Lo que necesitaban ellos era alguien que se infiltrara en el movimiento y empezara a delatar y justificar las detenciones de los compañeros que están detenidos por el caso y en huelga de hambre» – dijo Linares, quien se negó a ser parte de la acusación.

El diputado Gutiérrez se hizo parte de la denuncia de Linares, quien al presentarse ante el tribunal constató, según señaló el actuario, que no tenía antecedentes de ningún caso que lo vinculara a delitos.

Linares asegura que en dicha ocasión por tercera vez le solicitaron que se incorporara como informante de la policía. Además sostiene que durante 19 años ha desarrollado una vida normal y no tiene contacto alguno con sus ex compañeros lautaristas.

El abogado Hiram Villagra asumió la defensa de Juan Linares y este lunes 25 de abril  presentará un recurso de protección a su favor para verificar si efectivamente, la orden de detención en su contra se encontraba vigente.

La PDI rechazó las acusaciones de Linares. El prefecto de la Biro, Víctor Carriel, sostuvo que Linares fue detenido en la vía pública al realizar un control de identidad y aparecer así la orden pendiente de 1998: «Nos remitimos a la orden de detención. En el cuartel estuvo sólo dos horas, no fue interrogado y luego fue puesto a disposición del tribunal» – sostuvo el prefecto.

La versión de Linares fue avalada por el diputado Sergio Aguiló, quien sospecha de que el ofrecimiento de infiltrarse en el grupo anarquista, haya provenido del propio ex fiscal  Peña. «Creo que el ex fiscal Alejandro Peña ofreció dinero» – sostuvo el parlamentario ex  PS.

El diputado también menciona que entre las pruebas presentadas por Peña para inculpar a los jóvenes detenidos, señalando que hay testimonios de “gente que convivió con ellos en las cárceles, es decir, personas que están por otros delitos y les han sacado conversaciones».

“Es altamente probable que algunas de las afirmaciones de los jóvenes, que me las han hecho a mí y puedo decirlas sin ningún problema, es que les hayan infiltrado personas, delincuentes comunes (…) y a ellos les hayan ofrecido dinero, concretamente el Ministerio Público a través del ex fiscal Peña, con o sin autorización del Fiscal Nacional» – agregó Aguiló.

Las declaraciones las hizo el diputado a CNN Chile, agregando que el ofrecimiento es una práctica común, avalada por la Constitución, por lo que no descartó que también se le haya pagado por información a delincuentes comunes, que están recluidos con los jóvenes acusados por el Caso Bombas.

Para evitar esta situación el viernes Aguiló presentó un proyecto para modificar la ley antiterrorista en los artículos que refieren a los testigos sin rostro y el quórum para que los acusados obtengan la libertad condicional en la Corte de Apelaciones. Aguiló dijo que los testigos sin rostros «pueden mentir y nunca van a enfrentar un juicio por ello, porque su identidad podría no conocerse nunca».

En Chile los testigos sin rostro han sido un recurso de las fiscalías para acusar a los presos políticos mapuches y a los jóvenes del Caso Bombas.

INQUIETUD EN ORGANIZACIONES SOCIALES

En las organizaciones sociales hay serias dudas respecto a que si el rol de Peña en Interior será el de criminalizar a los movimientos sociales, ya que reunir en una sola dependencia el crimen organizado, el narcotráfico y las demandas sociales se presta a equívocos.

El abogado Daza da cuenta de que “como abogado defensor constaté el afán del ex fiscal en criminalizar la crítica social. No hay que olvidar que fue colocado en la causa a instancias de Hinzpeter”.

A juicio del diputado Gutiérrez, la llegada de Peña al Ministerio del Interior “genera graves inconvenientes y pone en tela de juicio la reforma procesal penal, que tanto dinero ha costado al país, y que logró dotar de un órgano persecutor parcial y objetivo. La partida de Peña hacia el Ministerio del Interior, creo que manda todo esto al tacho de la basura”.

A juicio de quien se desempeñara como abogado de derechos humanos “se invalida lo que se ha buscado con el sistema procesal penal”. “Es preocupante que Peña se encargue de analizar los focos de conflicto social, los que asocia como un peligro para la seguridad pública. Esta postura es muy similar a su labor en el caso bombas” – añade Daza.

Nicolás, de Movimental, organización que organiza cada año la marcha por la  despenalización de la marihuana, opina que “es tremendamente preocupante que quien fuera un fiscal con amplia experiencia en la investigación de delitos criminales pase a encargarse de gestionar el orden público”.

“Creo que a las organizaciones sociales nos viene más duro a la hora de plantear nuestras demandas, no sea cosa que el ex fiscal Peña intente meter delitos ínfimos para criminalizar los movimientos sociales” – añade Nicolás.

Gutiérrez de igual forma considera que la acción del Gobierno no pasará más allá de una planificación mal hecha, debido a que “Peña no tiene ninguna atribución legal para inmiscuirse en los movimientos sociales. Si ocurre esto, el Ministerio del Interior estaría poniéndose fuera de la ley de manera flagrante”.

El diputado advierte que “el único que puede investigar delitos es el Ministerio Público, si Peña se sobreactúa en sus atribuciones su actuar va a estar al margen de la ley y vamos a estar pendientes de que eso no ocurra”.

Por Mauricio Becerra R.

El Ciudadano