Celco y el desastre de Valdivia: la hora de la verdad

El desastre del Santuario de la Naturaleza del Río Cruces marcó un antes y un después en la historia ambiental de Chile. El movimiento valdiviano surgido en respuesta a la masiva muerte de cisnes de cuello negro conmovió al país con su masividad y perseverancia.

Las repercusiones provocaron una crisis de proporciones en la institucionalidad ambiental, cuyo efecto final fue la reforma legal aprobada por el Congreso a fines del 2009 y vigente desde el 2010, que se tradujo en la creación del Ministerio del Medio Ambiente, la Superintendencia Ambiental y el nuevo Servicio de Evaluación Ambiental. A pesar de tales resonancias, sin embargo, el movimiento valdiviano no ha podido lograr su principal objetivo: detener el desastre y recuperar el Santuario.

Desde que el desastre comenzó, el 2004, Celco-Arauco no sólo ha seguido descargando sus desechos al Río Cruces sino que volvió a operar al 100% durante el 2008 y hace poco inició el trámite para duplicar su producción, lo que supondría más insumos, más desechos y más contaminación. El resultado ha sido que los cisnes y el Santuario siguen sin recuperarse, como lo confirman los monitoreos permanentes realizados por Conaf desde el 2005. Además, el Río Cruces presenta niveles de contaminación que superan con mucho los parámetros históricos para compuestos como los cloratos, un potente herbicida cuya única fuente conocida en la cuenca es la industria de Celco-Arauco y que la empresa repetidamente descargó muy por encima de lo autorizado durante los primeros años de operación, como consta en sus propios monitores.

¿Cómo se explica que el desastre haya persistido si la empresa ya fue identificada como la causante directa por científicos de la Universidad Austral de Chile? Efectivamente, en abril del 2005 científicos de dicha universidad valdiviana concluyeron que los efluentes de Celco-Arauco “bastaban para explicar el desastre” basados, justamente, en el abrupto aumento de los niveles de contaminación y su relación directa con las descargas de la celulosa al Río Cruces. La Conama, que había contratado dicho estudio, dejó el caso en manos del Consejo de Defensa del Estado, el que interpuso una acción civil en contra de la empresa con el fin de que reparara el daño causado, manteniendo invariable hasta hoy su convicción sobre la responsabilidad de Celco-Arauco.

La tardanza de un pronunciamiento oficial ha sido utilizada por la empresa para sembrar la incertidumbre. Con tal fin contrató a Fabián Jaksic y su equipo del Caseb-UC para cuestionar metodológicamente el informe de la Universidad Austral levantando la tesis de que era imposible demostrar “de forma irrefutable” la relación causal entre el desastre y las descargas de Celco-Arauco. Complementariamente, la empresa ha contratado o contribuido a financiar a varios otros ‘expertos’ que han propuesto rebuscadas hipótesis exculpatorias, desde la radiación ultravioleta hasta el levantamiento geotectónico sugerido por Nuño. Dicha campaña ha sido apoyada por figuras como el ex candidato presidencial y senador por Valdivia, Eduardo Frei, quien acompañó a uno de los tantos consultores contratados por Celco-Arauco a presentar su hipótesis exculpatoria en el Congreso. La empresa ha argumentado además que su tecnología de punta  –que tanto deslumbró a Nuño– igualmente la exculpa. Y de paso ha invertido millones en donaciones y campañas de imagen. El efecto ha sido paralizador para muchos que, confundidos, han preferido callar antes que acusar a la empresa sin que su responsabilidad esté legalmente demostrada. Ello no sólo ha permitido la continuidad del desastre sino que ha impedido iniciar la restauración comprometida el 2006 por Chile ante la Convención Ramsar.

Por eso es de tanta relevancia que los seis peritos independientes nombrados por el tribunal valdiviano hayan establecido, sin ninguna ambigüedad, una relación directa entre las descargas de Celco-Arauco y el desastre del Santuario. Con ello vienen a reparar la grave omisión de no haber contado hasta hoy con un pronunciamiento claro sobre la responsabilidad de la empresa.

En efecto, luego de revisar toda la evidencia presentada por ambas partes –incluyendo el video corporativo preparado por Nuño para la empresa– los peritos concluyeron que los desechos industriales de la empresa provocaron el colapso ecológico del Santuario, “la muerte súbita y total” de las plantas acuáticas –entre ellas el luchecillo–, la mortandad masiva de cisnes y otras especies, la pérdida de biodiversidad, y el aumento drástico de la contaminación en las aguas y sedimentos del humedal. Los peritos subrayan el accionar negligente de Celco-Arauco, reflejado en el incumplimiento reiterado de las condiciones de aprobación de su industria las que fueron sistemáticamente sobrepasadas, como lo comprueban 17 procesos sancionatorios. Además, señalan como agravante que la empresa, con toda su experiencia en operaciones similares no haya tenido en cuenta los efectos devastadores causados por las descargas tóxicas de emergencia durante episodios de “fuera de control”, los que promediaron uno diario el primer año de operaciones. A ello se suma la constatación de escurrimientos superficiales al Río Cruces de sustancias peligrosas que la empresa no sólo negó, sino que recién el 2007 comenzó a tratar como lo exige la ley. Los peritos también consideran como agravante que la empresa no haya realizado “ninguna iniciativa de restauración, remediación, compensación o preocupación significativa relacionada con el Santuario en estos 8 años”.

YO NO TENGO LA CULPA

Un punto crítico destacado por los peritos son los sistemáticos esfuerzos de Celco-Arauco por continuar “culpando a terceros con extrañas hipótesis y débiles explicaciones, evadiendo su responsabilidad o autoría en los hechos que produjeron el colapso y degradación ambientales hasta el día de hoy del humedal”. Consistentemente, todos los peritos independientes descartaron de plano las causas ‘naturales’ (climáticas, de radiación o geotectónicas) señalando que los estudios en que se basan presentan serios problemas metodológicos y son inconsistentes con la evidencia empírica disponible y con la temporalidad de los eventos. Precisamente en dichos estudios se basó Sergio Nuño, quien además ignoró los graves eventos de descargas tóxicas ocurridos durante los primeros años y en particular durante los primeros meses, y que constan en los monitoreos preparados por la propia empresa así como en fiscalizaciones de la Dirección General de Aguas y del Servicio Nacional de Pesca, entre otras. Todos los peritos independientes apuntan a que tales descargas masivas e ilegales –realizadas por la empresa a pesar de su conocida toxicidad y de la fragilidad del humedal– serían determinantes para explicar el colapso súbito del ecosistema, ocurrido a pocos meses de la puesta en marcha de la celulosa. En otras palabras, los peritos asumen que la empresa debió saber los efectos de sus acciones y que negligente (o dolosamente) no sólo persistió en ellas sino que las negó y ocultó, desinformando y confundiendo a autoridades y ciudadanos.

Debido a su incuestionable responsabilidad, así como a los agravantes de su accionar negligente, los seis peritos independientes consideran que Celco-Arauco debe compensar por los costos de los perjuicios ambientales, tributarios, al turismo y al comercio, así como por daños inestimables causados “al activo potencial turístico y sentido de identidad de la comunidad valdiviana”. Los peritos insisten que se trata de un daño ambiental, social y económico que ha continuado ocurriendo hasta hoy, y debido al cual la industria turística que operaba en torno al humedal colapsó junto al ecosistema. Los peritajes destacan, por ejemplo, que durante el año 2005 se produjo una baja de un 50% en el turismo de la Comuna de Valdivia, impactando negativamente al PIB regional. El costo estimado de todos los daños que Celco-Arauco debe pagar ascenderían a 86 mil millones de pesos. Según los peritos la empresa debe además financiar la restauración del Santuario y debe pagar por haber usado el humedal como planta de tratamiento cuaternario para sus efluentes líquidos.

LA VERDAD DE LOS INFORMES

Tres son las principales implicancias de estos informes. Primero, establecen oficialmente la responsabilidad de Celco-Arauco en el desastre de Valdivia, en el contexto de un juicio interpuesto por el Estado de Chile. Segundo, demuestran que la recuperación del Santuario es incompatible con la continuidad de las descargas de Celco-Arauco al Río Cruces. Y tercero, confirman que la empresa siempre supo que era responsable aunque haya hecho lo imposible por negarlo a través de millonarias campañas y estudios cuyo efecto ha sido agravar el daño causado, comprometiendo de paso la credibilidad de instituciones como la ciencia, y, más recientemente, de medios como TVN.

El fallo final de este juicio tomará aún algunos meses. De ratificar lo señalado por los informes de los seis peritos independientes la jueza Gloria Hidalgo estaría contribuyendo a detener y reparar el desastre. Sin embargo, las comunidades afectadas han pagado un costo demasiado alto que no podrá ser fácilmente compensado. No sólo han visto desaparecer parte de su patrimonio ambiental y de su activo económico. También han debido convivir con la incertidumbre sobre los riesgos a la salud derivados de la contaminación que día a día se acumula en su entorno. E igualmente grave, han presenciado impotentes cómo esta empresa ambientalmente irresponsable limpia su imagen con generosas donaciones –la última recibida por la propia Universidad Austral– mientras insiste en no tener relación con lo ocurrido en el Río Cruces. El reciente y lamentable episodio que involucra al productor Sergio Nuño es uno más de una larga lista de daños morales que Celco-Arauco le ha infligido no sólo a los valdivianos, sino a las instituciones y al alma de Chile.

Por Claudia Sepúlveda

Estudiante de Doctorado en Geografía Humana, University of British Columbia, Canadá.