Proyecto busca eliminar el control preventivo de las leyes del Tribunal Constitucional

Anular la posibilidad de que jueces designados coarten que la ley o el proyecto de ésta es el objetivo planteado por la bancada de izquierda al considerar este hecho atentatorio de la soberanía popular. Con ello, se pretende cesar la potestad heredada de la Constitución de Pinochet al hacer modificaciones como si existiera una verdadera tercera cámara.

“Hay procesos que deben ser previos más allá que se lleve adelante el proceso de cambio de constitución, ya que si no se modifican las atribuciones que la propia constitución les entrega, hasta este proceso puede verse coartado”, señaló la jefa de la bancada, Karol Cariola.

A juicio de la diputada, “más allá de no participar del cuoteo político para nombrar a sus miembros, la ciudadanía nos escoge para legislar, por ello planteamos tomar otras medidas porque vemos que este tribunal, particularmente en su composición actual, no está actuando en base a criterios objetivos respecto de la evaluación de las leyes en materia constitucional sino que lo hacen desde su mirada ideológica y no desde un rol netamente legal, jurídico o legislativo”.

“En el año 2005, durante el gobierno de Ricardo Lagos, se le dio esta atribución preventiva. Eso es algo que hay que revertir pues antes el TC hacia informes e incluso podía evaluar la implementación de la ley, por si tenía fallas, para que se modificara. Hoy se dice que no se puede legislar en una dirección, no se puede aplicar tal o cual reforma, dirigiendo el curso de la democracia. Por ejemplo, con la reforma laboral, se distorsionó su sentido e incluso se tuvo que recurrir, nuevamente, al TC para reclamar. Desmunicipalizar fue un logro largamente trabajado, gracias al mandato popular. Sin embargo, ante la amenaza de la derecha de usar el TC, incluso se podría frenar esa reforma”, afirmó la también diputada Camila Vallejo.

Complementando la exposición, la parlamentaria comunista cree necesario que haya un grado de mayor objetividad ya que “cuando la revisión es preventiva, los argumentos son, entre comillas, jurídicos pero tienen una base ideológica; en cambio si es posterior, ya hay una implementación y se puede comprobar que el argumento político ideológico tenía razón o no. De esta forma, cuando se dice que van a asesinar personas por la interrupción voluntaria del embarazo o se va a discriminar a los más pobres por el tema de la gratuidad en la instituciones que lucran, durante la implementación se da cuenta que este argumento tiene una clara posición ideológica”.

Según la representante del distrito nº19, que comprende Recoleta e Independencia, los 67 votos que se requieren para esta reforma constitucional provendrían del parlamentarios de la Nueva Mayoría y algunos independientes. “De lo contrario, el control injustificado y antidemocrático seguirá distorsionando todo un largo proceso: legislar en una comisión, en la Cámara y después, pasar al Senado, con cada uno de sus trámites. Si bien es absurdo, una posición política que puede ser minoritaria en la Cámara pero mayoritaria en el TC, termina coartando la posibilidad que leyes vean la luz y se transformen en leyes de la república”, aseveró la secretaria general de las JJ.CC.