Ante la información aparecida este viernes por la tarde sobre la investigación de la Fiscalía que detectó la existencia de boletas emitidas por la esposa del Subsecretario de Pesca, Raúl Súnico, pagadas por la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), el Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp), encabezado por su directiva nacional, exigen la inmediata remoción de esta autoridad.
Según el portal Ciper, de 2010 a 2013 el ex diputado Raúl Súnico (PS) operó en la Municipalidad de Talcahuano impulsando demandas favorables a la pesca industrial. En el mismo lapso, su cónyuge hizo 34 boletas para la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes). Pese al eventual conflicto de interés, el ahora subsecretario de Pesca ha mantenido en reserva este dato, aun cuando Asipes es investigada por financiamiento político ilegal. CIPER tuvo acceso a documentos de Asipes que muestran cómo Súnico ha favorecido a la industria en la tramitación de normas que regulan el sector, desconociendo el programa de gobierno.
Esta información se suma a la aparecida el viernes en el matutino La Tercera respecto a la misma investigación de la Fiscalía, en la cual una serie de parlamentarios, candidatos a alcalde y funcionarios aparecen involucrados con Asipes. Ayer, el presidente de Fenaspar Chile, Hernán Cortés, querellante del caso, recordó el rol del actual Subsecretario de Pesca, Raúl Súnico, con el ex alcalde Talcahuano (PS), Gastón Saavedra, quien habría recibido dineros de la gran industria según trascendidos de la fiscalía en investigación a Asipes y empresas asociadas.
“Olvidan que Subsecretario Súnico llevó a alcalde PS a hacer lobby al Congreso para aprobar Ley Longueira. Por tanto, falta que la fiscalía amplíe su investigación a todos aquellos que tuvieron un rol preponderante en la aprobación de la norma”, indicó Cortés.
El dirigente también señaló que además de la lista de parlamentarios involucrados según consigan hoy los medios de comunicación, destaca Hugo Arancibia, candidato a concejal en la última elección e histórico dirigente de la pesca artesanal vinculado a la de la gran industria “que se la jugó por aprobar la ilegítima ley Longueira, sirviendo a los intereses de las 7 familias”.
Cortés agregó que “la justicia nos está dando la razón y esperamos que los involucrados den la cara y digan la verdad, como los servidores públicos que han jurado ser”.
Cabe recordar que Fenaspar solicitó en noviembre pasado una serie de diligencias judiciales al Ministerio Público, a fin de conocer la real participación de los gremios pesqueros y sus empresas asociadas, entre las que destacan incautación de la contabilidad entre los años 2011-2013: