En una resolución histórica, que complica los planes del gobierno de Theresa May, el Tribunal Supremo británico ha sentenciado que el Parlamento deberá aprobar la activación de las negociaciones de salida de la Unión Europea.
La primera ministra y su gobierno pretendía sostener su derecho a utilizar la prerrogativa real -que permite al Ejecutivo tomar determinadas decisiones en nombre de la Corona sin consultar al Parlamento- para activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que abre el plazo de dos años de divorcio de la UE.
El fiscal general, Jeremy Wright, reconoció que el Gobierno se encuentra «decepcionado» por el fallo del tribunal. «Pero vivimos en un país en el que todos, incluido el Gobierno, estamos bajo el imperio de la ley», ha defendido, y ha añadido que el Ejecutivo «cumplirá» la sentencia. Sin embargo, Wright recalcó que no se ha pronunciado sobre la salida de Reino Unido de la UE, algo que «los ciudadanos ya decidieron en referéndum».
«El pueblo británico votó por abandonar la UE y el Gobierno cumplirá ese veredicto activando el artículo 50 antes del final de marzo, tal y como estaba planeado. El fallo de hoy no cambia eso en ninguna medida», explica una fuente de Downing Street. «Es importante recordar que el Parlamento apoyó el referéndum por un margen de seis a uno y que ya ha indicado su apoyo a continuar con el proceso de salida con el calendario que hemos establecido. Respetamos la decisión del Tribunal Supremo y presentaremos nuestros próximos pasos en el Parlamento en breve», añadió.
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