Detectan irregularidades en favor de Luksic, Anglo American, Barrick y SQM al interior de Sernageomin

Una investigación preliminar de la Contraloría General de la República verificó la existencia de errores en la fiscalización de numerosas empresas mineras que debían garantizar, en estrictos plazos, el cumplimiento de normas orientadas a minimizar los efectos de la extracción de recursos en el medioambiente una vez terminada su actividad.

Según documentos obtenidos por El Ciudadano, el ente constató, a través de entrevistas y revisión de documentos en poder del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), que dicho organismo usó una guía informal para aprobar la valorización de los llamados «planes de cierre de faenas mineras».

Según la ley 20.551, corresponde a esa institución velar por la correcta destinación y suficiencia del dinero que será invertido en el cese y retiro de cada proyecto y establecer normas que permitan prevenir riesgos sobre la vida, la salud y la seguridad de las personas y el entorno.

Dicho esto, el Preinforme de Investigación Especial Nº 836 de 2016, enviado en octubre del año pasado al ahora ex director de Sernageomin, Rodrigo Álvarez – quien fue sacado del cargo -, afirma que las metodologías empleadas en el trámite de aprobación de los costos de cierre por el servicio, no se encontraban «debidamente sancionadas mediante acto administrativo», lo cual atentaría contra el principio de control exigido en la ley de Bases Generales de la Administración del Estado.

Igualmente, en virtud de lo denunciado por un sujeto que pidió reserva de identidad a la Contraloría, se habría detectado un posible tráfico de información privilegiada correspondiente a las guías internas utilizadas por Sernageomin para calcular el valor de las medidas de cierre en el caso de cuatro faenas: Mina y Plaza Dos Amigos, Planta Pullalli, Planta Catemu y Mina Uva y Cardenilla.

Entrevistada para la investigación, la jefa de Gestión Ambiental y Cierre de Faenas, Ana Luisa Morales, señaló desconocer «cómo las cuatro instalaciones antes mencionadas pudieron haber tenido acceso a tal información, incorporada en la guía metodológica de uso interno (y no público) del servicio», con factores de corrección idénticos, tales como «zona geográfica, altura geográfica y centro de proveedores».

Otra irregularidad se vincula con la inexistencia de un mecanismo de coordinación entre Sernageomin y la Superintendencia del Medio Ambiente, para informar sobre hallazgos identificados en la evaluación de los planes. Junto con ello, aparecieron 57 casos en que el servicio habría considerado plazos mayores a los que establece la ley para que las empresas entregaran garantías del cierre de faenas.

En la tabla de trámites objetados por Contraloría figuran los proyectos: Salar de Atacama, de SQM Salar; María Elena y Pedro de Valdivia, de SQM Industrial; y Salar del Carmen y Nueva Victoria, de SQM S.A.; también los de AngloAmerican, Operación Los Bronces y Operación El Soldado; Pascua Lama de Compañía Minera Nevada, ligada a la canadiense Barrick Gold, y Los Pelambres del Grupo Luksic.

La misma situación afectaría a Ventanas, División Radomiro Tomic, División Chuquicamata, El Teniente, División Gabriela Mistral, El Salvador y Andina, de la estatal Codelco.

Cabe señalar que el 10 de noviembre de 2016, el nuevo director de Sernageomin, Mario Pereira, presentó los descargos al preinforme de Contraloría, negando la comisión de faltas administrativas. No obstante, en cuanto a la guía interna de los planes de cierre, admitió que esta presenta «deficiencias que han determinado su no aplicación» y que actualmente se estarían elaborando nuevas metodologías.

«En cuanto a la eventual filtración de información solo de uso interno, cabe informar que este Servicio no cuenta con antecedentes que permitan discernir si efectivamente se filtró la información en cuestión a las referidas empresas ni, mucho menos, quién o quiénes serían los eventuales responsables», informó Pereira.

El geólogo agregó que «debe señalarse que la señalada información es conocida por un importante número de profesionales al interior del Servicio, por aquellos que actualmente ya no pertenecen a la institución y por los que participaron en su confección».