El secretario ejecutivo de Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP), Patricio Rodrigo ante la reciente renuncia del director de la Comisión de Evaluación Ambiental de Aysén, Eduardo Lagos, y las inhabilitaciones de algunos Seremis, que deberían pronunciarse en los próximos días, acusó que “el proceso de Evaluación Ambiental no da garantías para pronunciarse sobre Hidroaysen”.
Un nuevo escándalo administrativo enfrenta el proyecto HidroAysén luego de que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Aysén queda automáticamente en manos de un subrogante por la renuncia de su director, Eduardo Lagos.
Esto “no da garantías para que el servicio pueda pronunciarse definitivamente a favor o en contra de HidroAysén, el mayor proyecto presentado en la historia de Chile”, manifestó Patricio Rodrigo, secretario ejecutivo del Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP).
“Creemos que el hecho que sea un funcionario subrogante quien asuma esta alta decisión, técnico-política, la de aprobar o rechazar un proyecto de la envergadura de HidroAysén, es una situación muy irregular», enfatizó Marcelo Castillo, abogado del Consejo de Defensa de la Patagonia, quien anunció que el organismo iniciará las acciones legales que correspondan ante tal circunstancia.
Cabe recordar que HidroAysén ya había pasado por una situación similar cuando en el año 2009, el secretario ejecutivo de la entonces Corema Aysén, José Pablo Sáez dejara el cargo en forma inesperada, quedando tal rol en manos de una funcionaria subrogante, Roxana Muñoz, por un extenso período.
El descabezamiento del SEA se suma a la información pública de inhabilitación de cuatro funcionarios, de quienes no se sabe oficialmente su nombre, y la solicitud de varias organizaciones regionales a la intendenta Pilar Cuevas y al seremi de Obras Públicas (Quemel Sade) para que se abstengan de participar en la votación por concurrir «circunstancias que les restan imparcialidad, criterio que estableció la Ley de Probidad».
En el caso de Cuevas por incluirse en el Plan Aysén, que lanzó Piñera el 11 de abril en Cochrane y que es el programa de Gobierno regional para 2010-2014, una glosa por U$ 1.505 millones en energía que correspondería a los aún en evaluación proyectos HidroAysén y Energía Austral, y en el caso de Sade por haberse pronunciado a favor de estos proyectos hidroeléctricos cuando recién asumió en Obras Públicas.
PREOCUPACIÓN DE LA ANEF POR LAS PRESIONES
Esta semana además el presidente regional de la Anef, Julio López, expresó que «venga de quien venga, no importa el cargo ni la jerarquía de quien la ejerza, cualquier presión contra funcionarios públicos para favorecer a HidroAysén en la evaluación ambiental debe ser denunciada y nosotros estaremos ahí para reguardar a los empleados fiscales afectados».
Esto, ante informaciones que señalan que se les habría presionado para dar su conformidad al tercer adenda, como efectivamente ocurrió en la mayoría de los casos. En este sentido indicó que los caminos que tienen los funcionarios para sus denuncias son hablar con los dirigentes sindicales de su propio servicio; utilizar la denuncia anónima en Fiscalía, tal como lo establece la Ley 20.205 que permite dar a conocer hechos de corrupción y faltas al principio de probidad al interior de los servicios públicos resguardando la identidad del denunciante.
El dirigente llamó a entregar la información a la directiva regional de Anef, al correo electrónico [email protected] o en la sede de la organización, ubicada en calle 12 de Octubre 23, de la ciudad de Coyhaique.
El Ciudadano
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