Influencia masónica en el Poder Judicial: El capítulo del MOP-Gate que complicó al presidente de la Suprema

La ex ministra de la Corte Suprema que investigó las grabaciones ocultas al juez Daniel Calvo, realizadas por un equipo del periodista Alejandro Guillier en el contexto del caso Spiniak, generó controversia la semana pasada al afirmar que el hoy senador del Partido Radical fue ayudado por jueces masones para quedar libre de los cargos que ella le imputó.

Gabriela Pérez dijo que el abanderado, quien estuvo preso en Capuchinos durante el proceso por extorsión a Calvo, zafó de las garras de la justicia en virtud de sus nexos con la masonería, y que el ex subsecretario General de Gobierno de Michelle Bachelet, Carlos Maldonado, le explicó que el manejo del caso en cuestión fue el motivo por el cual no tuvo la simpatía del Ejecutivo para llegar inmediatamente a la Suprema.

En respuesta, Maldonado negó la versión de Pérez. «Sus afirmaciones me parecen delirantes, lo digo consciente de la palabra. O la ex jueza Gabriela Pérez tiene una clara intencionalidad política o un gran problema en cuanto a su percepción de la realidad, sus recuerdos y suposiciones. O quizás ambas cosas a la vez. Sus teorías son sumamente aventuradas», aseguró el ex personero.

La polémica sacó ronchas en el presidente masón de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, quien calificó los dichos como una «ofensa» para la masonería y el Poder Judicial. En una breve entrevista con La Segunda, el ministro que participó en la revocación de la sentencia contra Guillier – y a quien por lógica estaba dirigida la acusación de Pérez – dijo que «la masonería trata de que el hombre sea mejor y no anda metida en esas cosas».

«Este país sería muy pobre si cada uno estuviera fallando en favor de personas con las que comparte algunas posiciones», manifestó.

Si bien la prensa escrita fue la tribuna que Dolmetsch eligió para condenar las palabras de la ex ministra Pérez, en 2003 las sospechas de un posible lobby ejecutado por el ministro del Interior José Miguel Insulza para controlar el vendaval de escándalos de corrupción que azotaban a la Concertación provocaron que el actual titular del máximo tribunal rindiera cuentas por escrito en un plazo no mayor a 48 horas.

El domingo 27 de abril de ese año, La Tercera reveló detalles de una cita realizada a puertas cerradas entre Insulza y tres jueces en un departamento de avenida Kennedy, frente al Club de Golf Los Leones, perteneciente al abogado que llevaba la defensa del Gran Maestro masón y ex rector de la Universidad de Chile, Luis Riveros, indagado en la arista MOP-Ciade por convenios cercanos a los $270 millones que habían servido para el pago de sobresueldos a funcionarios públicos.

Los ministros Hugo Dolmetsch, Haroldo Brito y Juan Araya compartieron de forma reservada con el ‘Pánzer’ 24 horas después de que la ministra Gloria Ana Chevesich procesara a 22 personas, entre ellas, el ex ministro Carlos Cruz, el ex director de Vialidad, Eduardo Arriagada, y el ex decano de Economía de la Chile, Ricardo Paredes, quien recientemente había sido careado con Riveros.

El encuentro sucedió poco antes de que se discutiera la ampliación del desafuero del entonces diputado PS Juan Pablo Letelier, investigado en ese momento por el pago de coimas en la adjudicación de plantas de revisión técnica en la Región de O’Higgins, cuyas pistas seguía el ministro Carlos Aránguiz.

En paralelo, Chevesich trataba de aclarar el robo del computador del ex director de Finanzas de Vialidad, Sergio Cortés, sustraído a plena luz del día desde el MOP en un caso que empujó al actual director de la ANI, Gustavo Villalobos, a negar potenciales vínculos de «La Oficina» con los delincuentes involucrados en el hecho.

Fue en este contexto que la bomba del diario de Copesa cayó como balde de agua fría en La Moneda, y más aún cuando fuentes citadas por el medio – entre algunos anfitriones – dieron cuenta de que en la reunión se habían discutido fórmulas para conseguir una amnistía implícita en el caso de los sobresueldos, lo que dañaba la imagen de independencia del Poder Judicial.

«Tras asistir al aniversario de Carabineros, el jefe de gabinete explicó que se trató de un encuentro de amigos y que por ello mantendría en reserva el contenido de la conversación. Sin embargo, no descartó que uno de los temas analizados en el encuentro fueron las posibles salidas jurídicas a los procesos que enfrenta el gobierno por irregularidades detectadas en diversos contratos del Ministerio de Obras Públicas con la empresa Gate y la Universidad de Chile, que están siendo investigadas por la ministra en visita Gloria Ana Chevesich«, publicó La Tercera el 28 de abril de 2003.

«(…) las presiones, si es que alguien las hace, evidentemente no se hacen así. No se conversan en una mesa con un montón de gente, ni mucho menos en un ambiente de cóctel y de comida. Esas son tonterías», explicó Insulza, quien ahora coquetea con el sillón presidencial.

Dolmetsch siguió la línea de su hermano de logias y fue más allá. Reconoció que «se habló de todo, desde Asprilla (futbolista colombiano) hasta el rector (Luis Riveros)», y que se trató de «una cena en que uno puede ir invitado por el dueño de casa y varios invitados», por lo que no tenía «ninguna trascendencia».

Al día siguiente aparecieron dos fotografías en portada: el mandamás de la Corte Suprema, Mario Garrido, y el presidente Ricardo Lagos. Se destacaba que el primero había contradicho públicamente la versión del gobierno para justificar la cita, luego que Lagos afirmara que «sería una falta de respeto a unos y otros suponer que porque hay una reunión, una conversación, hay interferencia», provocando un nuevo dolor de cabeza para la Concertación.

Tras una sesión del pleno que recibió «con sorpresa» la junta de Insulza con los magistrados, el presidente de la Suprema indicó que «el momento no era oportuno para que ministros de la Corte de Apelaciones tuvieran este tipo de reuniones… Los poderes del Estado deben preocuparse de su imagen ante la opinión pública y hay actos que en determinados momentos no aparecen como aconsejables».

«Si son efectivos los hechos publicados, tengo un superior jerárquico que deberá adoptar las medidas para que éstos no ocurran», había dicho la ministra Chevesich, por lo que Garrido tomó el toro por los cuernos, pidió informes a los tres jueces envueltos en el conflicto y suspendió un almuerzo con el Ejecutivo programado con anterioridad.

Una de las posturas más duras fue la adoptada por el entonces presidente del Colegio de Abogados, Sergio Urrejola Monckeberg, quien manifestó que «es grave que se pretenda ejercer influencia de este tipo» y que «los actores involucrados (en la cita) son conocidos por estas cosas».

Urrejola consideró inadmisible que se hablara, como había hecho Dolmetsch, de un encuentro de camaradería. «Si eran reuniones de amigos, ese ministro no entra a conocer causas de esos amigos. Me gustaría saber si alguno se ha inhabilitado en alguna causa de sus amigos», señaló.

Poco después, Gabriel Cáceres, abogado masón del ex rector de la Universidad de Chile y propietario de la dependencia de Kennedy, presentó su renuncia al órgano colegiado, no sin antes enviar un mensaje a Garrido, titular de la Corte Suprema.

«Autorizo para que le pregunte al señor presidente si recuerda haber estado en alguna ocasión en mi departamento con distintos y distinguidos dignatarios de este país. Pregúntenselo y esperen su respuesta», declaró en Radio Zero.

Aunque Garrido negó conocer a Cáceres, no pasó mucho para que bajara el nivel de sus críticas. En Canal 13 dijo más tarde que «en realidad, creo que se ha magnificado un poco la valoración que se ha dado a esta reunión», y la conclusión fue que la misma había sido inapropiada, pero netamente en «lo comunicacional».