El caso de Alan Peña: el niño que fue torturado hasta la muerte “para hacer justicia”

Alan Peña y su padre

En nuestro país, cada vez hay más vendettas y ajustes de cuenta, una suerte de ley del Talión a la chilena. El caso de Alan Peña, un niño de 13 años con síndrome de asperger, ha conmocionado y horrorizado a la sociedad. Alan fue torturado durante al menos 12 horas, asfixiado hasta la muerte por quienes lo secuestraron “para hacer justicia”. Según la investigación policial, sus asesinos son los padres de una niña de 5 años y dos amigos de la pareja, quienes pensaron que la menor había sido violada por Alan.

“Un hecho como el descrito no es aislado. Se ha vivido tanta violencia que ha quedado en la impunidad, debido al clasismo con el que se ejerce la justicia y el proceder de las policías, que se ha extendido la noción de que estas instancias no actúan y, si lo hacen, ya no habría solución”, dice Hervi Lara, de la Comisión Ética Contra la Tortura. Agrega que otro factor ligado al anterior, es la difusión que realizan los medios de prensa, especialmente la televisión: “Se insta a usar armas y se llama a ejecutar la ‘justicia’ por las propias manos debido a una especie de paranoia generalizada. Unido a los anteriores está el nivel de salud mental de la población. El individualismo, la intolerancia, la ausencia de diálogo, el miedo a las represalias, el temor al futuro, etc., dan como efecto el deterioro síquico que, fácilmente, es observable en conversaciones y actitudes, la extensión de las drogas y el alcohol, la indiferencia frente a lo que acontece, pues no se ve otra opción sino ‘salvarse uno mismo’”, agrega.

Alan -a quien apodaban como “el Calendario”-, era conocido en la capital de la IX Región por vender calendarios en la locomoción colectiva y en el Portal Temuco. Tras su brutal asesinato, se demostró que la menor no tenía evidencias de abuso. El fiscal Roberto Garrido expresó a la prensa: “Hay una reacción desmedida. Los padres no tienen seguridad de lo que le ha ocurrido a la hija, no recurren a Carabineros ni a un recinto asistencial. Van desencadenando una serie de sucesos que no tienen ninguna base comprobable y que están en su imaginación”.

Pablo Morales y Abraham Bravo secuestraron al adolescente y lo llevaron hasta una mediagua. Lo amarraron y torturaron hasta la muerte. Johana Mora le hizo varios cortes en la cara con una tijera. De madrugada lo asfixiaron con una bolsa de género y una almohada. Alan había abandonado el centro del Servicio Nacional de Menores (SENAME) en que vivía intermitentemente, el Centro de Reparación Especializada de Administración Directa “Alborada”. Un Tribunal lo sacó de su entorno familiar bajo una medida de protección. Su cuerpo sin vida estaba oculto debajo de una cama, cubierto con frazadas; su rostro tenía fracturas y cortes. Según la policía, fue golpeado con un martillo.

“‘Yo disparo primero al cuerpo y después pregunto’: esa es la norma de los milicos. Se vive a la defensiva y esperando agredir para no ser agredido. Cuando se ha perdido el sentido de la vida y, como dice Zitarrosa, ‘para sobrevivir hay que dejar de vivir’, se pierde la noción del otro y nos hundimos en el egoísmo que, por ‘asfixia del espíritu’, nos mata la dignidad. Es el mayor daño que nos ha hecho la dictadura: cuando se ha vivido padeciendo la violencia y la opresión y todo ha quedado como si no hubiera pasado nada, esta forma de vida se ha tornado ‘natural’. Cuando se ha perdido la razón de vivir y la esperanza de algo que nos trascienda, es que hemos perdido todo”, agrega Lara.

Según la Encuesta Nacional de Derechos Humanos (2015), del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), ante la pregunta: ¿Está de acuerdo con que las personas castiguen a presuntos delincuentes (desnudando, golpeando o insultando) como sucede con las detenciones ciudadanas?, un 43,5% respondió afirmativamente. Porcentaje bastante superior a la media se observó en Antofagasta (50,2%), Coquimbo (55,6%) y Los Ríos (52,8), y entre personas con educación media (47,4%), técnica superior (49,8%), de religión católica (47,0%) y otras (54,7%). Según Branislav Marelic, director del INDH, en la encuesta existe otro dato preocupante: 50,4% declara que “proteger los derechos humanos dificulta el combate contra la delincuencia”. “Esto implica que existe más de un 50% de personas que podría no creer en el debido proceso, en el respeto a la integridad personal, en el no torturar o en el derecho a la vida de una persona que es indicada como delincuente”, dijo a El Mostrador. Para Marelic tanto en las “detenciones ciudadanas” como en el uso de armas para “defensa propia” incide la alta exposición pública de estos hechos en la TV, generando la sensación de que estos hechos han aumentado.

ARBITRARIEDAD, BRUTALIDAD Y FALTA DE JUSTICIA

Para el sociólogo Felipe Portales, “lamentablemente desde la dictadura vivimos una sociedad estructurada en base a valores extremadamente individualistas, materialistas y autoritarios, que ha generado tremendas injusticias sociales y una desmoralización evidente en todos los planos. De allí que sufrimos una cultura altamente inmoral y delincuencial, que tiene su máxima expresión (monetaria) en nuestra clase más alta, pero que se refleja en formas cada vez más violentas en las clases más bajas, las que afectan más directamente la integridad física y síquica de las personas. Si además le agregamos que el Poder Judicial está cada vez más desacreditado por su extremo clasismo y por su creciente ineficacia, se tiende a producir, desgraciadamente, una progresiva recurrencia a formas de ‘justicia’ por propia mano, con las inevitables consecuencias de arbitrariedad y brutalidad de las que, todo indica hasta el momento, explican el crimen y la tragedia de Temuco”.

Por su parte, Francisco Castillo Olivares, sicólogo de la Universidad de Valparaíso, señala que sobre los crecientes casos de justicia por las propias manos, “se trata más bien de algo sintomático, y no del problema en sí mismo. La constante indefensión acosa a las personas como consecuencia de la percepción de que el gobierno no está haciendo justicia en casos determinantes, de que los organismos que deberían protegerlos no están actuando en el momento que corresponde y de la indignación que provoca ver a ciertos criminales en libertad, ya sea porque tienen contactos con influencia política o bien por la supuesta falta de evidencia; son factores que pueden desencadenar la búsqueda de justicia por medios propios”.

Según Castillo, el percibir que el Estado o gobierno no estén cumpliendo su rol regulador y protector está “instaurando a nivel social una sensación de desprotección e inseguridad: genera un impacto que se expresa netamente como una reacción colectiva en busca de aplacar el malestar ocasionado por la percepción de falta de justicia. Por ello, el que ocurran estos fenómenos sociales es síntoma de los errores o descuidos que se están cometiendo por parte del gobierno. Ahora, si bien el motivo de la indignación es perfectamente comprensible, el accionar es bastante cuestionable, sobre todo cuando implica a menores de edad, como en el caso del niño de 13 años que fue torturado por acusársele de violar a una niña de 5. La reacción de los padres de la pequeña fue desmedida, teñida por esta percepción negativa de justicia por parte del gobierno, lo cual se ve reflejado en la decisión de la madre al afirmar que ‘no realizaría la denuncia a Carabineros ya que desconfiaba que se hiciera justicia al tratarse de un niño de 13 años’”.

Para el sicólogo de la Universidad de Valparaíso, la sensación de vulnerabilidad, indefensión e indignación generada por la percepción de falta de justicia, sería una de las causas de este tipo de reacciones: “Ejemplos sobre este malestar hay bastantes en nuestro país -como el caso de Martín Larraín-, poniendo en duda la efectividad y transparencia de la justicia que se aplica. Queda en evidencia la falta de imparcialidad en los organismos que deben hacer valer la justicia, y la sociedad es cada vez más consciente de ello”. Agrega que “el efecto que esto puede generar es ver cada vez más gente tomando la justicia por sus manos, pudiendo llegar a cometer un crimen en pos de buscar un castigo para una determinada falta. Lo que debería cambiar, en primer lugar, es la transparencia y efectividad de la justicia impartida, el replanteamiento de algunas leyes -que solo favorecen a unos pocos-, y el que las sanciones aplicadas sean proporcionales a las faltas cometidas, independientemente del apellido, cargo, poder u orientación política del acusado. Uno de los efectos deseables de ese cambio, sería la reducción de este tipo de sucesos”, dice.

Pareciera que la tendencia aumenta, el ojo por ojo se mezclan peligrosamente con casos de femicidios, homofobia e incluso riñas que culminan en homicidios. A fines de 2016, Vicente Vera (48 años) fue asesinado frente a su pareja, Henry Vásquez (40), en el antejardín de su casa en La Cisterna: “Pasaron cinco hombres por delante de nosotros y al vernos, comenzaron a insultar a Vicente, a gritarle ‘maricón’ y ‘hueco’ y a preguntarle ‘si le gustaba la del burro’. Fue tanto el acoso, que Vicente pensó que los podía asustar con un palo y entonces se movió unos pasos. Ahí fue acuchillado en la cabeza y en su cuerpo por uno de los asesinos”, señaló Vásquez a la prensa. Llevaban 23 años de relación. Una muerte por el simple odio a la homosexualidad. Otro caso reciente ocurrió en Osorno. Un tribunal sentenció a 4 años de presidio por homicidio simple a un joven que dio muerte a un sujeto que junto a otras personas apedreaba el local comercial de su familia, en Rahue Alto. El padre y el hermano del joven condenado se encontraban atendiendo, cuando un grupo de personas ingresó a comprar bebidas alcohólicas. Tras un altercado, y pasadas las horas, el grupo volvió con palos y piedras para agredir al dueño. Su hijo -hoy condenado-, de 19 años, tomó un revólver y disparó contra uno de los atacantes, dándole muerte. Típico caso donde se percibe la propiedad como superior a la vida.

CULTURA DE LA VIOLENCIA DESDE LA NIÑEZ

Tras el escándalo de las muertes en el SENAME, la presidenta Bachelet anunció un plan de acción: 2.500 millones de pesos y el envío de proyectos de ley que reformularían la institucionalidad del Servicio. “Haremos que los niños vulnerables dejen de ser los invisibles del sistema”, señaló.

Según la UNICEF, el 71% de los niños, niñas y adolescentes (NNA) en nuestro país señalan haber sido víctimas de violencia en sus hogares; el 51,5% ha recibido violencia física y un 19,5%, sicológica. En el caso de la violencia física, un 25,9% ha sido víctima de violencia física grave, es decir, “han sido golpeados por sus padres o cuidadores con manos o pies, quemados con agua, cigarros u objetos o agredidos o amenazados con armas blancas”. Tras un fallo del Tribunal Oral en lo Penal de Ovalle en un caso de femicidio frustrado que consideró como atenuante “el arrebato y obcecación provocadas por la infidelidad del cónyuge”, UNICEF reiteró que “la violencia nunca tiene justificación ni atenuantes. Siempre debe ser condenada y nunca justificada”.

“El SENAME debe velar por los niños y niñas, cuidarlos y ser la institución que los apoye y rehabilite cuando sea necesario. No puede ser que allí estén peor que desde donde se los trajo”, dice el senador Alejandro Navarro, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. “En el SENAME, el 63% de los niños están con tratamiento farmacológico. Más de 3.000 sin la debida atención médica especializada. Hay que llevarlos a un centro asistencial infanto-adolescente de manera urgente. 1.334 menores se encuentran hoy en estado crítico. Es inaceptable que el propio Servicio reconozca que están en riesgo vital y no haga nada”, agrega.

Según cifras del Observatorio Niñez y Adolescencia, un millón de NNA en nuestro país vive en situación de pobreza, lo que equivale a uno de cada cuatro. “Eso también es violencia. Vivimos una cultura de violencia horrorosa que debiéramos cambiar de forma urgente”, dice Hervi Lara. No es un misterio que el Estado simplemente se ha desentendido de la protección de la infancia, privatizando y delegando su rol en ONGs colaboradoras, que lucran con el presupuesto gubernamental y cuentan, además, con bajos sueldos y precariedad laboral.

Se piensa que el SENAME es “un receptáculo de la basura social de la niñez”, dice Osvaldo Torres, coordinador del diplomado Niñez y políticas públicas, de la Universidad de Chile. Pocos reparan en que se trata de los más violentados en sus derechos. “La respuesta estatal son programas miserables para personas miserables… Es más inversión y no ‘gasto’, pues se trata de invertir en el desarrollo de la niñez, garantizando sus derechos como estrategia para prevenir que no se vulneren”, agrega.

Para el Bloque por la Infancia, las muertes de NNA bajo protección del Estado, es una “expresión brutal de su irresponsabilidad”. Advierten que los gobiernos se han negado a generar una Ley de protección integral de derechos de la niñez y adolescencia, que organice y coordine un sistema de protección efectivo y una política integral de la infancia: “La realidad es que las mujeres y luego los NNA son los grupos que más sufren la violencia en sus distintas manifestaciones: la pobreza afecta al 22%, siendo el grupo de mayor riesgo de vulneraciones, los NNA entre los 0 y 13 años”. Por su parte, la Red Chilena de Pedagogía en Contextos de Encierro, considera “inaceptable” la muerte de NNA en los centros de protección del SENAME, así como la respuesta del Estado y del gobierno: “Vemos con preocupación que, a 25 años de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, el Estado no haya sido capaz de formular e implementar políticas públicas con un enfoque de derecho y de protección de la dignidad de NNA. Es absolutamente condenable que no sea garante, sino que, por el contrario, opere con una lógica subsidiaria o asistencial, en la cual se desplaza a estas personas a condiciones de marginación y exclusión”.