Cuatro años de la muerte de Juan Pablo Jiménez: Acusan desinterés por investigar y pericia descarta «bala loca»

Han pasado cuatro años desde que los compañeros de trabajo en la empresa eléctrica subcontratista de Chilectra, Azeta, encontraron el cuerpo sin vida y con un disparo en la cabeza de Juan Pablo Jiménez, dirigente sindical y, por entonces, presidente de la Federación de Trabajadores Subcontratistas de Chilectra.

Además, Jiménez oficiaba de comunicador social en la radio comunitaria Enrique Torres, donde daba cuenta de la realidad del mundo del trabajo y sindical.

Cuatro años donde el Ministerio Público y la policía se han aferrado a la tesis de que una «bala loca» proveniente de la población La Legua, y que habría recorrido 1.036 metros hasta la cabeza de Jiménez, provocó la muerte del dirigente sindical. Línea de investigación que determinó que un menor de edad -Jonhatan- fuese detenido, enjuiciado y remitido, finalmente, a un centro del Sename a purgar sus supuestas culpas.

En este período, tanto la familia de Juan Pablo Jiménez como el equipo técnico que la acompaña, han llevado a cabo un trabajo constante para evitar que el caso sea olvidado y presentar las pruebas suficientes para poder reabrir la investigación. Evidencias que permiten concluir que, tal como se ha dicho desde febrero de 2013, el dirigente fue asesinado.

Sin embargo, el Ministerio Público, a pesar de abrir una nueva investigación, no ha llevado a cabo ninguna de las diligencias que la familia de Jiménez ha solicitado. Incluso más: no ha considerado el peritaje particular que echa por tierra la tesis de la «bala loca» planteada desde que su cuerpo es encontrado en los terrenos de Azeta.

Juan Pablo Jiménez

«A nosotros el juez que cerró el primer juicio nos dijo que primaba la verdad judicial por sobre la verdad real. Nosotros queremos justicia y que se descubra qué pasó con el asesinato de Juan Pablo, hay mucha pega por delante», señala a El Ciudadano la esposa del dirigente, Ximena Acevedo.

La muerte de Juan Pablo Jiménez no solo tiene connotación policial, sino que también se le debe dar un carácter político, debido a su posición de dirigente sindical que procuraba acabar con el subcontrato, y de crítica al funcionamiento de las instituciones, dada las acciones del Ministerio Público.

Ximena Acevedo

En este sentido, la abogada de la familia, Margarita Peña, sostiene que no se ven avances ya que «a partir de una serie de antecedentes que entregamos se ha abierto una segunda carpeta investigativa, la que presenta incluso a un presunto responsable. Pero en esa investigación no hay voluntad de avanzar, ni siquiera esa persona ha declarado«.

La viuda de Jiménez ratifica los dichos de la jurista y señala que «más que bloqueos, siento cero voluntad de investigar, no hay interés ni ha habido interés por aclararlo. Hemos insistido con ciertas diligencias, las que no se han realizado y que para nosotros es importante que se hayan realizado«.

Investigación a la medida

La tesis de que una bala loca acabó con la vida de Juan Pablo Jiménez se construyó e instaló inmediatamente iniciada la investigación, sin considerar una serie de factores técnicos. Tesis que incluso fue avalada desde el mismo gobierno de Sebastián Piñera, quien a la fecha aún era Presidente.

La abogada Peña sostiene al respecto que «la hipótesis de la ‘bala loca’ se impuso a los medios de comunicación antes que la del asesinato y esa tesis fue propuesta por personal de la PDI junto con el exministro del Interior del entonces presidente Piñera, Andrés Chadwick, cosa con la que nunca estuvimos de acuerdo». 

Esto queda ratificado con los dichos del perito criminalístico Francisco Pulgar, quien ha desarrollado su labor en el «Caso Bombas», en el caso de Víctor Hugo Montoya -acusado de poner un artefacto explosivo en la comisaría de Las Vizcachas- y, últimamente, en el caso de Brandon Hernández, joven mapuche que recibió un tiro de escopeta por parte de un funcionario de Carabineros.

Pulgar sostiene que «uno de los puntos importantes a considerar en este caso es el alcance máximo de la bala utilizada en la muerte de Juan Pablo Jiménez -una .40-, la que tiene un alcance por catálogo (por indicación del fabricante) de no más de 900 metros«.

«Según los cálculos que nosotros hicimos, en base a los datos que entregó la policía (velocidad del arma, ángulo de tiro) el alcance de la bala era de 816 metros, no más. Esta es la discusión que teníamos con los peritos de la BICRIM de la PDI», explica Pulgar a El Ciudadano, considerando los 1.036 metros desde el supuesto punto de inicio de la trayectoria de la bala. Y agrega: «Pudimos acreditar que los datos de la PDI estaban errados«.

Margarita Peña

A pesar de los antecedentes entregados a la fiscalía, ésta no ha llevado adelante las diligencias para esclarecer los hechos. En este sentido, Ximena Acevedo explica a este medio que «creemos que no hay interés real de saber qué hay detrás del asesinato de Juan Pablo. Hay un montón de irregularidades, cosas que se hicieron mal y te deja esta sensación de que no hay voluntad de investigar. No sé si están ocultando algo, pero no hay intención de esclarecer la verdad».

«Nosotros hemos denunciado que aquí hay una justicia para ricos y otra para pobres, si tú tienes dinero para mover todas estas cosas los culpables aparecen rapidito. Pero como Juan Pablo es una persona común y corriente, un trabajador, no hay voluntad de investigar», agrega la viuda de Jiménez.

Conflicto de interés

Francisco Pulgar

Una de las mayores críticas desde la familia del dirigente sindical tiene que ver con la actitud de la fiscalía ante la investigación, dejando entrever cierto deseo porque la causa, de una vez, pierda fuerza.

Ximena Acevedo sostiene en este sentido que «quizás hace años no habría tenido la misma repercusión (la muerte de Jiménez). Al ser Juan Pablo un dirigente sindical, creo que esperan meter esto debajo de la alfombra lo más pronto posible«.

«Sin embargo, los que hemos estado en esta lucha se lo hemos impedido», agrega Acevedo, quien destaca que «hoy todos saben la historia de la ‘bala loca’, que eso no es posible; a cuatro años de su asesinato se sigue convocando a mucha gente». 

Para la abogada Peña, en tanto, en este caso se puede evidenciar «un doble estándar en la diligencia de la fiscalía: hay casos en los que perician hasta un cigarrillo tirado en el suelo, agotan todos los indicios, y en este no ha sido así«.

«A las autoridades políticas les conviene que no aparezcan culpables, tal vez serían más graves las consecuencias si aparecen», recalca Peña.

Desde el punto de vista técnico, Francisco Pulgar agrega otro dato en este punto cuando declara que «los órganos auxiliares del sistema procesal penal están colapsados de trabajo, y eso hace que los peritajes no sean acuciosos ni que se respete la aplicación del método científico». En este caso -añade- «no se han reconstruido hechos o fenómenos, que es hacer la prueba empírica, cosa que aquí nunca se ha realizado».

«Las policías y fiscalías asumen teorías y no hay quien pueda sacarlos de ahí«, recalca el perito.

Subcontrato, el tema de fondo

Gonzalo Durán

«Este no es un mero caso policial, aquí hay una lucha sindical que está planteada que tiene que ver con la subcontratación, con extensas jornadas de trabajo y las pésimas condiciones de seguridad para ganar un salario relativamente decente», señala la abogada Margarita Peña al referirse al trasfondo del caso de Juan Pablo Jiménez.

En Chile hay poco más de un millón de trabajadores que realizan sus actividades bajo el régimen del subcontrato, con precarias condiciones laborales y salarios muy por debajo respecto de quienes cumplen similares funciones pero con contrato de planta.

Al respecto, el economista e investigador de la Fundación Sol, Gonzalo Durán, sostiene que «el subcontrato se mantiene como un problema latente en nuestro país, hoy son casi un millón de trabajadores que están en este tipo de régimen de trabajo. Esto obedece a formas flexibles de trabajo que las empresas ocupan para tener ahorro de costos». 

Al mismo tiempo, Durán recalca que «estos trabajadores pueden ganar un 30% menos que los de planta por la misma función y se les dificulta más el ejercicio de sus derechos laborales».

El subcontrato es, según comenta el economista a El Ciudadano, uno de los pilares del modelo económico chileno, dado que «se transforma en el gran mecanismo de disciplina para que los trabajadores no puedan organizarse y con eso las empresas puedan imponer sus condiciones de trabajo».

«Esta es una forma política de despojar a los trabajadores del fruto de su trabajo«, finaliza Durán.

@joserobredo