Murió Hugo Bravo, ex gerente de Empresas Penta y el hombre que abrió la boca y arrastró a la UDI al centro del escrutinio público por el financiamiento irregular que recibía del consorcio dueño de Banmédica, entre muchas otras inversiones.
Su muerte no lo erige como mártir ni nada que se le asemeje, sino que evidencia por completo la paradoja de un hombre de negocios que se favoreció de un fraude tributario, pero que fue clave para destapar el mecanismo a través del cual el poder económico tiene a sus pilas a los partidos políticos, en este caso, a la formación política defensora a ultranza del modelo político y económico impuesto en la dictadura cívico-militar.
Un cabro del barrio Yungay
Hasta los 13 años, Hugo Bravo López vivió en una casa del barrio Yungay, en la comuna de Santiago. Era hijo de la abogada Sarella López y del arquitecto Hugo Bravo, personaje que da nombre a una calle de Maipú, municipio en el que trabajó como director de Obras Públicas. Estudió en el Instituto Alonso de Ercilla, donde fue un alumno del montón, promediando nota 4,8 en su vida escolar.
Sin embargo, Bravo ingresó a estudiar ingeniería comercial en la Universidad Católica con solo 16 años. Allí conoció a Carlos Eugenio Lavín, uno de los controladores del grupo Penta. Ambos trabajaron en el Grupo Cruzat, junto a Carlos Alberto Délano (alias «el Choclo», el otro controlador de Penta), luego en Provida y en Compañías de Vida y Generales del Consorcio Nacional de Seguros, hasta 1986, año en que los Carlos adquirieron la Compañía de Seguros Generales y se llevaron a Hugo Bravo a trabajar con ellos. En 1995 llegaría a ser el gerente general de las empresas Penta.
El amigo que lo llevó a la fiscalía
Bravo entabló amistad con el martillero Jorge Luis Valdivia, quien además fue colaborador de la CNI. A través de este último, Bravo pudo acceder a una operación fraudulenta al interior del Servicio de Impuestos Internos (SII), que reportaba millonarias devoluciones de impuestos a diversos contribuyentes reclutados por Valdivia.
El fraude al mecanismo del Fondo de Utilidades Tributarias (FUT) se generaba porque funcionarios del SII modificaban las declaraciones de renta de personas jurídicas, con el fin de habilitarlas para recibir las devoluciones por concepto del FUT. Por medio de esta «movida», Hugo Bravo consiguió que el fisco le devuelva $260 millones, indebidamente.
Con estos antecedentes, el fiscal Carlos Gajardo llegó hasta Hugo Bravo, luego de que Iván Álvarez, funcionario del SII, declarara que Jorge Luis Valdivia se encargaba de reclutar contribuyentes. Su vinculación a la investigación le costó la gerencia de Penta a Bravo en julio de 2014 y la amistad con los Carlos. Ante la vuelta de espalda de sus ex empleadores, Bravo decidió colaborar con la fiscalía, con lo cual se abriría el caso que logró moverle el piso al partido heredero de la dictadura pinochetista, la Unión Demócrata Independiente (UDI).
La UDI como «departamento legislativo» de Penta
Hugo Bravo declaró ante el fiscal Gajardo que Penta entregó dinero para financiar las campañas electorales del partido fundado por Jaime Guzmán. Los aportes habían sido por la vía legal, pero también por mecanismos irregulares, que no figuraban en los registros del Servicio Electoral (Servel).
Fueron varios nombres del gremialismo los que salieron de boca de Bravo en su declaración ante fiscalía: Jovino Novoa, Ena von Baer, Iván Moreira, Pablo Longueira, Pablo Wagner y Ernesto Silva. Además, con la explosión del caso se supo del millonario almuerzo protagonizado por el ex ministro de Hacienda, Andrés Velasco, quien habría cobrado $20 millones por la cita en la que participó junto a Carlos Eugenio Lavín, Carlos Alberto Délano y Juan José Santa Cruz, según la declaración de Manuel Antonio Tocornal, gerente general de Penta.
De acuerdo a las declaraciones de Bravo, los pagos irregulares para las campañas se habrían realizado mediante el pago de boletas extendidas por cercanos a los políticos favorecidos, aun cuando los trabajos que justificaban los pagos nunca se habrían materializado. La historia revelada por Bravo permitió que los Carlos fueran acusados de evasión tributaria.
Castigo de la justicia y muerte
El proceso judicial continuó su marcha y en marzo de 2015 los Carlos, Hugo Bravo, Pablo Wagner, Iván Álvarez y Marcos Castro (gerente de contabilidad de Penta) fueron puestos en prisión preventiva en el anexo penitenciario Capitán Yáber. Ese 7 de marzo, Bravo sufrió una descompensación tras ingresar al recinto.
El 14 de marzo, la justicia resolvió revocar la prisión preventiva para Bravo y Castro, ordenando arresto domiciliario y arraigo nacional por un total de 120 días mientras duraba la investigación. En abril salieron de la cárcel Délano y Lavín. También quedaron con arresto domiciliario total y arraigo nacional.
Jovino Novoa, en tanto, fue condenado por la justicia como autor de delito tributario, con lo cual fue condenado a tres años de presidio en su grado menor y una multa equivalente al 50% (7,5 millones) de lo defraudado y a cinco unidades tributarias anuales.
Sin embargo, la muerte tocó la puerta de Hugo Bravo el pasado domingo 26 de febrero, a horas de la realización del juicio abreviado en su contra por delitos tributarios. Una falla multisistémica terminó con su vida mientras estaba internado en la Clínica Las Condes. Sufría diabetes crónica, problemas cardíacos, renales, neuropatías diabéticas y artropatía de Charcot. Tenía 71 años.