OAS, Odebrecht y Petrobras: Aprueban Comisión Investigadora por campañas de Enríquez-Ominami y Bachelet

Por 64 votos a favor, 9 en contra y 15 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó este martes la creación de una Comisión Investigadora, a fin de dilucidar las eventuales faltas que se habrían cometido a través de organismos públicos. Esto, en el contexto de supuestos financiamientos, provenientes del extranjero, para la campaña presidencial del candidato Marco Enríquez-Ominami y la actual Presidenta de la República, Michelle Bachelet.

La instancia indagará la actuación de aquellos organismos en pos de asegurar la legalidad de los recursos, en el marco de las investigaciones a las compañías brasileñas OAS -parte del consorcio que construye el Puente Chacao en Chiloé-, Odebrecht y Petrobras en varios países, producto de acusaciones de soborno y cohecho.

“La clara intención de que se investigue es clave para la democracia. Lamentablemente, mediante delaciones compensadas, ejecutivos de OAS mencionaron que Chile está involucrado. Por eso es necesario que vayamos esclareciendo si hubo o no financiamiento extranjero a las campañas políticas”, señaló la diputada Paulina Nuñez (RN).

En 180 días, los integrantes de la instancia fiscalizadora deberán determinar los errores en que podrían haber incurrido algunas instituciones, así como las responsabilidades políticas que pudiesen derivarse de su accionar. “Las responsabilidades administrativas y políticas serán las investigadas. Lo que hagan fiscales y jueces va por carriles separados. Analizar las irregularidades hacen razonable nuestro investigar y esto es un paso adelante”, remató el diputado Felipe Ward (UDI)

A pesar de ello, y consultado por la abstención frente a la votación, el diputado Juan Luis Castro afirmó que “el PS advierte la inutilidad de una acción de esta naturaleza estando todo en manos de la fiscalía para que investigue”. A su vez, recordó las palabras del coordinador de campaña en ese entonces, Rodrigo Peñailillo, quien dijo que “no hubo transgresión a la ley”.

El mayor escándalo de corrupción de Brasil

Odebrecht, el mayor grupo de construcción e ingeniería de América Latina, y OAS están entre las 31 constructoras que se coludieron para manipular contratos en Petrobras. En EE.UU, la empresa fue acusada de haber violado una ley que pena el pago a agentes públicos en el exterior. En Suiza, es sospechosa de haber defraudado el sistema bancario.

Los dineros obtenidos de manera fraudulenta sirvieron para financiar campañas a lo largo de Latinoamérica, como en el caso de Perú y su ex presidente Alejandro Toledo o Colombia, con Juan Manuel Santos y Oscar Omar Zuluaga, que en 2014 recibieron 3,6 millones de dólares en total para competir por la presidencia de su país.

El caso aceleró la caída de la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, quien enfrentó un juicio político que la llevó a cesar su cargo. Posterior a ello, el presidente de facto Michel Temer negó haber pedido en 2014 casi 3 millones de dólares al propietario de Odebrecht para las campañas electorales de miembros de su partido, el PMDB.

Odebrecht fue sentenciado a pagar una de las mayores multas del mundo, totalizando $2.600 millones de dólares, que podrán ser cancelados a 20 años. Además, tuvo que aceptar una especie de delación compensada para empresas (leniência, en portugués) donde la compañía admite las irregularidades en los contratos con los gobiernos. A cambio, para poder volver a participar de licitaciones, la empresa aseguró seguir una serie de medidas de regulación y control de sus procesos.

La corrupción es inherente al capitalismo: lava jato

Investigadores de múltiples nacionalidades descubrieron en Odebrecht una contabilidad secreta donde estaban registrados, bajo nombres codificados, depósitos hechos en favor de 200 políticos de 24 partidos distintos, para las elecciones municipales de 2012 y las elecciones generales (presidenciales, legislativas y senatoriales) de 2010 y 2014 en Brasil.

Según los columnistas del sitio brasileño «Brasil de Fato», uno de los objetivos de la operación Lava Jato era inviabilizar las constructoras brasileras. Por ello, se buscaba priorizar la elección de la empresa española Acciona, la inglesa Amec Foster Wheeler, la norteamericana Chicago Bridge & Iron Company, entre otras, involucradas en escándalos de corrupción en sus países de origen

En este esquema, que duró por lo menos diez años, altos ejecutivos de las empresas estatales y otros agentes públicos recibían una «propina» de entre el 1% y el 5% del monto total de los contratos facturados. Las ofertas eran calculadas y ajustadas en reuniones secretas, en las que se definía quién ganaría el contrato, inflado en beneficio privado y en perjuicio del erario nacional. Los coludidos tenían hasta un reglamento, que simulaba reglas de un campeonato de fútbol, para definir cómo las obras serían distribuídas. Para disfrazar el delito, el registro escrito del reparto era hecho como si fuese una distribución de premios de un bingo.

Todo comenzó cuando se descubrió que el ex-gobernador de Rio de Janeiro, Sergio Cabral, actualmente en prisión, estaba al tanto del lavado de activos por casi 100 millones de dólares obtenidos ilegalmente con sobornos desde Petrobras. En el complejo sistema, el millonario Eike Batista, fue también involucrado y preso.

La trama de este bullado caso alcanza ribetes de ciencia ficción. El ministro del Supremo Tribunal Federal del Brasil, a cargo de la investigación, Teori Zavascki, murió en un accidente de avión el pasado 19 de enero en Paraty, Río de Janeiro. Su símil en Uruguay, el secretario de combate al lavado de dinero, Carlos Díaz, fue encontrado muerto en Punta del Este el 25 de febrero.

Estrategias para la deshonestidad

Es inevitable comparar el momento actual con la disputa política después de golpe cívico militar de 1964 en Brasil, cuando los militares sofocaron a sus aliados civiles, hegemonizando el control político. Hoy, los derechos constitucionales como la presunción de la inocencia o el derecho a la defensa también se olvidaron. Claramente, el objetivo era político: priorizar la criminalización de la izquierda, empleando tácticas de lawfare (término utilizado para caracterizar el uso abusivo del derecho, con fines militares, económicos y políticos, para perseguir al enemigo).

Existen muchos analistas que apuntan a las semejanzas entre el golpe de Estado paraguayo, contra el entonces presidente Lugo, con la campaña de desestabilización sufrida en Brasil, cuya primera operación fue llamada AP 470 (o mensalão) donde se intentó vincular al entonces presidente Lula Da Silva. El proceso aún continúa, siendo seguido por investigaciones periodísticas serias (ajenas al consorcio monopólico de O’ Globo, al cual pertenece Veja), denominado Operación Calicuta.

El caso ya salpicó a Chile y es probable que otros países limítrofes se vean afectados. Bolivia modernizó gran parte de sus carreteras gracias al trabajo de OAS, aún bajo acusaciones sobre que esta empresa financió la campaña del MAS el año 2005.