(ARCHIVO) Diputado Saffirio y crisis en Sename: «Se están protegiendo los intereses económicos de las instituciones colaboradoras»

El pasado lunes 6 de marzo se dio a conocer un oficio en el que se informaba a los parlamentarios de la Comisión Investigadora de las irregularidades en Sename de 283 casos de abusos sexuales a menores, que habían sido denunciados pero no investigados por el organismo.

Esto se suma a la serie de irregularidades que se han revelado en el transcurso de los últimos dos años y que terminaron con la salida de la ministra de Justicia, Javiera Blanco, y del anterior director del Servicio Nacional de Menores, Hugo Herrera, quien fue reemplazado por la abogada Solange Huerta.

Uno de los críticos más fuertes de la situación que vive el organismo es el diputado independiente -ex DC- René Saffirio, quien sostiene que los menores que se encuentran en los centros de Sename son verdaderos «desplazados» y que el Estado no tiene capacidad de respuesta ante la crisis.

En conversación con El Ciudadano, el parlamentario recalca que «una de las razones por las que no se ha podido superar la crisis de la responsabilidad del Estado frente a la infancia, tiene que ver con que es imposible compatibilizar el interés superior del niño a que nos obliga la Declaración de Derechos del Niño con los intereses financieros y de acceso a las subvenciones estatales que tienen las instituciones privadas».

Hay antecedentes respecto de las irregularidades de Sename, pero no se percibe una revisión en la estructura del organismo. ¿Cuál es la mirada que usted tiene al respecto?

La verdad es que el sistema público nunca ha reaccionado por iniciativa propia respecto de los niños, niñas y adolescentes del Sename. La cifra de los 283 abusos sexuales cometidos, que informó la directora nacional de la institución a la diputada Karla Rubilar mediante oficio, es una cifra que no se condice con la realidad que uno percibe cuando escucha a personas vinculadas con el sistema, es decir, no hay sistematización respecto de este tipo de delitos cometidos en perjuicio de menores a su cargo. Tanto es así, que en el mismo oficio el ministerio  de Justicia informa que respecto de las enfermedades de transmisión sexual que puedan haber sido afectados menores tampoco existe ni protocolo ni registro alguno.

Comprenderá que una institución que tiene a su cargo a casi 200 mil niños, tanto en atención ambulatoria como de internación, que no tenga ese tipo de información difícilmente puede cumplir con su cometido.

Esa falla estructural lleva años. ¿Refleja la inexistencia de una política de Estado en materia de infancia?

Aquí lo que hay es, efectivamente, una falta de respuesta del Estado. En estos momentos son cerca de 200 mil niños, niñas y adolescentes que estando bajo la tutela del Sename son verdaderos desplazados dentro de su mismo territorio. Dicha expresión -desplazados- grafica en toda su magnitud las condiciones en que están viviendo los niños y niñas.

Refleja también los altos niveles de desigualdad del país, donde el Estado no se hace cargo de los niños y se los entrega a privados

Más del 90% de las atenciones que presta el Sename las realiza a través de las OCAS (Organismos Colaboradores del Sename), las que -cuan aves rapaces- se disputan los $180 mil millones anuales que el Estado otorga en subvenciones. Una de las razones por las que no se ha podido superar la crisis de la responsabilidad del Estado frente a la infancia, tiene que ver con que es imposible compatibilizar el interés superior del niño a que nos obliga la Declaración de Derechos del Niño con los intereses financieros y de acceso a las subvenciones estatales que tienen las instituciones privadas; nadie quiere tomar el toro por las astas y hacer modificaciones sustanciales para cambiar la estructura de financiamiento, porque sigue vigente un estímulo perverso, porque a las instituciones se les paga por niño/día, que es la causa de que las instituciones no quieran que los niños no se vayan ni por la vía de la adopción ni por otra.

Intereses creados

¿Cómo accede un órgano privado a convertirse en OCA?

Los procesos se hacen a través de la adjudicación a determinadas instituciones que, en teoría, no tienen fines de lucro, pero lo que ocurre es lo mismo que pasaba con la educación subvencionada, en que el Estado entrega una subvención a una entidad privada, la cual distrae recursos que no llegan a los niños.

Eso sin que el Estado tenga capacidad de fiscalización

No hay capacidad de fiscalización, porque es tal la multiplicidad de programas que aplica el Sename a los menores que no tienen ninguna posibilidad de hacerlo.

¿Por qué cree usted que, a pesar de las investigaciones, el Ejecutivo no busca transformar esta institución?

Es muy simple, se están protegiendo los intereses de las instituciones colaboradoras. Se están protegiendo los intereses económicos de las instituciones colaboradoras del Sename y mientras eso no se corrija no habrá cambios sustantivos y los niños seguirán siendo abusados y vamos a tener que seguir escuchando dramas humanos aberrantes. Es inconcebible que después de haber conocido la cifra de 1.313 niños fallecidos en una década, nada cambie, que todo siga igual y que los niños sigan siendo abusados y el sistema siga mirando para el lado. No somos un país que haya vivido una guerra como para «legitimar» 1.300 muertes, se trata de niños que viven como desplazados dentro de su propio país.

¿Cómo evalúa el trabajo de las comisiones investigadoras? 

Creo que se ha hecho un buen trabajo desde el punto de vista de la investigación, ignoro cuál será el informe final porque probablemente algunos sectores políticos no van a querer tocar la forma de financiamiento de las OCAS, que es un tema clave de abordar.

¿Hay intereses creados de los partidos respecto de las OCAS?

Curiosamente, en las distintas instituciones privadas que reciben subvención hay connotados dirigentes políticos de todos los sectores. Los listados han estado en los medios de comunicación y ellos han guardado riguroso silencio, porque no quieren perder los tremendos ingresos que tienen estas instituciones. Recordemos que estamos hablando de $180 mil millones.

@joserobredo