El símbolo fue una rata con una banda presidencial cruzándole el pecho. El bicho (un muñeco gigante) saltaba mientras la gente lo golpeaba. “A la cárcel los presidentes corruptos”, gritaban los manifestantes reunidos en Lima el sábado 18. Eran miles y miles, convocados por organizaciones de izquierda, movimientos sociales, sindicatos, grupos estudiantiles. El motivo de la Marcha Anticorrupción, que recorrió el centro de la capital peruana y culminó en el Palacio de Justicia, fue el “megaescándalo Odebrecht”. Perú es –después de Brasil, de donde todo partió, además de Venezuela y Dominicana– uno de los países latinoamericanos donde más lejos llegó la constructora brasileña en el pago de sobornos a dirigentes políticos de distinto pelo con el fin de obtener contratos de obra pública. Y el país en que el escándalo ha tenido más consecuencias políticas.
No se sabe con exactitud cuántas decenas de millones de dólares destinó a ese fin la translatina brasileña en el país andino, pero sí se sabe que bajo la administración de Alejandro Toledo fueron al menos 20. Y también pagó sus buenos sobornos durante el gobierno de Ollanta Humala, y tal vez en el de Alan García. La Fiscalía General de Perú emitió una orden internacional de detención contra Toledo. Se supone que está en San Francisco, Estados Unidos, donde tiene residencia. El actual presidente, Pedro Pablo Kuczynski, que era ministro de Economía y presidía el Consejo de Ministros cuando Toledo gobernaba, dijo que nada sabía de los sobornos, pero en la marcha del sábado pasado la rata era golpeada por manifestantes que coreaban su nombre entre los de otros políticos corruptos a los que había que mandar a la cárcel. Manifestantes interrogados por la prensa peruana recordaron que el Consejo de Ministros presidido por el actual jefe de Estado fue el que aprobó conceder a Odebrecht la construcción de una carretera a pesar de la opinión contraria de los organismos estatales de contralor.
En la manifestación, uno de los ex presidentes más aludidos era Alan García. El ex dirigente del Apra regresó a Perú la semana pasada para declarar como testigo en el proceso Odebrecht. Uno de sus viceministros está acusado de recibir sobornos de la compañía brasileña para la construcción de una línea del metro capitalino, y se investiga la concesión de un gasoducto a la misma empresa, una obra iniciada durante su gestión y culminada bajo la de Ollanta Humala. También García dice que él nada tuvo que ver, pero la fiscalía no le cree. Humala es otro que niega tener algo que ver con las coimas que pagó Odebrecht por el gasoducto (declaró un día después que García), pero su esposa, Nadine Heredia, es investigada por la fiscalía por ese caso y hay indicios de que Odebrecht entregó 3 millones de dólares a la campaña de este ex presidente que comenzó coqueteando con la izquierda y terminó su gestión gobernando con y para los empresarios.
El viernes 17 la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria decidió embargar en unos 80 millones de dólares a Odebrecht y a otras siete empresas brasileñas (entre ellas las constructoras Camargo Corrêa y Oas). Se les congelaron las cuentas bancarias, sus bienes inmuebles y vehículos.
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Además de Perú, figuran en la conexión Odebrecht Antigua y Barbuda, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Portugal, República Dominicana y Venezuela. Y por supuesto Brasil, donde el escándalo comenzó a ser destapado en 2014 con la Operación Lava Jato, que puso al descubierto una gigantesca trama de lavado de dinero en la que aparecen implicadas la estatal Petrobras y las principales empresas contratistas de obras del país, entre ellas Odebrecht.
Delegados de las fiscalías de los 15 países involucrados se reu-nieron la semana pasada a puertas cerradas en Brasilia para “poner a punto una investigación regional sobre el caso”. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht habría pagado en esos 15 países al menos 788 millones de dólares en sobornos entre 2002 y 2016. En diciembre pasado la fiscalía estadounidense le abrió una investigación a la brasileña en aplicación del Acta de Prácticas Corruptas en el Extranjero, que permite sancionar a empresas que operan en el país y hayan cometido delitos fuera de fronteras. Odebrecht admitió los hechos y fue condenada a desembolsar 3.500 millones de dólares en Estados Unidos.
El sistema de delaciones premiadas instaurado por la justicia brasileña, por el cual quienes colaboran en el esclarecimiento de delitos de este tipo ven reducidas sus penas, hizo que 77 ejecutivos de Odebrecht (comenzando por su ex presidente y propietario, Marcelo Odebrecht, condenado en principio a 19 años de prisión) –y de otras empresas– hablaran a troche y moche. En Brasil fueron salpicados políticos y gobernantes de casi todos los partidos, sobre todo del Partido Progresista, pero también del PT, el Psdb y del Pmdb.
En Colombia aparecen manchados tanto el actual presidente, Juan Manuel Santos, como el anterior, el ultraderechista Álvaro Uribe. Odebrecht habría contribuido con un millón de dólares a la campaña del primero, y un viceministro de Uribe está preso acusado de haber recibido coimas de la constructora brasileña. Óscar Iván Zuluaga, candidato del Centro Democrático (de Uribe) en las últimas presidenciales, también habría sido mencionado por Marcelo Odebrecht entre los políticos de rango alto e intermedio que recibieron dinero de su empresa a cambio de favores.
En Panamá el gobierno presentó el lunes 20 una querella criminal contra la firma para recuperar el dinero que ésta pagó en sobornos, que habría totalizado unos 59 millones de dólares en el período 2009-2014, coincidente con la presidencia de Ricardo Martinelli. La justicia suiza congeló las cuentas (22 millones de dólares) de dos de los hijos del ex presidente. También se investiga a un hermano de Martinelli, a un ex ministro, y a casi una veintena de políticos, funcionarios y empresarios. Odebrecht es la principal constructora establecida en Panamá (se hizo cargo de una línea del metro, de la autopista Ciudad de Panamá-Colón, de la remodelación urbanística de Colón, de un paseo marítimo). En enero hubo en el país una gigantesca marcha anticorrupción que algunos analistas llamaron “marcha anti Odebrecht”. Los manifestantes pidieron que se expulse a la empresa brasileña, y que se investigue también al actual gobierno del empresario Juan Carlos Varela. Varela fue vice de Martinelli durante todo su período de gestión y su canciller hasta 2011, cuando rompieron relaciones.
En Guatemala los sobornos pagados por Odebrecht entre 2012 y 2015 llegarían a 18 millones de dólares. La red de corrupción está siendo investigada por la fiscalía y la Comisión Internacional contra la Corrupción, dependiente de las Naciones Unidas.
En República Dominicana, a fines de enero más de 20 organizaciones sociales organizaron una marcha que reunió a decenas de miles de personas. Los manifestantes pedían “el fin de la impunidad en el caso Odebrecht” y estaban vestidos de verde, un color que no identifica a ningún partido político nacional. La empresa brasileña admitió haber repartido unos 92 millones de dólares en coimas a funcionarios dominicanos de distinto rango entre 2000 y 2012, y se comprometió a pagar al fisco unos 182 millones. Pero los partidos de oposición piden que sean encarcelados sus representantes y los gobernantes y políticos que recibieron las coimas.
Venezuela compite con Dominicana por el segundo puesto en montos de sobornos pagados por Odebrecht: entre 90 y 98 millones de dólares por 32 obras que costaron unos 11.000 millones de dólares, según la Ong Transparencia Venezuela. La primera orden de detención en el país se emitió a fines de enero, contra una persona no identificada. Un fiscal venezolano podría interrogar a Marcelo Odebrecht en la cárcel, si la justicia brasileña lo acepta.
En Ecuador, los sobornos pagados habrían alcanzado alrededor de 33 millones de dólares. Un ex ministro de Rafael Correa cayó por este asunto, y los analistas coinciden en que el caso Odebrecht, y los de corrupción en general, jugaron un papel no desdeñable en la elección del domingo pasado.
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Según el fiscal del área internacional de la Operación Lava Jato, Vladimir Aras, las investigaciones van a durar “uno o dos años más”. “Si contamos con la independencia y la autonomía de los ministerios públicos de la región es posible esperar que revelen otros esquemas corruptos paralelos a aquellos actos ilícitos que habrían sido practicados por empresas brasileñas, sobre todo constructoras, en otros países”, dijo Aras el lunes 20 a la agencia Afp. El fiscal admitió que políticos y gobernantes intentarán protegerse, como ya se vio en el propio Brasil, donde el Congreso aprobó una ley de autoamnistía antes de que los “delatores premiados” de Odebrecht se sentaran a hablar. “En otros países es posible que haya reacciones semejantes, y sabemos que en Angola ya se aprobó una legislación que en cierto modo amnistía conductas ilícitas que fueron practicadas”, apuntó.
Pablo Pozzolo
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