La última institución en hacerlo fue el Senado de los Estados Unidos con una resolución en la que «insta a liberar los presos políticos y realizar elecciones libres», además de transmitir su apoyo a la decisión del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de intentar nuevamente la aplicación de la referida Carta Democrática.
Poco extraña que el principal promotor de esta resolución sea el senador demócrata Ben Cardin, financiado por grandes corporaciones de energía como Exelon Group y Carlyle Group, ni que entre el resto de senadores que la apoyan se encuentre los conocidos Bob Menéndez y Marco Rubio, cercanos al lobby armamentístico y conservador asociado a grandes bancos como UBS, Bank Of America e industrias como Lockeed Martin y Koch Industries.
La concatenación de pronunciamientos, declaraciones y comunicados de agencias y actores políticos estadounidenses contra el país, se da justamente con una serie de giras de Almagro en las que se ubica debajo del ala más rancia de la política exterior estadounidense, cuya relación es directa con estas grandes empresas con intereses económicos y financieros en Venezuela. Pero este compás armonioso y articulado de movimientos no sólo se circunscribe a Almagro, sino al resto de los aliados de los Estados Unidos en la región que calientan el clima y hacen gestiones para la aplicación de la Carta Democrática contra Venezuela.
Sobre esto bien vale de ejemplo su visita al Instituto Americano de la Empresa (AEI) en la que expresó que en Venezuela es «necesario que hayan elecciones para que el país pase de un régimen autoritario hacia una democracia», eufemismo utilizado para darle un barniz de neutralidad a su ya conocida posición beligerante contra la nación.
Lo es porque justamente el AEI tiene en su junta directiva a ejecutivos del ya citado Carlyle Group, y ha recibido dinero de Exxon Mobil, aparte de ser un tanque de pensamiento conocido por haber sido el lugar de donde salió parte del equipo de gobierno de George Bush hijo.
Tanto es así que su declaración fue realizada junto a Eric Fansworth, director del Consejo de las Américas, fundado por David Rockefeller e integrada por corporaciones energéticas como Chevron, Conoco Phillips y grandes bancos como Goldman Sachs y UBS. Y en el marco del conversatorio «El futuro de Venezuela» reseñado como «una discusión sobre las formas de restaurar la democracia en el país, desde Estados Unidos y otros países de la región».
Formas que en este caso lo que buscan es posicionar a la OEA como interlocutor en el país y desplazar del escenario a la mesa de diálogo de la Unasur sobre la que tienen poca influencia, usando como amenaza la Carta Democrática y a Almagro como sus principales activos políticos.
Esto demuestra cómo la política exterior gringa contra Venezuela forma parte de una agenda transnacional, que hace que los políticos e instituciones se peleen por ella como si estuviesen golpeando una piñata a la espera de que en una de esas el chavismo salga del poder. O cómo, también, el instrumento injerencista denominado «Carta Democrática» está a la venta y ya fue comprada por las mismas corporaciones que se la tienen jurada a Venezuela desde 1998. Almagro y sus aliados en la región son meros intermediarios.
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