Wisconsin, un estado normalmente tranquilo y relajado ubicado al norte de los Estados Unidos, hace poco estuvo en una época de gran agitación política. Decenas de miles de residentes salieron a protestar por una propuesta del nuevo gobernador, Scott Walker, la Ley 10, que restringiría drásticamente los derechos de negociación de convenios de los sindicatos del sector público y reduciría los beneficios de pensión y seguros de salud para empleados fiscales.
“Hemos visto una recrudecimiento de la actividad política sin precedentes… el Estado no ha visto (algo similar) desde la guerra en Vietnam, con la añadidura de que este movimiento es mucho más amplio y variado que el realizado contra la guerra, el cual fue principalmente de estudiantes,” dijo Christopher Fons, maestro y presidente de la Asociación Educativa de Maestros de Milwaukee (MTEA) quien organizó una marcha de 60 personas desde su escuela hasta el Capitolio, que duró tres días y recorrió aproximadamente 120 kilómetros.
El gobernador republicano, Scott Walker, cercano al llamado Partido del Té (facción de ultraderecha al interior del Partido Republicano), presentó la reforma como necesario dada la situación económica difícil y el déficit presupuestario del Estado, lo cual llegará a $137 millones de dólares este año. “Para nosotros, las reformas que hicimos aseguran que todos tienen la oportunidad de continuar trabajando.”
Aunque la Ley provocó protestas de un tamaño y una intensidad tan fuerte y grande como casi nunca se ha visto en Wisconsin, o en el país, el gobernador y los legisladores republicanos siguieron adelante sin hacer caso a los deseos del pueblo ni las reglas del procedimiento, las cuales están en litigio en las cortes.
“Obviamente hay muchas protestas ahí fuera, pero al fin y al cabo, es lo correcto que se debe hacer,” dijo el gobernador Walker en una entrevista con el New York Times, “No fuimos elegidos para preocuparnos del politiqueo”, añadió.
Con más de un tercio de legisladores ausentes (sin coincidencia, todos fueron demócratas), aprobaron la ley 18-1, pero un juez puso la implementación en suspenso mientras que resuelven los pleitos sobre la legalidad de la ley y también la manera solapada y antidemocrática de cómo fue aprobada.
Sin embargo, la lucha contra esta ley no terminó todavía, de hecho, está creciendo a algo mucho más amplio que el tema de la Ley 10. Hace dos meses, organizaciones de ambos lados empezaron a utilizar un proceso novedoso para sacar a sus legisladores de sus puestos, forzando una elección nueva. Según la ley estatal de Wisconsin, los ciudadanos pueden llamar a elecciones fuera de la temporada normal para revocar una autoridad elegida si logran recolectar firmas de un cuarto de quienes han votado en la última elección dentro de 60 días y si el funcionario está en su puesto por lo menos un año.
En marzo, los dos partidos presentaron papeles para empezar el proceso de revocar todos los funcionarios elegibles para su destitución, en total ocho senadores republicanos y ocho demócratas.
Los demócratas iniciaron el proceso para revocar a las autoridades quienes, según ellos, no escuchan a sus constituyentes y los republicanos quieren revocar a los demócratas por haber abandonado el Estado durante tres semanas en un esfuerzo de impedir la votación.
Es la primera vez en la historia de la política estadounidense que han intentado revocar tantos legisladores al mismo tiempo y por el mismo tema. En Wisconsin, por ejemplo, se había podido usar el proceso con éxito solamente dos veces para revocar legisladores estatales, pero en mayo han entregado las firmas necesarias para forzar elecciones nuevas con seis de los ocho puestos que ocupaban legisladores republicanos y tres de los ocho legisladores demócratas.
“En enero de 2012 el gobernador será elegible para una destitución y hay un movimiento listo y esperando para actuar lo más pronto posible, legalmente,” dijo Fons.
Sin embargo, ambos lados se acusan de impugnación de sus peticiones. El partido Demócrata sometió cientos de declaraciones juradas de personas quienes firmaron las peticiones por los republicanos que dicen que fueron engañados o que nunca firmaron la petición. Además, la campaña republicana contrató una empresa fuera del Estado para recolectar las peticiones, mientras los demócratas usaban principalmente voluntarios.
En contra, el partido republicano lanzó un sitio web (Centro para la integridad del proceso de destitución), para recolectar testimonios de personas amenazadas con violencia o intimidación, pero hasta ahora tiene poca evidencia de estas acusaciones.
Si la impugnación a las firmas fracasara, tendrán elecciones para nueve representantes el 12 de julio, dando una ocasión a los demócratas de recuperar el Senado, y además, mostrar al pueblo estadounidense que la política de extrema derecha del Partido del Té, aunque fue de una retórica popular al tiempo de las elecciones, en la práctica de gobierno no es sostenible.
Por Megan Sallomi
El Ciudadano
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