Recientemente fue lanzado el XV Informe Anual de Derechos Humanos, Diversidad Sexual y de Género en Chile, correspondiente al año 2016. El documento, elaborado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), releva la confianza adquirida en el mundo LGBTI para la realización de denuncias por casos de fobia, cuestión que se observa en el incremento de un 28,8% de uso de los canales formalmente establecidos para realizarlas. Por otro lado, también destaca algunos avances notables en el marco de los poderes del Estado, relevando el rol del Poder Judicial en el reconocimiento de, por ejemplo, la crianza homoparental.
El informe ha adquirido con los años validez suficiente como para ser considerado como un insumo tanto para organismos nacionales e internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, entre ellos, la OEA y la ONU, así como para universidades.
Aumento de denuncias
El documento señala que hubo en 2016 un total de 332 casos o denuncias por homofobia o transfobia, cuestión que representa un incremento del 28,6% en relación al año anterior. La cifra se desglosa en 4 asesinatos, 40 agresiones físicas o verbales perpetradas por desconocidos, 3 atropellos policiales, 32 abusos laborales y 13 educacionales, 37 campañas homo y/o transfóbicas, 79 exclusiones institucionales, 19 negaciones de productos o servicios, 56 agresiones comunitarias (familia, amigos, vecinos), 48 discursos de odio y 1 hecho de discriminación en los medios.
Llama la atención de la investigación que “por primera vez en 12 años las personas transexuales y lesbianas denunciaron más abusos que los gays, concentrando el 28, 24 y 23% del total de casos, en forma respectiva”, indica el documento.
En específico, la población lésbica “incrementó sus denuncias en todos los planos, especialmente en los espacios laborales, educacionales y familiares, existiendo un mayor y más sólido empoderamiento en derechos, situación que merma la brecha con los hombres gays en lo referente al reporte de los atropellos”, subraya el documento.
Sin embargo, se enumeran situaciones de abuso en lugares en los que anteriormente no se habían producido: “se conoció de torturas sistemáticas en Gendarmería de Chile, de abusos coyunturales de discriminación laboral en el CNCA (Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes) del Maule y de violencia contra una madre en una Casa de Acogida financiada por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género”.
Boicot a Ley de Identidad de Género
En el ámbito legislativo, el informe denuncia una intensificación de las “acciones de las autoridades ultraconservadoras para boicotear a nivel institucional la tramitación de la Ley de Identidad de Género”. Esta idea alude a la oposición que se ejerció desde el Parlamento, en específico de autoridades de la UDI y RN como los senadores Iván Moreira y Andrés Allamand, o la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, a quienes se les acusa de haber llegado a vincular a las personas trans con lo «aberrante» y la «comida chatarra».
Se contabilizan, en este sentido, 24 movilizaciones orientadas a rechazar este proyecto. Por otra parte, se hace hincapié en que el Gobierno se había comprometido a “dar seguimiento y asegurar continuidad a la tramitación del proyecto de Ley de Identidad de Género que está en trámite legislativo en el Senado y promover aquellas indicaciones que faciliten el procedimiento para que las personas puedan cambiar su nombre y sexo legal mediante un trámite simple y ágil”, consigna el informe. El resultado, es que el proyecto suma su quinto año «en trámite».
A la fecha, la Comisión de Derechos Humanos del Senado -de la que participan Van Rysselberghe (UDI), Manuel Antonio Matta (DC) y Juan Pablo Letelier (PS), junto a los precandidatos presidenciales Manuel José Ossandón (RN) y Alejandro Navarro (Pais)- ha suspendido en tres ocasiones las sesiones en las que se votarían las indicaciones a la ley, eludiendo de esa forma el tema. El Movilh ha anunciado acciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Con ocasión de la última suspensión de la comisión la semana pasada, Óscar Rementería, vocero de la organización, recordó: “la celeridad en la tramitación a esta ley es parte del Acuerdo por la Igualdad que el Estado firmó con nuestra organización”, con la mediación de la CIHD.
Avances en los poderes del Estado
Se contabilizan 69 hitos “pro igualdad LGBTI” durante 2016. El informe destaca que en el Poder Judicial se darían los hitos “más fructíferos”, mientras “los más amplios en el terreno legislativo, con especial impacto en los derechos de las familias homoparentales, de las personas trans y de los/as trabajadores/as, así como los más significativos avances en temas de adopción y matrimonio igualitario”.
De parte de los tribunales de Justicia, se destaca que través de una serie de fallos, “marcaron hitos al sentar claros e inequívocos precedentes respecto a que para la crianza de los hijos o hijas en nada importa la orientación sexual de los padres o madres”. Destacan, en este sentido, dos sentencias del Juzgado de Familia de San Miguel, que entregaron el cuidado de una niña, y dos niños, respectivamente, a sus también respectivas madres de crianza.
En tal sentido, el Movilh valora que si el año 2015 lo catalogaron como “año de la Justicia”, porque los seis pronunciamientos fueron en favor de las personas LGBTI, el 2016 se registraron 15 sentencias. Entre ellas, cuentan fallos en favor de reconocer parejas de hecho y de la Identidad de Género. Se suman igualmente, sentencias contra la discriminación laboral; incluso, destaca una primera contra los discursos homofóbicos.
Pero no solo la justicia se asomó. También el Ejecutivo, destaca el informe, en particular el Ministerio de Salud, que “rechazó por primera vez las terapias de reconversión de la orientación sexual” y echó pie atrás a la asociación que realizaba una de sus iniciativas entre “la población LGBTI” y “enfermedades de transmisión sexual”.