Inmigrantes se organizan y exigen una ley migratoria centrada en los derechos humanos

Durante el año 2016, la opinión pública tomó contacto con el tema migratorio. La clase política y los medios de comunicación más cercanos a la élite llegaron tarde a un fenómeno que ya era evidente en las calles chilenas y lo hicieron con tal lentitud, que no fueron capaces de observar un movimiento subterráneo organizado por los miles de inmigrantes que han escogido a Chile para trabajar y construir una vida digna.

Uno de los hitos en el activismo de los extranjeros residentes en Chile tuvo lugar el pasado fin de semana. Veinte agrupaciones crearon la primera Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes en Valparaíso. En la actividad fundacional, emplazaron al Estado chileno para que se genere una nueva Ley Migratoria basada en los derechos humanos.

En conversación con El Ciudadano, Benjamín Cruz, miembro de la Red y de la Colectividad de Colombianos Residentes en Antofagasta, explicó que decidieron coordinarse «para unir esfuerzos y poder generar los cambios sociales que hemos estado persiguiendo desde hace años como organizaciones aparte, pero que ahora esperamos con esta fuerza unida poder empujar mucho más rápido para que el Estado realice estos cambios de la ley [Decreto Ley Nº 1094], que es muy antigua y necesita una actualización».

En la actividad en la ciudad puerto, la Red definió tres orientaciones clave:

Incidir en la construcción de una nueva institucionalidad migratoria que garantice la movilidad humana como un derecho, procurando que se establezcan políticas públicas y un marco legislativo con perspectiva de DDHH, que cumpla con los estándares establecidos por los instrumentos internacionales.

Fomentar la participación y el protagonismo de las comunidades migrantes de las distintas regiones del país, en conjunto con las organizaciones promigrantes.

Promover la inclusión y la convivencia intercultural entre todas las personas que habitan el territorio chileno, generando espacios a partir de distintas plataformas y mejorando las condiciones de los espacios ya existentes.

Según explica Benjamín Cruz, quien además reside en Chile desde el año 2005, «la idea es que esta ley pueda garantizar los derechos fundamentales que cualquier persona necesita para poder desarrollar un proyecto de vida y ser incluido en la sociedad como debe ser. Muchas de esas demandas no son solamente de migrantes, sino que en realidad son de la comunidad en general, tanto chilenos como extranjeros».

Sin embargo, el dirigente colombiano piensa que este año electoral puede interferir con la tramitación de la normativa. «Vemos en el caso del actual Gobierno, que ha habido quizá una pasividad en ese sentido. Por otro lado, también vemos una irresponsabilidad de la oposición, que ha tratado de criminalizar al inmigrante y lo ha relacionado incluso con la delincuencia y con otros flagelos de la sociedad», afirma.

Reforma sujeta a cálculos electorales

Santiago también acogió una actividad promigrante durante el pasado fin de semana. El domingo 19 de marzo se realizó una asamblea inmigrante al costado de la Catedral de Santiago, punto de la capital que cuenta con una masiva presencia de nuevos residentes del país.

Aprovechando la instancia, los participantes hicieron un llamado a la movilización por la falta de voluntad política para atender la necesidad urgente de una Reforma Migratoria, según relató el abogado peruano Rodolfo Noriega a este medio.

«Creemos que el Gobierno no tiene la voluntad política para hacerlo, porque simple y llanamente está manifestando una y otra vez excusas. Nosotros decimos que para el bienestar del país, no solo por los derechos de los inmigrantes, corresponde que se dé una Reforma Migratoria», puntualizó el profesional.

Rodolfo Noriega.

Noriega enfatiza en la necesidad de una reforma, es decir, una modificación que vaya más allá de una nueva normativa, porque «además se requieren cambios institucionales de fondo, como es el reconocimiento de la migración como derecho fundamental, el reconocimiento de la ciudadanía a los extranjeros residentes, entre otras cosas, para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales que nos asisten».

«Corresponde hacer una reforma migratoria y si no se hace, se corre el riesgo de empeñar el futuro del país y de atizar tensiones sociales que precisamente se agitan en contextos donde el chauvinismo sirve para campañas electorales», añade el abogado miembro de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile.

En este sentido, la coyuntura electoral de fines de este año representa una amenaza para la trayectoria que puede adoptar una futura modificación legal. «Pensamos que en la eventualidad de que en este año no se discuta a profundidad un proyecto de ley, creemos que Gobierno y oposición pueden llegar a un consenso de última hora, que zanje esto con una legislación aun más regresiva y que establezca medidas que, en lugar de integrar el tema migratorio al desarrollo del país, puedan dar lugar a medidas de carácter más regresivo», afirma.

¿Por qué se ha postergado la tramitación de la iniciativa? Para el abogado la dilatación responde «lisa y llanamente a un cálculo electoral, porque si el Gobierno hubiera tenido una propuesta clara promigrante, yo creo que hubiera generado el escándalo y la crítica de toda la oposición y ellos levantarían el chauvinismo para atizar el descontento popular».

Emplazamiento al Gobierno

Por el momento, no hay mayores noticias acerca de una pronta tramitación legislativa del proyecto para actualizar el decreto ley impuesto en dictadura. Sin embargo, a comienzos de marzo, el diputado Giorgio Jackson envió a la Presidenta Bachelet un documento solicitando el envío al Congreso del comprometido proyecto de inmigración.

El objetivo del parlamentario por Santiago es acelerar la tramitación de la iniciativa e incluir modificaciones al régimen de exclusión de personas a la entrada del país.

Giorgio Jackson.

En concreto, el documento elaborado por Jackson solicita «que el proyecto de ley contenga una reformulación de la facultad del Estado, en especial de los gobiernos, de expulsar o prohibir el ingreso de extranjeros contenida en el artículo 15, acotándolo sólo a aquellos casos cuya gravedad sea justificada, evitando las arbitrariedades y las vulneraciones a derechos fundamentales mundialmente reconocidos. Solicitamos también que dichas causales estén establecidas claramente en la ley y que no queden sujetas a determinación administrativa mediante Decreto u otro instrumento».

Además, el escrito pide «que se establezca en dicho proyecto un sistema de revisión de los casos que permita una adecuada defensa para el afectado, pudiendo defenderse de los cargos que se le acusa, siendo un juez o superior jerárquico que dirima en definitiva».