La Corte Suprema condenó a 33 ex agentes de la Central Nacional de Inteligencia –CNI–, del Batallón de Inteligencia del Ejército –BIE– y del Comando de Aviación del Ejército, por su responsabilidad en los secuestros calificados de cinco miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, hecho ocurrido a partir de septiembre de 1987.
Entre los sentenciados figura el mayor (r) del Ejército y ex jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán Castilla, y el general (r) del Ejército y director del aparato represor entre 1986 y 1988, Hugo Salas Wenzel. Ambos deberán purgar penas de 15 años de presidio en calidad de autores de los mencionados secuestros calificados.
Arrojados al mar
Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola son las cinco víctimas respecto de la cuales en la etapa de investigación, el ministro en visita Mario Carroza logró establecer que fueron secuestradas por agentes del Estado y hechas desaparecer en un operativo conjunto entre la CNI, el Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) y el Comando de Aviación del Ejército. Esto, en represalia por el secuestro del coronel de Ejército Carlos Carreño, hecho ocurrido el 1 de septiembre de 1987. Sus cuerpos fueron arrojados al mar en la costa de Quintay.
Carroza estableció que los integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez fueron elegidos de entre los archivos institucionales, para eventualmente canjearlos por el oficial secuestrado. Permanecieron retenidos y fueron interrogados en el cuartel Borgoño de la CNI. Antes de la liberación del coronel Carreño en Brasil y no siendo posible efectuar un canje, los organismos de seguridad deciden la eliminación de los detenidos y, para ello, «se organiza un operativo que permite sacar los 5 cuerpos como bultos del recinto en que se encontraban privados de libertad, al parecer sin vida o previamente drogados», según señala el fallo. Son transportados en un helicóptero del Comando de Aviación del Ejército desde el Fuerte Peldehue hasta las costas de Quintay, donde finalmente se arrojan sus cuerpos al mar atados a durmientes.
En el aspecto civil, se confirmaron las demandas de indemnización presentadas en contra del Estado de Chile, fijándose el monto total a pagar en $380.000.000 a familiares de las víctimas.
Los otros condenados
Además de Álvaro Corbalán y Hugo Salas, los agentes Iván Quiroz Ruiz, Gonzalo Maas del Valle, Raúl Durán Martínez, Luis Santibáñez Aguilera, Víctor Ruiz Godoy, Juan Jorquera Abarzúa, Hernán Vásquez Villegas, Sergio Mateluna Pino, José Fuentes Pastenes, Juan Carlos Orellana Morales, Roberto Rodríguez Manquel, Alejandro Astudillo Adonis, José Salas Fuentes, Heraldo Velozo Gallegos, Marco Antonio Pincheira Ubilla, Jorge Ahumada Molina, José Morales Morales, Ema Ceballos Núñez, Patricio González Cortés, César Acuña Luengo y René Valdovinos Morales, fueron condenados a 10 años y un día de presidio por su responsabilidad como autores de los cinco delitos.
Por otra parte, Luis Arturo Sanhueza Ross, Manuel Morales Acevedo y Manuel Ramírez Montoya deberán cumplir una pena de 5 años y un día de presidio por los mismos ilícitos. A la misma cantidad de años fueron sentenciados los agentes Aquiles Navarrete Izarnótegui, Fernando Rojas Tapia, Julio Cerda Carrasco, Marco Antonio Bustos Carrasco, Hugo Prado Contreras y Rodrigo Pérez Martínez en calidad de cómplices. En tanto, Mario Campos Valladares debe purgar 3 años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada.
El agente Hugo Barría Rogers fue el único absuelto de los cargos.