Brasil sigue su rumbo al neoliberalismo y la Cámara de Diputados aprueba la terciarización laboral

El plenario de la Cámara de Diputados de Brasil respaldó con 231 votos a favor, 188 en contra y ocho abstenciones el parecer favorable dado por el diputado Laercio Oliveira, del partido Solidaridad, a un proyecto presentado en marzo de 1998 y que ahora el gobierno del presidente Michel Temer rescató para ser tramitado en régimen de urgencia.

La tercerización es solo la antesala de la anti-reforma laboral que pretende también llevar adelante el gobierno ilegítimo de Temer, advirtió durante los debates el legislador del Partido de los Trabajadores (PT) Henrique Fontana.

Mientras, Alessandro Molon (Red) aseveró que el proyecto empeorará la situación de los trabajadores brasileños, que ahora tendrán contrataciones más baratas y perderán conquistas. El próximo paso, dijo, será obligarlos a convertirse en personas jurídicas, renunciando a vacaciones, licencias de maternidad y otros derechos.

El líder del Gobierno en la Cámara, Aguinaldo Ribeiro (Partido Progresista), insistió en que la regulación de la subcontratación generará empleos y acotó que ‘Brasil cambió, pero todavía tenemos una legislación arcaica’, la cual debe ser modificada.

En una audiencia pública convocada esta semana por la Comisión de Derechos Humanos del Senado, el presidente de la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo, Hugo Melo Filho, alertó que la tercerización traerá numerosos impactos negativos al mercado del trabajo.

La aprobación de ese proyecto, subrayó, hará que el número de trabajadores tercerizados en el país crezca de los actuales 13 millones a más de 52 millones, pues creará empresas sin empleados directamente vinculados.

Por otra parte, el juez de la decimosegunda Sala Laboral de Recife, Hugo Cavalcanti Melo Filho, recordó que la subcontratación ‘es siempre fraudulenta porque representa la intermediación de un tercero entre capital y trabajo’.

El proyecto de ley 4.302/1998, aprobado esta noche por el plenario de la Cámara de Diputados, elimina además el carácter extraordinario de la contratación al aumentar a seis meses, prorrogable por 90 días, el permiso de trabajo, eliminando a su vez el concepto de temporal.

Con ello, el trabajador se verá privado de los derechos a recibir un 40 por ciento del Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio (FGTS), ni al aviso previo en caso de despido sin justa causa.

Fuente: Prensa Latina