Escándalos de Hidroaysén

Para cualquier ciudadano saltan a la vista numerosos escándalos respecto al tristemente célebre proyecto de Hidroaysén. El más resonante es el de la artificiosa división de los estudios de impacto ambiental sobre la construcción de las represas en la Patagonia para generar la energía eléctrica y, posteriormente, sobre las líneas de transmisión de cerca de 2.000 kilómetros de esa energía hacia el norte. La construcción de represas no tiene ningún sentido si no va acompañada de aquellas líneas de transmisión. Por tanto, sería absurdo que se aprobare el estudio del primero y se rechazara el segundo. Sin embargo, tanto el gobierno de Bachelet como el de Piñera, ¡han separado completamente ambos estudios!

No se necesita ser demasiado suspicaz para entender que aquello corresponde a un ardid de ambos gobiernos para generar hechos consumados destinados a favorecer indebidamente –sí o sí- la aprobación final del proyecto. Con todas las complejidades del caso, es mucho menos dañino para el medio ambiente la inundación de poco más de 5.000 hectáreas en la Patagonia, que la instalación de torres de transmisión eléctrica que afectarán el habitat de innumerables chilenos a lo largo de la mayoría de las regiones del país. Como lo ha señalado Manfred Max-Neef, todo esto significa un verdadero insulto a la inteligencia de los chilenos.

Otro gran escándalo que estamos presenciando es la completamente oportunista oposición al proyecto que está demostrando hoy el conjunto del liderazgo concertacionista. Es público y notorio que el gobierno de Bachelet impulsó fuertemente dicho proyecto. Allí están los testimonios públicos de sus principales ministros políticos como Edmundo Pérez, Francisco Vidal y Sergio Bitar; y del propio ministro de Energía, Víctor Tokman. Allí están las expresiones también favorables de senadores tan influyentes como Jorge Pizarro y Camilo Escalona; del ex presidente Ricardo Lagos; ¡y del mismo ex presidente y reciente candidato presidencial Eduardo Frei Ruiz-Tagle que, por lo tanto, si hubiese sido electo habría seguido con el proyecto tal cual lo ha hecho Piñera! Por lo demás, es de sentido común –dado que la institucionalidad ambiental hace radicar la aprobación final de estos proyectos en puros funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo- que un proyecto que ya en su fase de estudios implicaba gastos de millones de dólares, no iba a ser emprendido por la empresa privada si no contaba con suficientes garantías políticas de su aprobación final. Los reparos ambientales que se le efectuaron en su proceso de aplicación por instancias gubernamentales –como ha sido habitual en casi todos estos megaproyectos- no tenían la idea de abortar el proyecto, sino de “perfeccionarlo”.

Además que, en el colmo de la distorsión de un pasado tan reciente, ha habido dirigentes de la Concertación que han planteado ¡que el gobierno pasado se opuso a Hidroaysén, al plantearles en su proceso de aprobación nuevas exigencias ambientales!…

Capítulo aparte merece el hecho de que el máximo ejecutivo del proyecto sea el connotado concertacionista Daniel Fernández, luego de haber sido quizá el principal ejecutivo de empresas públicas en los 20 años pasados, al haber encabezado Enap, Metro y TVN. Es cierto que la más grave y patente demostración de la colusión que ha habido entre el liderazgo concertacionista y los grupos económicos la proporciona la consistente política económica neoliberal seguida por los cuatro gobiernos de dicho conglomerado. Política que ha sido muy aplaudida por diversos exponentes de la derecha chilena y extranjera. Pero naturalmente que el hecho de que numerosos de sus ministros, parlamentarios o altos cargos del aparato estatal hayan sido posteriormente directores, lobbistas o asesores comunicacionales de empresas o entidades vinculadas a grandes grupos económicos, ilustra también muy elocuentemente aquella colusión. Así, Daniel Fernández se ha sumado a una ya larga lista que incluye a Eduardo Aninat, Enrique Correa, René Cortázar, Jaime Estévez, Alberto Etchegaray, Alvaro García, Eduardo Loyola, Guillermo Pickering, Ximena Rincón, Ricardo Solari, Eugenio Tironi y José Antonio Viera-Gallo, entre otros.

Agrava todavía más lo anterior, la denuncia pública que efectuó Sara Larraín –y que Daniel Fernández no fue capaz de esclarecer- de que éste ¡ganaba 50 millones de pesos mensuales! Es decir, más de cien mil dólares mensuales y casi un millón trescientos mil dólares anuales. ¿Cuántos millones de dólares anuales estará ganando el conjunto de la plana mayor de Hidroaysén? Otro agravante es el reconocimiento que el propio Fernández hizo de que la generación de electricidad en Chile ya está en manos de un duopolio que controla más del 60% del mercado -que además es cautivo por su condición de servicio público esencial-; control que por cierto se acrecentaría con la consumación del proyecto Hidroaysén.

Lo positivo de todo esto es que ha permitido que las bases concertacionistas y el conjunto del pueblo chileno perciban con mayor claridad la extrema colusión desarrollada por la mencionada elite política con los grandes poderes económicos. Y que esté surgiendo un potente movimiento social de rechazo a un proyecto que concentraría aun más el poder y la riqueza en nuestro país; y que plantea a la vez la necesidad de que Chile entre ya decisivamente por el camino del futuro del desarrollo sustentable: la generación de energía eléctrica a través de fuentes permanentes y escasamente contaminantes como el sol, el viento, las mareas, la geotermia o las centrales hidroeléctricas de pasada.

31 de mayo de 2011

Por Felipe Portales

Tomado de www.elclarin.cl