NO+AFP, el movimiento que optó por boicotear el sistema

Foto: Daniel Labbé

Pareciera haber tenido una explosiva ascendencia, hasta adquirir total visibilidad. Sin embargo, para el Movimiento No+AFP la historia no parte en 2016 con aquellas movilizaciones que llenaron de familias las calles de todo Chile y que convocan a este próximo domingo 26 de marzo a “la marcha familiar más grande de la historia”. Tampoco comienza con la oferta de Bachelet, de aplicar la conocida fórmula del “consejo asesor” para proponer una modificación al -reconocidamente- agotado sistema. Ni siquiera con la propia conformación del Movimiento, que hacia 2013 promovió que las pensiones fueran obligatorio objeto de debate en contexto de las elecciones presidenciales (y lo logró).

Muchos otros hitos se pueden recorrer hasta la raíz del problema, tales como la instauración de unos “subsidios para la pobreza en la vejez” en 2008, como llaman en sus documentos al “pilar solidario” de los fondos de pensiones; o aquella decisión tomada bajo comando de Ricardo Lagos y Ricardo Solari, de que el capital que invertían las AFP rompiera con las barreras nacionales y pudiera circular libremente por el mundo.

Irracionalidad neoliberal: los ricos apuestan plata y el resto la pierde

Un reciente estudio del Centro de Estudios Nacionales para el Desarrollo Alternativo (CENDA) da cuenta de un elemento que será articulador de las movilizaciones: la irracionalidad del uso del dinero de todas y todos los chilenos. En él se apunta que “el fisco desembolsó en el mes de noviembre (2016) 103 mil millones de pesos en los principales subsidios monetarios directos al pago de pensiones AFP, que incluyen 69 mil millones de pesos en bonos de reconocimiento y 34 mil millones de pesos en Aportes Previsionales Solidarios (APS) que están incluidos en el monto pagado en pensiones AFP”.

El informe agrega que “el excedente neto apropiado por el sistema de AFP alcanzó en el mes a 375 mil millones de pesos, que equivalen al 72 por ciento de las cotizaciones obligatorias recaudadas”. Entonces, subraya: “de cada cuatro pesos recaudados en cotizaciones obligatorias, el sistema de AFP se apropia poco menos de tres, para no devolverlos jamás”.

Otro análisis realizado por el medio de comunicación El Dínamo, a partir de los datos de la cartera de inversión de las AFP del mes de marzo de 2016, señala que ésta asciende a los 163 mil 317 millones de dólares. Para hacerse una idea, el PIB chileno hacia el año 2015 se ubica alrededor de los 240 mil 215 millones de dólares. Es decir, el conjunto de empresarios que administra la vejez de Chile, cuenta con la mitad del dinero que tiene el país.

El informe presentado por No+AFP al Gobierno muestra la otra cara. Al 31 de octubre de 2016 el promedio de pensiones por vejez se desglosaba así: para 355 mil pensionados la pensión por retiro programado es de 119 mil 490 pesos; para 167 mil pensionados por renta vitalicia, la pensión es de 298 mil 331 pesos y, para el total de pensionados por vejez, que suman 545 mil 624 personas, la pensión promedio es de 191 mil 972 pesos.

“No estoy de acuerdo en el problema ese de que los capitales vayan a la parte privada. En realidad, no discrepo de ello, sino que me choca, por estimar que los señores empresarios aún no están en capacidad para administrar 97 millones de dólares mensuales”. “¿Quién administrará la plata? Eso me produce alergia, porque también sé que hay varios señores que se están haciendo millonarios en este país, que han enviado gente a estudiar el sistema, porque desean operar en él. También estoy consciente de eso”.

Quien pronunció estas palabras no fue un izquierdista, ni un revolucionario, mucho menos alguien preocupado por los Derechos Humanos. Se trata del dictador Augusto Pinochet, quien así expresaba su incomodidad con el modo de reformulación del sistema cuando éste fue propuesto por José Piñera. En el Chile de hace 30 años todavía era inimaginable, incluso para algunos de los máximos responsables de los peores padecimientos sufridos por las y los chilenos en la Historia, la irracionalidad que adquiere el presente sistema de pensiones. Los sectores empresariales se impusieron a los militares excluyéndoles de este modo de capitalización y tomando conducción sobre la reforma. El neoliberalismo hizo escuela.

La Concertación avanzó con pasos de gigante en la dirección trazada. “Nos reunimos para celebrar los 21 años de un sistema que ha funcionado y ha sido exitoso”, declaró Ricardo Lagos Escobar en 2001 en el evento del lanzamiento del “multifondo”, que liberalizó la inversión de las AFP a cambio de ofrecer mayor “riesgo” a las y los afiliados, según recuerdan documentos tales como el archivo de la Sofofa.

Luis Mesina. Foto: Daniel Labbé

De las  más de veinte AFPs iniciales, en el presente sólo existen seis. Todas de rasgos más o menos similares, motivo por el cual Luis Mesina, vocero de la Coordinadora No+AFP, afirma que “no existe prácticamente competencia y se constituyen en oligopolio, esto es que pocas empresas prestan un servicio, se apoyan mutuamente y ejercen poder de mercado fijando precios más altos y anulando la competencia”. Y subraya Mesina que si bien es cierto que existe una Superintendencia de Pensiones, organismo fiscalizador de carácter público (ex Superintendencia de AFP), “casi todos los superintendentes, luego de terminar sus funciones se han ido a trabajar directa o indirectamente a las AFP, recibiendo suculentos salarios o dietas, o a empresas relacionadas; todo esto socava cualquier poder fiscalizador”.

Un murmullo que rodea las definiciones políticas

El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alfredo Ovalle, inauguraba un seminario de previsión social. La escena transcurría en el Hotel Crown Plaza, momento en el que fue duramente increpado por manifestantes. Se trataba de alrededor de 40 miembros de sindicatos bancarios, quienes le enrostraron al mandamás de la patronal haberse cambiado al Fondo E, mientras al público general le recomendaban participar del Fondo A. Es decir, le recriminaron que mientras se recomendaba a las y los trabajadores “apostar” su dinero, él, por el contrario, lo “aseguraba”. A la cabeza de la iniciativa estaba la Confederación de Sindicatos Bancarios, presidida, a su vez, por Luis Mesina.

La escena transcurre en pleno 2008, bajo el gobierno de Michelle Bachelet, mismo año en que el telón de fondo lo constituía la crisis económica mundial del subprime, producto de la especulación financiera. El Fondo A había sido el más golpeado en ese contexto y la Presidenta se decide por una reforma al sistema de pensiones. Al respecto, desde No+AFP precisan que la iniciativa “al final resultó en la legitimación del sistema privado de pensiones, quedando como único sistema previsional del país, convirtiendo  la seguridad social en un negocio lucrativo para las AFP y empresas vinculadas. Pero un pésimo negocio para los trabajadores y trabajadoras que tendrán que conformarse con pensiones miserables”.

Caracterizando la total ausencia de derechos sociales, el Movimiento apunta que las personas “serán subsidiadas por el Estado, siempre y cuando cumplan con los requisitos puestos por el Estado, de pertenecer al 60% más pobre de la población”.

Abierto el problema, la Confederación Bancaria dedicó el año 2012 a realizar seminarios recorriendo Chile. En abril de ese año destacan haber reunido a más de 250 sindicalistas en Santiago, con activo apoyo de federaciones universitarias, entre las que destacan a la Fech.

De allí se deriva la primera semilla de una eventual coordinadora. El año siguiente replican la iniciativa en dependencias de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, Anef. Ahora también con fuerte iniciativa en Concepción y Rancagua. Ello les permite conformar la Coordinadora y levantar una discursividad cuyo propósito era colarse en el debate presidencial. Y lograron un murmullo suficiente como para que fuese un tema relevante durante las campañas presidenciales del año.

En particular, Bachelet prometió levantar un consejo asesor para estudiar cómo modificar el sistema de pensiones, promoviendo la idea de una AFP estatal que incentivara la competitividad del sector, proyecto que presentaría los primeros cien días de gobierno.

Foto: Daniel Labbé

En mayo del año siguiente la Coordinadora No+AFP realizó  su primer Congreso Nacional en la ciudad de Valdivia, con importante participación del sector público, como la Anef, la Confederación Nacional de Salud Municipal (Confusam), la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss); así como el Movimiento Ciudadano por una Previsión Justa y Digna de Rancagua, y el Movimiento de Concepción y Talcahuano, que agrupa a diversos sindicatos de la región.

Entre las organizaciones participantes se cuenta también a la Unión Portuaria,la organización de Astilleros y Maestranzas de la Armada (Asmar), la Confederación Bancaria, CUT de Valdivia y un número importante de sindicatos de diversas áreas de la economía, de Valdivia, Temuco, Osorno, Coyhaique, Antofagasta, Valparaíso y Arica.

Los dos años siguientes se fundan alrededor de 30 nuevas coordinaciones locales. En abril de 2016, la Coordinadora realiza su segundo Congreso Nacional, al que concurren más de 300 delegados de todo el país, “consolidando así una organización de hecho cuyo norte es la lucha por un Sistema de Seguridad Social para los trabajadores y trabajadoras del país”, indica Mesina. El rasgo distintivo de este año, además de la masividad, fue la ampliación hacia trabajadores y trabajadoras del retail, tales como Wallmart, Paris o Falabella.

El murmullo se vuelve sujeto y entra a la cancha

Una vez electa, la Presidenta Bachelet firma el decreto que crea una comisión asesora sobre el sistema de pensiones. En la ocasión, abril de 2014, pronunció un discurso en el que señalaba que “estamos cumpliendo una promesa de campaña, la medida 17 dentro de los primeros 100 días de Gobierno”.

Y justificaba la iniciativa sobre la idea de que “en los años 80 se instauró en Chile un sistema de pensiones basado en la capitalización individual, con administradores privados y un Estado en un rol exclusivamente regulador. Hoy, a más de 30 años de ese momento, es un deber revisar si este sistema ha cumplido o no la promesa con la que se puso fin al régimen público de reparto”, declaró.

David Bravo

La comisión, que contó con una composición de carácter eminentemente técnico, fue presidida por David Bravo, quien anteriormente participó de la comisión que asesoró la anterior reforma, cuando se estableció la focalizada política de subsidio solidario.

El informe se entregó con un atraso de 11 meses y, en el intertanto, la prensa adelantaba los contenidos del documento en función de filtrar las discusiones internas de la comisión, que daban cuenta de un empate entre mantener el sistema o reformar su competitividad, excluyendo la opción de una reforma que transitara hacia un sistema de reparto. Ésta última, consigna el informe, fue considerada en tanto se proponía “dar respuesta a las opiniones expresadas durante el proceso de participación ciudadana, de reformar el sistema hacia uno de reparto puro”.

La propuesta concluyó en fortalecer el subsidio, ampliar la edad de jubilación y aumentar la competencia, en específico. El informe señalaba que bajo su proyección “un 50% de los pensionados entre los años 2025 y 2035 obtendrían tasas de reemplazo igual o inferior al 15% del ingreso promedio de los últimos años”. En ese sentido, la Fundación Sol señaló, por su parte, que “si no se hacen cambios estructurales, el 99% tendrá una pensión menor al Salario Mínimo el año 2034”.

En el mundo social, los ecos de la respuesta resuenan hasta el día de hoy. «La Presidenta ha propuesto una AFP estatal, (pero) eso es un engaño, una mentira. Con una AFP estatal no se resuelve el problema de las pensiones, que se resuelve solamente cuando usted tiene un sistema de reparto solidario y de administración pública», señaló Esteban Maturana, presidente de la Confusam y miembro de No+AFP.

Las declaraciones de Maturana transcurrieron alrededor de la primera convocatoria de marcha encabezada por No+AFP. Dos meses antes, Claudia Sanhueza (Revolución Democrática), entonces miembro de la llamada Comisión Bravo, defendía la idea de aumentar la competitividad del sistema. Declaró que la “AFP Estatal es paso necesario para reformar sistema de pensiones», pero agregando que si el 70% de quienes dicen que se cambiarían a ella lo llegaran a hacer realmente, «tenemos otro escenario”.

A comienzo de agosto de 2016, el vocero de No+AFP, Luis Mesina, enfatizaba que “una AFP estatal será un Banco Estado más, que no fomenta, no crea, no presta a tasas preferenciales a los trabajadores, no cumple ninguna función de las que debiera cumplir un banco público. Una AFP estatal sería un actor más dentro de este mercado del lucro con nuestro fondos. La instalación de una AFP estatal demostrará el total desprecio del Ejecutivo por el clamor popular. Las únicas dos funciones que podría cumplir una AFP estatal y, de ahí que hayan surgido defensores acérrimos, es, en primer lugar, otorgarle oxígeno a un sistema que no sirve para dar pensiones, y por otro, mantener el clientelismo, ofreciendo jugosos puestos a políticos fracasados en directorios cuoteados”.

A fin del mismo mes, una carta enviada por la Coordinadora a la Presidenta, concluía “No+AFP, ni privada ni estatal”.

Foto: Daniel Labbé

La propuesta de No+AFP

La propuesta de la Coordinadora No+AFP sostiene, entre otros puntos, que para asegurar que no se repitan los abusos de las Administradoras y para que a futuro los gobiernos dispongan de los fondos previsionales solo para garantizar pensiones y no otros distintos, debe «existir una institucionalidad autónoma, similar al Banco Central, para la gestión del fondo colectivo».

Junto con ello se sostiene que la Coordinadora no es contraria al ahorro, sino que «solo deseamos que sea eficiente y terminen los abusos y el uso de nuestro ahorro forzoso para inversiones en empresas que dañan el medio ambiente, tienen prácticas anti sindicales, carecen de negociación colectiva, o se coluden en los mercados donde operan».

Otro punto relevante es que se busca propiciar «un Sistema Público que se construya sobre las siguientes bases: Aportes tripartitos para el financiamiento de un Sistema de Reparto y uso de las contribuciones para el pago de pensiones y sobre esta base constituir un ‘Fondo de Reserva Previsional Colectivo’, cuyo objetivo permita enfrentar las contingencias derivadas del mismo».

Por último, la Coordinadora plantea que «de persistir la imposibilidad de conciliar intereses tan disímiles al interior de nuestra sociedad sobre esta importante materia», solicitan que «se convoque a un plebiscito vinculante que sustente su última decisión y sea los trabajadores, propietarios de esos recursos, quienes decidan sobre su futuro».

A la calle

Ascendentemente, desde 2015 comenzó a brotar un nuevo tipo de escándalo. Indesmentibles hechos de corrupción en los que el gran empresariado construyó un muy naturalizado dominio sobre diversos agentes de la política, produjeron un alza de malestar e indignación. Éste fenómeno se vio cruzado por el conocimiento público de la envidiable jubilación que, a los 58 años, obtenía la ex directora de Gendarmería y ex esposa del entonces timonel socialista, Osvaldo Andrade, Myriam Olate.

Foto: Daniel Labbé

La convocatoria a la primera marcha No+AFP, señalan en la Coordinadora, no fue un frío plan. Más bien se convocó sola. No+AFP, entonces, se convirtió en un actor que debía responder y actuar. Ya había irrumpido en la cancha.

El 10 de agosto se realiza un cacerolazo para convocar a una gran marcha familiar. En aquella instancia, Mesina -como vocero de No+AFP- apuntó que «la voluntad de la ciudadanía, la voluntad del pueblo, termina barriendo con la intransigencia de quienes se oponen a la petición y este clamor que hacemos con mucha humildad, pero con mucha fuerza también».

A modo de manifiesto, agregó que «somos los que hoy juramentamos no descansar hasta lograr que nuestros ahorros previsionales dejen de estar al servicio de los grupos económicos y que de una vez por todas se pongan al servicio de quienes son sus verdaderos propietarios: los trabajadores y las trabajadoras». Y concluyó: «llamamos a prepararnos para múltiples actividades y acciones de aquí al 4 de noviembre, fecha en la que deberemos hacer sentir toda la fuerza de nuestro Movimiento. Si no se nos quiere escuchar, entonces la paralización de todo el territorio nacional será inevitable».

En octubre y noviembre, en contexto de movilizaciones, Mesina agregó dos iniciativas: que los usuarios se trasladen al Fondo E, es decir, aquel que no tiene “permiso” para especular. Luego, a abandonar las AFP Cuprum y Provida.

Ofensiva No+AFP: El boicot para la quiebra y el llamado de los empresarios al salvataje del Estado

A la fecha, 1,3 millones de personas se ha trasladado al Fondo E, mientras que se cuentan alrededor de 200 mil que se han cambiado desde las AFP Cuprum y Provida. Mesina explica que se trata de la posibilidad de que «la gente tome en sus manos la tarea de poner fin a este sistema”.

La apuesta, en este sentido, es “hacer quebrar el sistema”, pues, indican, si estas dos AFPs dejasen de ser viables financieramente, es el propio sistema el que se vería obligado a ser reformulado.

A comienzo de marzo de este año, el gerente general de Provida, Ricardo Rodríguez, abundaba en explicaciones en entrevista con El Mercurio, intentando mostrar seguridad, ponía datos sobre la mesa por los cuales su AFP quería decir que no estaba preocupada.

En particular, Provida habría perdido alrededor de 105 mil afiliados según los datos de la Superintendencia de Pensiones. A pesar de apuntar que sus inversiones son tan seguras para los afiliados que “prácticamente son un bono del Estado de Chile”, se exponían en la entrevista alrededor de seis medidas para bajar los costos y mejorar los servicios a los afiliados.

Sin embargo, su énfasis principal es: el Estado puede subsidiar más. Apoyan la idea de “llegar a un gran acuerdo nacional. Esto implica un consenso en términos de qué porcentajes del gasto público uno lo va a destinar a las pensiones y básicamente a las pensiones solidarias. Chile es uno de los países que está en condiciones de solucionar su problema previsional de manera razonable, porque viene de una asignación en su presupuesto baja en relación al resto de los países. Y en vez de tener una deuda implícita de 2 o 3 veces el PIB, como los principales países europeos, tiene un ahorro de los afiliados a la AFP y a las compañías de seguro, de casi una vez el PIB”, declaró en la entrevista.

Se trata de defender la idea de nuevos subsidios para proyectar el mismo sistema andando. Nada muy distinto de lo defendido hasta ahora.

Mesina responde a estas afirmaciones: “lo que hacen es demostrar que el sistema está a punto de colapsar. Porque lo vamos a hacer colapsar, los trabajadores”. Y, agrega: “si quiebran Cuprum y Provida, es el sistema mismo el que se viene abajo”.

Foto: Daniel Labbé

El sistema ha mostrado tendencia a la concentración y a bajar la calidad de vida de las personas. Si eran 20 cuando empezaron, hoy son 6. Si eran capitales chilenos los que levantaban las instancias, hoy lo son principalmente capitales transnacionales  financiando los principales grupos económicos chilenos, tales como Luksic, Matte, Paulmann y Angelini.

La Coordinadora No+AFP asegura que el rumbo se cambia sin agregar nuevos dineros, sino gastando más inteligentemente lo que hay. “Si Bachelet termina mañana con el sistema de AFPs, desde el lunes puede aplicar nuestra propuesta. Solo hay que reorganizar los dineros. A la larga, el gasto fiscal bajaría y mejorarían las pensiones, subiéndolas, por lo menos, al salario mínimo”, apunta Luis Mesina.