Hidroaysén, ciudadanía y futuro energético

La irregular aprobación ambiental de Hidroaysén generó en Chile una masiva rebeldía y  una demanda ciudadana políticamente transversal de participar e incidir en la  conducción del desarrollo energético. ¿Por qué?

Porque Hidroaysén colmó la paciencia de los chilenos frente a decisiones gubernamentales  funcionales al lucro y beneficio privado que se han reiterado en los últimos gobiernos y continuado en el presente. En este caso, privilegiando el duopolio  Endesa y Colbún (grupo Matte)- a costa del bien común- en este caso la Patagonia y un desarrollo energético justo, seguro  y sustentable para Chile y los chilenos. Por ello, el rechazo a Hidroaysén  constituye un profundo cuestionamiento a la ética política, y un grito por  democracia.

Nunca antes en Chile hubo una discusión nacional amplia sobre el desarrollo energético, siempre manejado entre cuatro paredes y sistemáticamente presentado a la ciudadanía  como un ámbito complejo y técnico, sólo de especialistas. Pero la falta de transparencia respecto de la composición de la matriz energética, los costos reales de las distintas opciones de generación; las distorsiones en la política  de neutralidad tecnológica y del mercado eléctrico; el monopolio y la  exclusión  al interior de este sector económico y los perjuicios al bien común, hoy salen a la luz pública y se convierten en el centro del debate sobre democracia y gobernabilidad.

En este contexto, recoger el cuestionamiento ciudadano a la “no política” energética y a la cooptada conducción del desarrollo energético nacional;  reunir el  conocimiento técnico  disponible en  la sociedad y la academia para  ponderar la distorsión que perpetúan las consultoras  empresariales; elaborar y discutir propuestas de política pública que apunten a mejorar la actual matriz energética, es una  tarea insoslayable para  la ciudadanía organizada en pos del interés publico y para los parlamentarios.

Esta necesidad es la que genera la conformación de la Comisión Ciudadana-Técnica-Parlamentaria para discutir con visión de futuro  y de bien común,  los desafíos energéticos del país y  generar, de  forma independiente y participativa, una propuesta de política y matriz energética para Chile en la que se abra la puerta en forma significativa  a las energías renovables y limpias, la eficiencia energética; se reduzcan las distorsiones del actual mercado eléctrico, y se ponga a las personas , las comunidades y las regiones por sobre la codicia de unos pocos.

¿Por qué una comisión ciudadana?

Porque lo que vemos de parte del Gobierno no es satisfactorio. No solo el Presidente Piñera ha incumplido sus compromisos de campaña en su programa de gobierno y sus  anuncios del 21 de mayo de 2010, tales como incorporar 20% de nuevas energías renovables  al año 2020. Sino también  ha  iniciado el “desmontaje institucional” del Ministerio de Energía: redujo a una decena de técnicos la Agencia de Eficiencia Energética y le quitó dos tercios de su presupuesto;  descabezó y está asfixiando  el Centro de Energías Renovables; tiene congelados todos los fondos de promoción. Y como broche de oro,  volvió a refundir los ministerios de  Energía y Minería,  subyugando el primero al segundo; lo cual muestra al país que el desarrollo energético  no es un tema-país, sino la provisión  de un insumo focalizado a las demandas del  sector minero. Así, se conciben juntos y se resuelven juntos.

La reciente firma, en solo un año de gobierno, de tres acuerdos nucleares (Argentina, Francia y Estados Unidos), la aprobación de mega proyectos destructivos y  contaminantes como Castilla, Pacífico, Patache e Hidroaysén son  claras evidencias al respecto.  Por ello, la creación de  una Comisión Asesora para el Desarrollo Eléctrico y del ministro Golborne, orientada a  abordar  la situación actual, las  necesidades energéticas de largo plazo, los recursos y tecnologías disponibles, sus costos, los niveles de competencia y la reacción de la sociedad frente a las distintas opciones,  no representa ninguna garantía de pluralismo, ni de interés publico para orientar un desarrollo energético que responda a la necesidad y  beneficio de todos los chilenos.

Así las cosas, la Comisión ciudadana-técnica-parlamentaria tiene como objetivo interpelar el continuismo de la lógica de la «no política energética” vigente,  dominada por los  grandes conglomerados energéticos que controlan el sector en Chile, y que esclaviza bajo sus intereses las decisiones políticas y técnicas sobre el futuro energético del país. En septiembre la comisión  asesora del ministro Golborne deberá entregar una propuesta al presidente Piñera y al país. En la misma fecha, la Comisión Ciudadana técnica–parlamentaria  hará lo mismo.  Entonces, los chilenos podrán  comparar, evaluar  y decidir democráticamente cuál es la propuesta energética que los representa, y que responde  al beneficio del desarrollo del país, sus regiones y sus comunas hoy y en el futuro.

Por Sara Larraín
Chile Sustentable