Del papel confort a los pañales, la doble colusión de los Matte

El grupo Matte, uno de los más grandes del país, volvió a ser noticia al darse a conocer su colusión en el mercado de los pañales desechables. En ella también se autodenunció, al igual como lo hizo con el papel tissue, para liberarse de sanciones monetarias. La Fiscalía Económica llevó adelante la denuncia de colusión sin mencionar la de los pañales. Igualmente la Superintendencia de Valores y Seguros conoció de los antecedentes, pero tampoco los dio a conocer, a pesar que títulos de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) se comercializan diariamente en el mercado. En las dos colusiones, la CMPC las efectuó con diferentes socios extranjeros, haciendo más difícil aún creer que sus controladores, el grupo Matte, no conociese de estas prácticas, que por lo demás se han reproducido en otros países de la región entre diferentes actores. Se trata de artículos de consumo masivo, teniendo por tanto una amplia repercusión en los hogares. Por tanto, los “mecanismos fraudulentos de hacer fortuna” que detallamos en nuestro último libro, continúan entregando nuevos ejemplos, como también acontece entre los vínculos desarrollados de poderosos intereses económicos con partidos políticos y estructuras de poder. Los hechos confirman que la elevada concentración existente en numerosos mercados facilitan estas prácticas. De igual manera muestra que limitar estos hechos a solo si existe una denuncia explícita de la Fiscalía Nacional Económica puede terminar favoreciendo a los coludidos –como ocurrió en este caso- a que no se inicie la acción penal.

Al finalizar el año 2016 se conoció que el reconocimiento de participar en actos de colusión de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) no se refería exclusivamente al papel tissue sino también a los pañales. En el papel confort se coludieron con la empresa sueca SCA, en los pañales lo hicieron con la norteamericana Kimberly-Clark. La denuncia de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) la efectuó exclusivamente por el papel tissue. Recién al hacerse público el conocimiento de la colusión en los pañales, la FNE indirectamente reconoció este hecho agregando inicialmente que la investigación no estaba cerrada. “La Fiscalía Nacional Económica declara -expresó en un comunicado- que, conforme a la normativa vigente, no se refiere a investigaciones en curso” (21/12/16).

Sin embargo, poco después procedió a archivar la investigación dando como razón que los hechos estaban ya prescritos, aunque constató la existencia de reuniones y contactos con el fin “de propiciar alzas de precios y, principalmente, de coordinar posicionamiento de precios entre sus productos” (31/12/16). El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, afirmó que va a “requerir al Fiscal Nacional Económico (…) dar a conocer todos los antecedentes relativos a la investigación (…). La ciudadanía y las instituciones de la República –agregó- merecen conocer todos los aspectos de la investigación que derivaron en el cierre de la causa” (31/12/16). Ciertamente no solo se requiere conocer “los aspectos” que condujeron al “cierre de la causa”, sino todos los antecedentes de cómo ella se desarrolló, su impacto en el mercado, los efectos negativos en la población y los “argumentos” dados por los Matte y la transnacional para explicarlo. Más aún cuando en su comunicado anunciando que archivaba los antecedentes constató: “Los antecedentes de la investigación dan cuenta de posibles infracciones a la libre competencia (…)”. Con el agravante que la investigación de los pañales fue iniciada siete meses después que la CMPC había entregado su delación compensada.

De otra parte, la propia decisión de cerrar la investigación aduciendo que se encontraba ya prevista ha sido criticada. “Las razones por las cuales se cierra –declaró María Elina Cruz, exdirectora del Centro de Libre Competencia de la Universidad Católica- (…) es altamente dudosa. La verdad –añadió- es que la prescripción de una colusión no se inicia, según las palabras de la ley, mientras se mantengan en el mercado los efectos que son imputables a la colusión (…). La verdad es que el que está llamado a decidir esto es el Tribuna de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) y no la fiscalía” (31/12/16). Desde un punto de vista general es una determinación favorable para los entes coludidos, por un fiscal nacional que defendió apasionadamente en el Congreso, imponiendo su punto de vista, la exclusividad para el Fiscal Nacional de ejercer la acción penal.

Al darse a conocer la autodenuncia de la empresa del grupo Matte se eliminó las referencias a la segunda colusión efectuada entre ejecutivos propios y los del consorcio estadounidense entre 2002 y 2009, con la participación del que fuese en esos años gerente general de CMPC Tissue, Eduardo Serrano, y el gerente general de Kimberly-Clark Chile, Gonzalo Eguiguren, los cuales sostenían reuniones en hoteles de Santiago para concordar precios. Según esa denuncia los vínculos cesaron cuando Eguiguren dejó la gerencia general de Kimberly-Clark, asumiendo luego el cargo de director en 2012 y en junio de 2014 la presidencia de LarraínVial Asset Management. En esta administradora general de fondos comparten la propiedad el consorcio financiero LarraínVial y el banco Consorcio, controlado por los grupos Hurtado Vicuña y Fernández León. Al ingresar a LarraínVial, Eguiguren efectuó un reconocimiento de sí mismo, no haciendo referencia a su papel como gestor en la colusión de los pañales. “La conformación de este marco directivo permitirá a la compañía –afirmó- mantener una sólida estructura de gobierno corporativo, de acuerdo a las mejores prácticas internacionales (…)” (21/12/16). Conocida su participación en la colusión, de acuerdo a la autodelación de la CMPC, el directorio de LarrainVial Asset Management le solicitó que dejase la presidencia del fondo, expresándole su “solidaridad en las circunstancias que enfrenta, derivada de los hechos a los que se ha vinculado” (27/12/16).

La Fiscalía conocía sobre el negocio de los pañales las declaraciones que efectuó el expresidente del directorio de Pisa, Gabriel Ruiz Tagle, actor protagónico de la colusión en el papel tissue. En octubre de 2015, catorce meses antes de que se archivase la denuncia sobre los pañales, había detallado la imposibilidad de Pisa a ingresar en este mercado. Cuando empezamos a fabricar pañales, afirmó en su comparescencia, “nos empezaron a vender los pañales a bajo costo y nos sacaron a palos de ahí“. Consultado por la fiscalía sobre quién actuó de esa manera, contestó: “Quien cree. Ah la CMPC (…) que me dejaba la marca parada, porque Procter y Kimberly estaban en el segmento alto de los productos, de otra calidad, entonces ahí (…) nos mataron. De hecho a nivel de costos, nosotros terminamos vendiendo las máquinas a Sudáfrica, a un tercio del precio” (31/12/16). De ser así, los Matte no solo se coludían sino buscaban liquidar a competidores menores para garantizar su mayor posicionamiento en el mercado.

La información fue entregada además como un hecho reservado a la Superintendencia de Valores y Seguros, la cual puede dar a conocer los antecedentes cuando considere necesario que el mercado los conozca. ¿Ello no fue así en ningún momento, incluso cuando CMPC colocó bonos? Es más que discutible. En el lapso de la denuncia, constató Rafael Cox, fiscal de CMPC, los Matte siempre fueron “el tercer actor del mercado”. En 2002-2009 fue permanentemente presidente del directorio de CMPC Tissue uno de los controladores del grupo empresarial, Eliodoro Matte Larraín. En 2010 fue reemplazado en esa función. También fue en esos años miembro del directorio su hermano Bernardo Matte Larraín y el sobrino de ambos Bernardo Larraín Matte, hijo de Patricia Matte Larraín, la tercera integrante del triunvirato controlador de la “papelera”[1]. ¿Nunca tuvieron conocimiento de nada irregular? Igualmente poco creíble.

Durante el debate en el Congreso de la ley que endureció las penas por los actos de colusión uno de los puntos en el cual se produjo divergencias es si la denuncia de ello debía ser efectuada o no exclusivamente por la FNE, lo cual permitía de no ser así que los casos fuesen investigados a iniciativa del Ministerio Público. “Esto nos da la razón –manifestó el fiscal nacional, Jorge Abbott- cuando sostuvimos que este tipo de investigación deberían estar radicadas en un sector del Ministerio Público y no en un ente administrativo como la Fiscalía Nacional Económica. (…) si hay hechos que forman parte de una conducta que tenga un reproche –añadió- me parece adecuada que la comunidad debiera haber tenido conocimiento de estos hechos, aún si aquellos se encontraban prescritos” (21/12/16). Días después, tras participar en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, Abbott reiteró que constituye “un error” delegar exclusivamente en la FNE la persecución penal de los actos colusivos. No existe “razón” –enfatizó- para que un grupo social tenga un tratamiento distinto al resto de los ciudadanos, particularmente en delitos de tanta gravedad como la colusión, como tampoco que estas investigaciones queden a la voluntad de un órgano administrativo” (28/12/16).

La FNE deberá explicar por qué no incluyó este otro acto de colusión en su denuncia. El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, junto con destacar la magnitud alcanzada por los casos de colusión, se declaró sorprendido por la revelación. Ello permite mostrar más completamente mecanismos utilizados por grandes intereses económicos para aumentar su fortuna. “Es frustrante comprobar –declaró el ministro- que los casos de colusión han sido más amplios, más sistemáticos, más extendidos de lo que había conocido (…) no teníamos antecedentes sobre este caso” (21/12/16). Resulta muy difícil explicarse este desconocimiento, dado el fuerte impacto que produjo la colusión del grupo Matte y el no pequeño número de actores que tuvieron conocimiento del documento de la CMPC acogiéndose al mecanismo de delación compensada. El TDLC y la FNE iniciaron investigaciones internas para ver si se cumplió estrictamente con los protocolos de un documento reservado en su funcionamiento.

Según cifras de 2015, la industria de los pañales desechables es un negocio del orden de los US$245 millones anuales, creciendo en un 6% con relación al año 2010. En enero-octubre de 2016, de acuerdo a cifras de Nielsen, la mayor participación de mercado la anotó Procter & Gamble, cuyo principal producto es Pampers, con un 36,1%, desplazando de esa posición a Kimberly-Clark que la tuvo en 2015, con un 35,7%, muy por debajo del total de 38,6% de un año antes, que comercializa la marca Huggies. CMPC, con Babysec, registró un 25,6%.La concentración es muy alta, los tres consorcios dominantes produjeron en los diez primeros meses de 2016 un 97,4% del total. La producción de CMPC es un 100% nacional, la de P&G un 95% y la de Kimberly Clark de 65%.

Kimberly-Clark no solo se coludió en Chile, sino también lo hizo en Colombia, con la sueca SCA. La sanción monetaria no se aplicó a su filial en Colombia, Kimberly Colpapel, al ser el primer delator fue exonerado de multa. En cambio, Productos Familia, controlada por SCA, vio rebajarla a un 50% al ser el segundo delator. Fue en este país latinoamericano donde “prendimos las alertas- manifestó su superintendente de Industria y Comercio, Pablo Robledo – para que otras autoridades en América Latina iniciaran investigaciones”. Constituyó –agregó- “una conducta concentrada y coordinada para fijar artificialmente el precio de los pañales desechables para bebé en el mercado colombiano. Un cartel empresarial en un producto como los pañales termina afectando a más de dos millones de hogares” (22/12/16).

Esta elevada concentración existente a nivel regional facilita la colusión. En cuatro países, según antecedentes para 2015 de la consultora Euromonitor, tres consorcios tenían más de un 90% del mercado de los pañales. En Argentina, Chile y Perú ellas son CMPC, Kimberly-Clark y Procter & Gamble, que en el país trasandino controlan el 98,5% del mercado, en Chile un 95,2% y en Perú el 95,4%. En Colombia, las tres empresas dominantes son Kimberly-Clark, Mabe y Lambi. En papel higiénico, siempre utilizando la misma fuente y datos del año 2015, la mayor concentración se produce en Chile y los tres actores son CMPC, Kimberly-Clark y SCA Chile, que acumulan el 91,1%.

Kimberly- Clark ingresó a Chile en la década de los noventa, lo hizo en alianza con la angloholandesa Unilever. Llegó importando sus productos para ser distribuidos por esta última transnacional. En el 2000 adquirió la planta en Uruguay de Productos Mimo S.A., sociedad creada a mediados de los noventa por Nicolás Ibañez y Gonzalo Eguiguren produciendo pañales y toallas femeninas y asociándose en Chile, para luego adquirir el 100% de ella.

El Concejo municipal de Puente Alto, en su última sesión ordinaria de 2016, facultó al alcalde, Germán Codina, para que “inicie ante los organismos pertinentes el proceso de expropiación de los terrenos de propiedad de la empresa Compañía de Papeles y Cartones (CMPC) en compensación a la comunidad local por los perjuicios sufridos debido a los hechos de colusión en que ella se ha visto involucrada, para que este entregue en dominio los terrenos necesarios para concretar conforme al Plan Regulador Comunal la conectividad de calle Nonato Coo”. Germán Codina, explicó la decisión, además de la necesidad de alcanzar la conectividad “al centro de la comuna”, a lo que se suman, añadió, “los abusos de la CMPC y ante lo escandalosa impunidad de los casos de colusión del papel higiénico y pañales, nos lleva a requerir a la empresa su arrepentimiento y compensación a la comunidad de Puente Alto (…)” (30/12/16). Al día siguiente, Codina constató que, “sin duda, el caldo de cultivo de la decisión municipal han sido las situaciones de colusión (…) cuando sucede lo de la colusión, no se puede seguir confiando” (en la CMPC) (31/12/16).

El 28 de octubre de 2015, cuando se hizo pública la colusión del papel tissue, los títulos accionarios de CMPC estaban en $1.877 cada uno. Nunca ha vuelto a ese nivel. Al conocerse la nueva colusión cortó el proceso de recuperación que estaba viviendo, anotando ese día una disminución de 27,4% con el momento de su reducción en 2015. Frente al conocimiento de la nueva colusión, el gerente general de la CMPC, Hernán Rodríguez, se vio obligado a dar una explicación a los trabajadores de la empresa. Se limitó a expresar que “para nosotros, no se trata de información nueva. En marzo de 2015 –recalcó-, apenas tuvimos conocimiento de los actos ejecutados en Chile contrarios a la libre competencia, informamos inmediatamente a las autoridades y entregamos todos los antecedentes recibidos en el proceso interno de investigación». (22/12/16). En otras palabras, la responsabilidad en la demora de entregar estos hechos a la opinión pública y a los trabajadores la CMPC buscó dejar en claro que no es suya y que el conocimiento de la nueva colusión no modifica su situación. Sin embargo el directorio de CMPC, efectuó una sesión de carácter extraordinario para tratar el tema. Desde luego, sus integrantes conocían de este hecho no revelado a la opinión pública.

A su turno, la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) en reunión de comité ejecutivo consideró, según expresó su presidente, Alberto Salas, que el hecho más “grave es la filtración. (…) afecta –sostuvo- a un sistema de libre competencia que es la autodenuncia” (28/12/16). En verdad, la colusión es un hecho repetitivo fruto de la concentración en los mercados, que niega la libre competencia. Igualmente la CMPC, como era de suponer, condenó la decisión del consejo municipal de Puente Alto aduciendo que “los terrenos son de legítima propiedad de la empresa” (30/12/16).

Por lo demás, la colusión no se expresó solo en pañales. La delación de la CMPC habla que los acuerdos “se habrían alcanzado principalmente en relación a pañales de bebé, pero habrían involucrado también a otros productos del negocio sanitario” (25/12/16). En su memoria de 2015, la empresa de los Matte consignó que, además, produce toallas húmedas, pañales de adulto y toallas femeninas. A la fecha, ninguna empresa participante en colusiones ha sido eliminada de los registros de compras y contrataciones públicas. La legislación vigente, con una disposición muy débil, establece que esta medida se adoptará si son sancionados los proveedores por infracciones a la libre competencia en más de dos oportunidades, dentro de un lapso de dos años. En los hechos se les permite seguir haciendo negocios en el sector público, no sancionándolas por los actos colusivos, incluso como en el caso de la CMPC cuando ellos son reiterados.

[1] Véase, Los Mecanismos fraudulentos de hacer fortuna. Mapa de la extrema riqueza 2015 Lom, 2016, págs. 119-147.