La carta bajo la manga: la ruta del golpe contra Venezuela

Este nuevo instante en el asedio al país desde el frente externo abre paso a situaciones, condicionantes y actores que necesariamente debemos observar, entendiendo que el desgaste y desmembramiento de las fuerzas antichavistas internas en Venezuela las inhabilitan para consagrar golpes definitivos que den una vuelta de hoja a la política venezolana.

La OEA y su Secretario General

Distanciándose de su rol de burócrata mediador, previsto así en el propio reglamento de la OEA, Luis Almagro intenta la aplicación de la Carta Democrática Interamericana y la expulsión (temporal) de Venezuela del organismo. Para esto, debe cumplir con dos momentos fundamentales.

El primero, basándose en un informe levantado por ONGs financiadas por grandes bancos y petroleras con intereses en Venezuela y también por la única fuente política que usan en Venezuela, la oposición venezolana, Almagro convoca, de acuerdo al Artículo 20 de la Carta Democrática, «examinar la situación» venezolana en sesión ordinaria. Lo que se estudiará es si en Venezuela existe o no una ruptura del orden democrático y constitucional. Para que los países decidan afirmativamente que dicha ruptura existe y puedan pasar a «adoptar las decisiones que estimen conveniente», tendría que darse el voto afirmativo de al menos una mayoría simple de los países miembros, es decir, 18 Estados. Con estos votos sólo se aprobaría dar la lectura del informe (como sucedió en junio del año pasado) o dar inicio al examen de la Carta Democrática, que no es lo mismo que ejecutar el «ultimátim» de Luis Almagro.

Pero la presion de fondo está dirigida a aprobar el «ultimátum» señalado en el informe Almagro para que en 30 días el Gobierno venezolano convoque a elecciones generales, libere a los mal llamados «presos políticos», se validen las leyes de la Asamblea Nacional que han sido anuladas por su desacato ante el TSJ y se elija un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) y un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), desconociendo a totalidad la institucionalidad venezolana.

El segundo momento: el «ultimátum» debería ser acatado por el Gobierno de Venezuela y en caso de que éste no acceda al tutelaje, la Asamblea de países en la OEA debe someter a votación la aplicación de la Carta Democrática, para lo que necesitan 24 votos (dos tercios) en la organización. Si esa determinación es votada favorablemente, entonces la Asamblea General de la OEA podría pasar inmediatamente a decidir si suspende a Venezuela de la OEA. Esta última determinación también requiere el voto afirmativo de al menos 24 países. En ese caso, la suspensión entraría en vigor de inmediato.

Sobre la correlación de fuerzas en la región

A partir de movidas políticas en la región, cada vez más favorables a la hegemonía estadounidense como es el caso de Argentina y a partir del golpe en Brasil, las correlaciones han variado en los últimos dos años. El gobierno socialdemócrata de Chile (llamado socialista) vira cada vez más a la derecha abiertamente declarada y en Perú las petroleras colocaron a uno de sus cuadros más eexperimentados. Y he ahí la alta posibilidad de que en la Asamblea General de la OEA se consigan 18 votos adversos contra Venezuela. No obstante, parte de la discusión yace en las cualidades del informe Almagro y su «ultimátum» u órdenes expresas para el Gobierno de Venezuela.

Sobre estas órdenes, que claramente violentan la autodeterminación de los Estados y las instituciones nacionales, son espurias y los países que integran la Asamblea General de la OEA lo saben. Entienden que se trata de una extralimitación del ente y particularmente de su secretario general. La OEA puede, según su reglamento, «sugerir» y «recomendar» acciones a los gobiernos para el restablecimiento del orden democrático e institucional, pero no puede ordenar «en un plazo de 30 días» decisiones que sólo competen a los Estados y sus instituciones. Esto reviste un serio problema. Algunos países no querrían avalar un precedente de este tipo.

La aplicación de la Carta Democrática Interamericana demanda al menos 24 votos de la Asamblea, que integra a 35 países. Contando con Venezuela, son 18 países los que integran el bloque Alba-Petrocaribe y que históricamente han votado favorablemente a Venezuela en estas instancias. Esto infiere que habría una resistencia matemática por parte de un grupo importante de naciones de este bloque que no serán susceptibles a presiones que en estos momentos reciben desde los EEUU.

Además de esto, países que han asumido posturas abiertamente contrarias o ambiguas hacia Venezuela como Perú o Uruguay, consideran que la Carta Democrática es una opción desproporcionada. Por ejemplo, el gobierno uruguayo ya ha manifestado que por «ahora no se han verificado los supuestos necesarios para aplicar la Carta Democrática». Por otro lado, el gobierno del Perú -muy crítico de lo que sucede en Venezuela- ha calificado la propuesta de Almagro de suspender a Venezuela como «extrema» y su canciller ha adelantado que muy probablemente no se conseguirían los 24 votos necesarios.

Otros países como Colombia continúan en una apuesta por el diálogo entre los factores políticos de Venezuela. Países como Chile sugieren prudencia. Costa Rica, aunque por medio de su canciller, declara que en Venezuela deberían llamar a elecciones en 30 días, se opone a la suspensión de Venezuela del organismo.

En el frente externo

En la OEA los operadores que responden a EEUU por supuesto saben sumar y tienen claras las correlaciones actuales en la región. Aunque les son más favorables que hace unos pocos años, aún están por debajo de lo que esperan. El mecanismo de «ultimátum» de Almagro es un despropósito que aunque extralimita las funciones específicas de la OEA, intentarían implementarlo como una vía alterna entre las declaraciones y resoluciones hasta ahora logradas en la OEA (que favorecen al Gobierno venezolano) y la Carta Democrática, que es matemáticamente inviable por los momentos.

En esencia, la eventual aprobación del informe Almagro y su «ultimátum» constituiría un golpe político contra el Estado venezolano, su gobierno y la decisión de su población. El objetivo es la consagración de una matriz de país «forajido», entendiendo que Venezuela no se someterá ni se subordinará a la orden de violentar su institucionalidad emanada de la OEA y que ha sido fraguada entre claras asociaciones políticas entre Luis Almagro y el lobby de cancilleres de derecha en la región, con actores del antichavismo venezolano. En esas instancias, la discusión será si Venezuela cumple o no con la «receta Almagro» de democracia, cuestión que será el tema más agenciado desde el extranjero como partel teatro de operaciones de la deslegitimación articulada contra el chavismo.

En el frente interno venezolano

En Venezuela el asunto se traslada a la asociación de la Carta Democrática a la «receta Almagro». Un manejo tendencioso que trata de colocar al mismo nivel dos cosas distintas. Julio Borges, desde el parlamento venezolano en desacato, lideró la insólita moción de apoyo de la Asamblea Nacional venezolana a una aplicación de la Carta Democrática contra su propio país. En sus declaraciones afirmó: «La Carta Democrática no es otra cosa que llamar a elecciones para que todo el pueblo pueda responder, pueda decidir y pueda participar en cómo salir del caos».

Según su criterio, Venezuela debe subordinarse a los dictámenes de la OEA, aunque en la Constitución venezolana aparezca explícitamente como principio señalado que el país no debe someterse a ningún tratado, acuerdo o dictamen que vulnere la autodeterminación, la soberanía y la institucionalidad nacional. La autodeterminación de las decisiones de los poderes venezolanos no está sujeta a entredicho por entes multilaterales en el extranjero, menos todavía si son aplicados por mecanismos espurios o inexistentes en esos mismos entes, como es el «ultimátum» Almagro.

La declaración cipaya de Borges de que «la Carta Democrática está por encima de cualquier ley venezolana» no es un adefesio producto del desconocimiento del político de Primero Justicia de la Constitución venezolana. Es una declaración artera para asociar el informe Almagro a una orden expedita emanada de la Carta Democrática aún sin que esta sea aplicada por falta de votos y que, según Borges, el Gobierno venezolano debería «obedecer». Una fragmentada y caotizada MUD busca en actores externos el pivote para el golpe de Estado que a lo interno les falta, ante sus recurrentes promesas de «golpe final» incumplidas y que le restaron credibilidad en sus propios seguidores: revocatorio, abandono del cargo, etc. La MUD delega la operatividad del golpe en el extranjero y en un operador financiado por grandes corporaciones con interes en Venezuela, una cobertura para proteger y legitimar a lo interno sus maniobras de choque institucional y desestabilización del orden político interno.

Ese estado de caos y confrontación política interna y externa, impregnada de amenazas, ultimátum y presiones de todo tipo con el objetivo de afectar (aún más) la vida cotidiana el país, es donde plantea llegar esta ruta del golpe contra Venezuela, al tutelaje del país desde el extranjero como la única salida a una coyuntura de violencia política, diplomática y financiera que ellos mismos estimulan. Una intervención por delegación que los colocaría a ellos (si el plan avanza según sus cálculos) como los (únicos) mediadores entre los recursos energéticos de Venezuela y las corporaciones que han financiado esta agenda y a sus operadores. La emergencia de un paraestado similar en forma y operatividad a los de Libia y Siria, convirtiéndose en los negociadores del país y los gestores del tutelaje, tanto del promovido chantaje «canal humanitario»,como de inversiones extranjeras e inserción de lo capitales corporativos. De este plan a su consagración hay un largo y espinoso camino.

¿Aplicación de la «receta Almagro» como vía alternativa a la Carta?

Como ya dijimos, si las matemáticas preliminares no permiten que sea viable la Carta Democrática, la Asamblea General de la OEA podría aplicar por mayoría simple una vía alterna, inexistente dentro de la organización y que sería una aplicación de facto de la Carta, esta sería el informe de Almagro y su ultimátum. En el caso de ese escenario, habría que esperar el manejo de la opinión pública dentro y fuera de Venezuela con base a la tergiversación.

Las «órdenes» del informe Almagro, en caso de ser aplicadas (para dar el primer paso se necesitarían 24 votos en la OEA), serían colocadas en la escena nacional e internacional como una aplicación de la Carta Democrática. El relato de «la dictadura» en Venezuela yace en la satanización de todo el orden institucional venezolano y la declaración de Venezuela como una nación forajida al ordenamiento jurídico regional y el sistema interamericano de naciones, que debe ser disciplinada mediante un tutelaje desde la OEA y Estados Unidos con apoyo local del antichavismo.

Las «órdenes expresas» de la OEA constituyen un acto de injerencia e intervención política en los asuntos venezolanos. Al transitar estos terrenos paralegales, la OEA vulneraría sus propios reglamentos para aplicar mecanismos de presión al Gobierno venezolano, sin necesitar los dos tercios para aplicar la Carta Democrática. El no cumplimiento de Venezuela de estos dictámenes podría devenir en una aplicación de mecanismos coercitivos y a la acción discrecional de países (como EEUU) para interpretar a sus anchas mecanismos sancionatorios contra Venezuela.

Una vez que Venezuela pudiera ser declarada como un país «no democrático», se le despojaría de ese aval político que la inscribe en el sistema interamericano y se abre la puerta a que cualquier país actúe discrecionalmente en materias que crean pertinente para «presionar» al Gobierno venezolano en favor de la «reinstauración democrática». ¿Bloqueo comercial unilateral? ¿Cese de acuerdos y tratados? ¿Acciones coercitivas en lo económico? ¿Sanciones políticas y diplomáticas? ¿Embargo de activos venezolanos en el extranjero? ¿Intervención militar? Todas estas posibilidades se abren en el marco de esta agenda, que serían apoyadas por el antichavismo en contra de toda Venezuela.

Con el historial intervencionista de la OEA como ejemplo, el abanico de posibilidades es grande, no hay nada que descartar.

Misión Verdad