“No comparto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”

Una de las principales reivindicaciones de los chilenos en tiempos de dictadura, era recuperar la libertad de expresión y el derecho a la información.

La frase tiene un sentido profundo cuando se produce un quiebre tan brutal, como ocurrió con la destrucción de la democracia en nuestro país en septiembre de 1973. Quizás para las nuevas generaciones que no vivieron la experiencia, lo que decimos, no les hace mucho sentido, ya que hoy gozamos de ciertas garantías.

Pero si examinamos la realidad vemos que las limitaciones son muy fuertes.

Veamos qué dice el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos de Naciones Unidas: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Es sabido que los medios de expresión escrita están controlados por dos grandes grupos que pertenecen al mismo sector socioeconómico.

En el caso de la radiodifusión, si bien el pluralismo y la diversidad se manifiestan con más amplitud, existe la concentración monopólica, dado que un solo dueño extranjero, controla 11 radios metropolitanas (con redes nacionales) que practica una competencia desleal, en desmedro de las emisoras nacionales. Dado que la publicidad es la única forma de financiamiento de la radio, el grupo transnacional vende publicidad en una emisora y está en condiciones de “regalar” frases en dos o tres estaciones más del conglomerado. Además, no existe la reciprocidad que exige la legislación. Es decir, ningún radiodifusor chileno, tiene derecho para comprar una radio en Madrid.

La clase política está en deuda con los chilenos en esta materia y que debe ser saldada si es que queremos más democracia en los medios.

En cuanto a la televisión, la situación es vergonzosa, toda vez que en Estados Unidos y Europa ya se produjo el “apagón” de la televisión analógica y solamente impera la Televisión Digital Terrestre (TVDT).

La tecnología está disponible hace rato en el mercado, pero los intereses de los canales tradicionales han primado sobre los derechos de la ciudadanía.

El proyecto de ley que se tramita en el Congreso Nacional, de llegar a aprobarse, vulneraría gravemente los derechos de los chilenos.

Para muestra, un botón:

-El artículo 31A autorizará a los actuales operadores a cobrar por el 50% de su capacidad de transmisión. Este artículo contradice el uso consagrado para las bandas del UHF y del VHF del espectro radioeléctrico, que están pensadas para el desarrollo de señales abiertas de televisión. Para señales de pago existen los canales de cable y de satélite. No me parece admisible que además de comprar un nuevo aparato de televisión para poder acceder a esta tecnología, más encima tengamos que pagar por la oferta televisiva de TV abierta.

Los artículos II y III transitorio, permiten que algunos de los actuales operadores NO TENGAN QUE CONCURSAR para obtener una concesión digital. Sin embargo, este derecho no se hace extensivo a los canales regionales, locales ni comunitarios actualmente emitiendo y que son más de 100 en el país. Estos artículos transitorios atentan gravemente contra el derecho de igualdad ante la ley, en la medida que el proyecto da mayores facilidades a los operadores más fuertes y pone más barreras de entrada a los más débiles, acentuando así la desigualdad dentro del sistema televisivo.

De esta manera, el proyecto en discusión daña directamente al usuaria/o al cobrar por algo que hasta ahora ha sido gratis y, como ciudadano, veo con espanto que se otorguen beneficios a un grupo pequeño de personas, beneficios que no tendremos todos los chilenos.

Los políticos están en deuda con la ciudadanía, pues se supone que su aspiración de llegar al poder persigue fines nobles dentro de la democracia. Y no hay democracia plena, sin respeto a los derechos humanos y respetar los Derechos Humanos implica garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información.

Pero hay más. El artículo 27 de la carta de los DDHH dice:

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

A la hora de legislar los parlamentarios deberían tener en cuenta a los ciudadanos que los eligieron más allá de los intereses de grupo. El respeto a la diversidad y la garantía de pluralismo medial es la base de una democracia fuerte y sana.

El Ciudadano, que recoge mis palabras, es un medio escrito que se inscribe dentro del esfuerzo que hacen muchos chilenos por crear espacios de libertad.

Los legisladores tienen la palabra y deberían reflexionar en torno a una frase que se le atribuye al Voltaire, pensador francés:

“No comparto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”.

Por Sergio Campos

El Ciudadano Nª100, segunda quincena abril 2011